El gobierno colombiano decidió ayer dar mayor poder al ejército en el marco de unas medidas excepcionales que se aplicarán a seis departamentos (un total de 19 municipios) que constituyen un nuevo “teatro de operaciones”. En la práctica quiere decir que las autoridades civiles estarán subordinadas a los controles militares en todo a lo que se refiera a garantizar el orden público, en momentos en que la escalada de las FARC no da respiro. Las dificultades militares saltan a la vista: la población de San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá –antiguo epicentro de los diálogos de paz de la zona de despeje– ayer quedó aislada del resto del país por vía terrestre luego de que los rebeldes dinamitaran un puente; y la ciudad de Arauca y otros 21 municipios se quedaron sin electricidad tras la destrucción de torres de energía, como parte de una seguidilla de ataques de la guerrilla contra la infraestructura del país. En tanto el presidente norteamericano, George W. Bush reafirmó que su país se abstendrá de dar apoyo militar a Colombia, pese a la constante insistencia de Bogotá.
La decisión del Ejecutivo colombiano de ayer creó un comando especial de estrategia y acción militar para contrarrestar la ofensiva de la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en una amplia zona extendida a seis de los 32 departamentos del país. Las medidas que adopten los militares contra la violencia en esa región del centro y sur de Colombia –el nuevo “teatro de operaciones”–, no podrán ser desautorizadas por los alcaldes de los municipios donde rijan. El comando estará dirigido por el general Gabriel Eduardo Contreras y podrá actuar en municipios de los departamentos del Meta, Tolima, Cundinamarca, Huila, Caquetá y Guaviare. “Las autoridades civiles seguirán sus funciones normales, pero en materia de orden público éstas serán ejecutadas directamente por el comandante del teatro de operaciones”, declaró el ministro de Defensa, Gustavo Bell. Además Bell señaló que si hubiera discrepancias entre las autoridades civiles y militares, prevalecerían las últimas. Entre las medidas figura la posibilidad de que el ejército levante censos en esos 19 municipios para poder controlar la entrada y salida de los habitantes de la zona. Bell se apresuró a aclarar que no se busca restringir las libertades individuales. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Estrada Villa, llamó a los colombianos a “recurrir a la resistencia civil” para hacer frente a los violentos y contener las acciones terroristas. También se habló del pago de recompensas. Desde el crucial día 20 de febrero, cuando Pastrana dio fin al proceso de paz con la principal guerrilla colombiana –por el secuestro del senador Jorge Eduardo Gechem– al tiempo que el ejército recuperaba el antiguo enclave desmilitarizado, las FARC recrudecieron sus ataques contra la fuerza pública en distintas regiones y destrucción de infraestructura. En este contexto las FARC secuestraron el fin de semana a la candidata presidencial independiente Ingrid Betancourt, de quien se pide junto a otros cinco políticos un canje por prisioneros rebeldes, con un plazo que ya corre según anticipó la guerrilla.
Sobran muestras de la arremetida rebelde: San Vicente del Caguán, principal municipio del anulado enclave, ayer fue el más damnificado al quedar completamente aislado por vía terrestre del resto del país tras la dinamitación de un puente; también quedaron aislados los otros 15 municipios del departamento del Caquetá (sur), que tampoco podían comunicarse porque volaron una torre de telecomunicaciones. En Florencia, capital de Caquetá. el propio alcalde, Alvaro Pacheco dijo que su municipio se encuentra al borde de “una explosión peligrosa”, debido al desabestecimiento de luz, agua y teléfono que viven sus pobladores además del aislamiento por tierra; lo que obligó al gobierno a establecer un puente aéreo para llevar allí combustibles y víveres. No hubo mejor suerte para la ciudad de Arauca, la principal del centro oeste de Colombia y otros 21 municipios que se quedaron a oscuras tras la destrucción de varias torres de energía y una estación. Además de la militarización de la zona de despeje, esto es, que pasa a ser escenario de los “teatros de operaciones” el gobierno colombiano ha manifestado con ahínco que Estados Unidos brinde apoyo militar directo en la lucha antiterrorista. Sin embargo, el presidente norteamericano George. W. Bush ya declaró y volvió ayer a poner el mismo énfasis en que su soporte se restringe a los márgenes que la ley que prescribe el apoyo en la lucha antinarcóticos del Plan Colombia.