EL MUNDO › A PARTIR DEL INFORME, BRUSELAS SUGIERE ALGUNOS CAMBIOS NECESARIOS EN LA LEGISLACIóN ITALIANA
A la Unión Europea le preocupa la “escasa integridad” moral de los titulares de cargos electivos y de gobierno, y sobre todo las relaciones existentes entre políticos, criminalidad organizada y empresarios.
› Por Elena Llorente
Desde Roma
Italia no es el país más corrupto de Europa. Y ésta es ya una buena noticia. Pero la corrupción de todas maneras impera en el país, sobre todo a nivel político y empresarial, y preocupa seriamente a la Unión Europea (UE), que en su primer informe oficial sobre este tema le ha dado a Italia un buen tirón de orejas. Para empezar se dice que la corrupción en Europa cuesta a los Estados unos 120.000 millones de euros al año. Se sabía que a Italia la corrupción le cuesta anualmente unos 60.000 millones de euros, lo que equivale casi al 4 por ciento del Producto Bruto Interno, según un organismo oficial del Estado italiano que controla las cuentas del país, la Corte dei Conti. Y esto podría llevar a la deducción de que no es el país más corrupto (en los primeros lugares de la lista aparecen, según Transparency International, una organización internacional contra la corrupción, Croacia, República Checa, Lituania, Bulgaria, Rumania y Grecia), pero que la corrupción en la península cuesta mucho más cara que en otros países de la UE, ya que representa la mitad del total europeo.
Cecilia Malmstrom, de la Comisión de Asuntos Internos de la UE, que presentó el informe en Bruselas el lunes, salió sin embargo a explicar después que ambas cifras no eran comparables porque habían sido configuradas con parámetros diferentes. De todas maneras, según el documento europeo y por el contrario de lo que muchos habrían imaginado, la corrupción es un mal difundido en los 28 países miembros de la UE.
Las cifras y las apreciaciones del documento desencadenaron todo tipo de reacciones en Italia porque, entre muchas cosas, sugiere algunos cambios necesarios en la legislación local, como varias leyes “a medida” que Silvio Berlusconi se hizo aprobar durante sus gobiernos.
En sus 16 páginas, el texto indica que en Italia no hay una reglamentación para las lobbies, que hay demasiadas leyes creadas a medida (aunque nunca nombra específicamente a Berlusconi), que la corrupción está difundida tanto a nivel público como privado y que los esfuerzos hechos hasta ahora para combatirla son insuficientes. Entre otras cosas, continúa el texto, es necesario cambiar los tiempos de la prescripción procesual, porque los juicios decaen demasiado rápidamente –teniendo presente la lentitud de la Justicia italiana–, permitiendo a los acusados evitar toda condena. Aunque no lo mencionó, uno de los ejemplos más significativos es también en este caso el ex primer ministro Berlusconi. Pero también recuerda que en Italia se ha despenalizado el hecho de incluir datos falsos en los balances de las empresas y que no hay penas para el autorreciclado de dinero (es decir cuando alguien recicla el dinero que obtuvo por una coima), el voto a cambio de favores y el legítimo impedimento, que le permitió a Berlusconi, por ejemplo, evitar audiencias de sus procesos y así prolongarlos hasta que cayeron en prescripción.
A la UE le preocupa la “escasa integridad” moral de los titulares de cargos electivos y de gobierno y sobre todo las relaciones existentes entre políticos, criminalidad organizada y empresarios. En la obra pública en Italia se calcula que la corrupción alcanza el 40 por ciento del valor de esas obras. Y se citan algunos ejemplos, como el costo de las vías del tren de alta velocidad a lo largo del país. El tramo Roma-Nápoles ha costado 74 millones de euros el kilómetro y el de Bolonia a Florencia 96,4 millones de euros el kilómetro, mientras similares vías que van de París a Lyon, en Francia, han costado 10,2 millones por kilómetro, y la que va de Madrid a Sevilla, en España, 9,8 millones. Por eso la comisión recomienda “hacer más transparentes las licitaciones públicas, antes y después de la adjudicación”. “La corrupción destruye la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en el estado de derecho, daña la economía y priva a los Estados de ingresos fiscales necesarios”, concluyó el informe.
Las reacciones ante la tremenda descripción del país hecha por la comisión no se hicieron esperar. Pese a que el presidente de la República, Giorgio Napolitano, acusó a la prensa de exagerar sólo las cosas malas, el gobernador del Banco Central Italiano dijo que la “ilegalidad en sus variadas formas condiciona pesadamente el crecimiento económico e impide el correcto uso de los fondos públicos destinados al desarrollo, creando además distorsiones en el mercado”.
El viceprimer ministro Angelino Alfano indicó que, sobre el tema del autorreciclado, se están elaborando algunas normas que se darán a conocer próximamente. Pero la Asociación Nacional de Magistrados pidió por su parte al gobierno que intervenga a la brevedad sobre la cuestión de los falsos balances de las empresas y sobre la prescripción, mientras para el ex juez de la más famosa campaña judicial anticorrupción que tuvo Italia conocida como Manos Limpias, Antonio Di Pietro, lo dicho sobre la corrupción en la UE no es más que la “confirmación de muchos temores”.
Pero los berlusconianos, repetida y tácitamente aludidos en el informe, reaccionaron furiosos, acusando a la Comisión Europea de falsedades. “A fuerza de gritar y gritar que somos un país de ladrones y corruptos, ha terminado creyéndolo también la Unión Europa” que ha incluido una serie de mentiras y elucubraciones en su informe que no tienen fundamento, dijo Renato Brunetta, fiel seguidor de Il Cavaliere.
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