Por Miguel Angel Bastenier*
Desde Bogotá

Alvaro Uribe, que el pasado jueves cumplió su primer año de mandato, goza de un alto índice de apoyo popular –un 70 por ciento–. El país se siente más seguro: se dice que la guerrilla recula, los paramilitares juran que quieren rendir las armas; pero la situación económica, la pobreza, el paro y el presupuesto agujereado de déficit social ponen plazo a esa nueva euforia. Lo que se espera del presidente de la mirada mística, eternamente perdida en un punto invisible del espacio, es que, como santa Teresa, haga levitar Colombia. Despegar no es suficiente.
El 24 de noviembre pasado, el gobierno del disidente liberal Alvaro Uribe anunciaba que había establecido contactos con las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitares hoy convertidos en bandidos por cuenta propia y asesinos de fulminante hoja de servicios; el 29 los paras decretaban un alto el fuego, y el 22 de diciembre se creaba una comisión exploratoria de la paz que dirige Luis Carlos Restrepo. El 15 de julio se producía el acuerdo de Santa Fe de Ralito, por el que los 10.000 o 12.000 hombres que encabezan Carlos Castaño y Salvatore Mancuso anunciaban su propósito de negociar su desmovilización con el gobierno, lo que podría dar comienzo en unas semanas.
El hecho de que Washington persiga su extradición como autores de delitos atroces y narcotraficantes se especula vastamente con que ha impulsado a los jefes contraguerrilleros a acercarse a Uribe, el jefe de Estado de América latina mejor visto en la Casa Blanca, favorable a la intervención norteamericana en Irak, para pedirle, a cambio de la paz, que no les entregue a Estados Unidos. Parece difícil, sin embargo, que el presidente colombiano no prometiera nada a cambio del fin de esa violencia, que lo dejaría solo frente a la guerrilla, especialmente las FARC, que lidera Manuel Marulanda, igualmente intermediario de la amapola procesada. Pero Uribe, en su despacho austero de la Casa de Nariño, mira con fatigada compasión al periodista incrédulo.
Alvaro Uribe: Las conversaciones se han de llevar bajo una nota de confidencialidad, lo que significa mucho más prudencia que clandestinidad. Pero no ha habido promesas, no se les ha prometido salvarlos de la extradición. Contra un grupo violento, el Estado sólo puede negociar la paz o hacer la guerra.
El problema para Uribe es cómo se las ingenia ahora para dar algo a cambio de la desmovilización, tanto si la ha prometido como si no. Lo que se agita al fondo es la impunidad para los asesinos con que podría cerrarse el capítulo negociador.
A.U.: Eso es arqueología jurídica. Los paramilitares interfieren en la acción del Estado, y, por la descomposición a que condujeron a Colombia, no hay que distinguir entre motivaciones, entre delitos guerrilleros o paramilitares. No habrá impunidad para unos ni para otros. Por eso estamos preparando un proyecto de ley que resolverá el problema de su desmovilización y su reintegro a la sociedad constitucionalmente.
A partir de este momento, el recurso a la Carta parece el canturreo de un mantra.
A.U.: A mí no me gusta hacer novelas. Usted dice que los paramilitares –y la guerrilla– están comprando tierras preparándose para el futuro. Pero en Colombia no hacemos leyes personalizadas, sino normas generales que se apliquen a todos, AUC y guerrillas, porque tenemos ya este año 1800 desertores de los grupos violentos, de los que la gran mayoría son de las FARC. Yo no quiero hablar de Castaño ni de Mancuso. En lo que estamos pensando es en figuras jurídicas impersonales de justicia alternativa. Se está trabajando en un proyecto de ley respetuoso con la Constitución y los tratados internacionales que permita la excarcelación con penascompensatorias, Y en lo que respecta a posesión de tierras, este gobierno ha trabajado en un año más que todos los anteriores para actualizar y endurecer la ley de extinción de dominio, que impide que se disfrute una propiedad conseguida por medios ilícitos o con dineros procedentes del narcotráfico.
Pero no es fácil convencerse de que las AUC van a abandonar el lucrativo negocio del narco sin recibir tierras y extradición a cambio; y, en cualquier caso, más allá de lo que haga Castaño, hay 5000 o 6000 paras que no muestran interés en negociar, lo que ha llevado a algún analista a apuntar a una división del trabajo.
A.U.: Para que haya un acuerdo de paz, tiene que producirse un cese completo de hostilidades, lo que significa que los paramilitares han de dejar de cometer delitos y el narcotráfico, en todas sus formas, lo es de especial gravedad. Una de las cosas de este gobierno que no son negociables es acabar con el narco. Y no olvide que la Constitución colombiana excluye figuras como la amnistía o el indulto para los autores de delitos atroces, estén o no vinculados al narco. La excarcelación con medidas compensatorias, la justicia alternativa, que le decía, es un campo jurídico que no está actualizado, y donde hay modelos como el de Irlanda del Norte y lo que se ha hecho con el IRA.
Este presidente lo va a jugar todo a un referéndum que se celebrará el próximo 26 de octubre, sobre la Justicia, sobre los partidos, sobre un brutal ajuste del cinturón con la ampliación del impuesto de la renta a todos los que ganen más de 40 millones de pesos, en lugar de 60, al año (12.000 y 18.000 euros). Una consulta que, aunque la ganará de seguro el presidente en el puro juego del sí contra el no, puede perder, en realidad, si no alcanza los seis millones de votos, o un 25 por ciento del cuerpo electoral. Y, si pierde, los analistas coinciden en que su presidencia quedará entonces tanto como herida de muerte.
A.U.: Es un riesgo muy grande, Puedo perder el referéndum. Conseguir los seis millones de votos es muy difícil. Y más cuando es una consulta sin ninguna vena populista, es un referéndum de responsabilidad, una necesidad para el país. Aquí no hay con qué pagar a los pensionados más pobres, mientras mantenemos un régimen privilegiado de pensiones –a congresistas y altos cargos–. Yo le propuse al Congreso que congeláramos nuestros sueldos, el mío y de los diputados, por mis cuatro años de mandato, pero se negaron. Entonces no quedó más remedio que acudir al pueblo.
Las relaciones con Estados Unidos no dejan de presentar algunas incoherencias, como la aparente reticencia de Uribe por conceder el acuerdo bilateral que garantizaría la inmunidad a todos los ciudadanos norteamericanos por delitos cometidos en Colombia ante la Corte Penal Internacional (CPI).
A.U.: Primero, tenemos la voluntad de hacer, y segundo, hay tratados con EE.UU. que datan de los años sesenta que prestan esa inmunidad a quienes vengan en misión, pero no a los que viajen por su cuenta. Y ahí es donde se están buscando alternativas.
El Ejército, según estadísticas propias, obtiene éxitos en el campo de batalla, pero le falta la gran victoria en campo abierto, la prueba del nueve para la opinión de que es posible ganar la guerra.
A.U.: Desde que asumí a los 55.000 hombres de pie de fuerza que teníamos –tropas de combate–, hemos sumado 35.000 entre soldados campesinos, batallones de montaña y grupos especiales. Esos soldados campesinos no son auxiliares de segunda, sino fuerzas regulares que simplemente operan donde residen. Defienden sus hogares. Pero eso no basta. Yo le reconozco al Ejército el esfuerzo que ha hecho, pero hay que hacer más. Hay que estimular a las Fuerzas Armadas en público y apurarlas y ajustarlas en privado.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.