La cúpula militar, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y el fiscal general Eduardo Montealegre asistieron ayer a una audiencia pública en el Congreso colombiano, para responder sobre las presuntas operaciones de espionaje del Ejército en los diálogos de paz que se realizan en La Habana. La audiencia, convocada por la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado, se produjo tras las revelaciones de la revista Semana el pasado 3 de febrero, sobre las intercepciones ilícitas a miembros de la delegación gubernamental en las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC. El presidente Juan Manuel Santos pidió a la cúpula militar que inicie una minuciosa investigación, al tiempo que expresó la necesidad de no poner en duda la labor de este servicio. “Se trata de un mecanismo que ha permitido al país ser contundente en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”, sostuvo.

Los parlamentarios elaboraron un cuestionario de 62 preguntas entre las que se destacan en su mayoría inquietudes sobre el paradero de equipos y funcionarios del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y si los diálogos de La Habana son un objetivo de la inteligencia militar. Preguntaron, asimismo, si es cierto que los negociadores de las FARC fueron interceptados a través de teléfonos o escuchas y si esa información está en manos del gobierno.

Los legisladores indagaron sobre el criterio utilizado para seleccionar al personal de inteligencia y bajo qué tipo de vínculo laboral estaban los hackers reclutados por el Ejército. La comisión también exigió claridad sobre qué otras actividades se estaban desarrollando en la sala de supuesto espionaje cibernético a la que servía de fachada un restaurante en el céntrico barrio Galerías, en Bogotá, donde presuntos miembros de la inteligencia militar realizaban el espionaje ilícito, según Semana.

A partir de las respuestas a los interrogantes formulados, los parlamentarios evaluarán desde el Congreso si es necesario iniciar otra reforma a la inteligencia o corregir las leyes que existen actualmente. El senador colombiano Juan Lozano señaló que, en su momento, advirtieron al gobierno de Santos sobre las consecuencias de la desordenada disolución en 2011 del DAS, involucrado en acciones de espionaje y hostigamiento por infiltración de las bandas paramilitares, y los riesgos que esto representaba.

El caso de las escuchas ilegales no es nuevo en Colombia. La administración del ex mandatario Alvaro Uribe fue sacudida por el escándalo del seguimiento a periodistas, políticos, magistrados de las cortes y personalidades públicas que se oponían a su gestión, conocido como las “chuzadas” (escuchas) del DAS. Las FARC atribuyeron el domingo al “estado de necrosis” de las instituciones colombianas el episodio de las supuestas escuchas ilegales del Ejército, para el que pidió una solución urgente.

Según Semana, la operación del Ejército tenía como nombre clave Andrómeda y se dedicaba a recolectar información de correos electrónicos, conversaciones y sms de los negociadores del gobierno, los cuales eran citados bajo seudónimos, así como de las ONG presentes en los diálogos y de integrantes de la oposición como Piedad Córdoba e Iván Cepeda. Al frente de la operación estaba el jefe de Inteligencia del Ejército, el general Mauricio Zúñiga, quien ya fue destituido. Las escuchas se llevaron a cabo desde una oficina operativa desde agosto de 2012, y que funcionó hasta octubre de 2013 cuando se dieron órdenes de borrar los rastros de la información recolectada.