El ejército ucraniano se pronunció ayer tras dos meses de silencio sobre la grave crisis y pidió al presidente del país, Viktor Yanukovich, que tomara medidas urgentes para evitar que se ponga en peligro la integridad territorial del Estado. Por su parte, Yanukovich promulgó ayer la revocación de las leyes represivas que causaron los disturbios en Kiev la semana pasada y también la amnistía condicionada para los detenidos durante las protestas de los últimos dos meses.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa calificó de “inadmisible” la toma de edificios gubernamentales por parte de la oposición y “los impedimentos puestos a los representantes de los órganos de poder estatal y local para cumplir sus obligaciones”. Los militares subrayaron que “la escalada de la confrontación amenaza la integridad territorial del Estado”. Y mientras la oposición no reaccionó a la preocupación de los militares, el presidente ucraniano promulgó la revocación de las leyes que causaron los disturbios en Kiev la pasada semana y también la amnistía condicionada para los detenidos durante las protestas.

Poco antes de esa decisión, el líder del principal partido de la oposición ucraniana (Batkivshina), Arseni Yatseniuk, pidió a Yanukovich que revoque las leyes represivas como señal de que las autoridades tienen la firme determinación de hallar la forma para salir de la crisis que vive el país. “La gente no cree en la disposición del poder a una solución pacífica al conflicto en Ucrania”, dijo Yatseniuk a los medios locales. La amnistía, que podría dejar en libertad a la mayoría de los detenidos desde el 21 de noviembre, cuando estallaron las multitudinarias protestas en toda Ucrania, entrará en vigor sólo cuando los activistas opositores desalojen todos los edificios administrativos que han tomado desde entonces y también todas las calles, con la excepción de la Plaza de la Independencia.

Esta plaza, corazón del Euromaidan –como se conoce el movimiento de protesta contra Yanukovich y el lugar físico en el que cientos de personas viven desde hace dos meses en una ciudadela de tiendas de campaña–, es la única vía pública de Kiev que los opositores pueden seguir ocupando para que entre en vigor la amnistía. Los radicales de la organización Sector Derecho tampoco están dispuestos a dejar las barricadas de la calle Grushevski, muy cerca de la sede del gobierno, que se convirtió en el epicentro de los violentos disturbios de la semana pasada. El Ministerio del Interior ucraniano ya adelantó que los detenidos durante los violentos enfrentamientos entre opositores y antidisturbios en las inmediaciones de la calle Grushevski “no son manifestantes pacíficos sino sospechosos de haber cometido delitos graves”.

Por otro lado, el líder opositor Vitali Klitshko denunció ayer que las torturas a las que fue sometido el activista Dmitro Bulotov, que estuvo secuestrado varios días, son un intento de intimidar a los ciudadanos que no están de acuerdo con las autoridades del país. El activista, cuyo secuestro fue denunciado el pasado día 22, apareció anoche en las afueras de la capital ucraniana con numerosos navajazos en el rostro y en el cuerpo, y con parte de una oreja cortada. “Incluso intentaron crucificarme, pero gracias a Dios estoy vivo”, dijo el activista.