Página/12 En España

Desde Barcelona

Cuando en abril de 2005, Amnistía Internacional (AI) expresaba su satisfacción por la condena de la Audiencia Nacional de Madrid a 640 años de cárcel para el represor Adolfo Scilingo, seguramente no se imaginaba que, nueve años después, la misma legislación que propició esa sentencia estaría a punto de ser anulada por el propio gobierno español. AI declaró entonces: “La condena se basa en el principio de jurisdicción universal y contrarresta la impunidad de la que se beneficiaban muchas personas” y celebró que aquél era “un mensaje claro para advertir a los perpetradores de crímenes contra la humanidad que no tendrán refugio”.

Sí, efectivamente, Scilingo fue condenado primero a 640 años de prisión y luego, en 2007, a 1084 por una sentencia del Tribunal Supremo de España, que consideró los delitos de asesinato y detención ilegal cometidos por él en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) como “crímenes contra la humanidad”. La denominada justicia universal se aplicó entonces y, una vez dictada sentencia, no hay marcha atrás. Por eso, a su caso no le afecta la propuesta que hace diez días lanzó el partido de Mariano Rajoy para restringir su uso en España.

“El caso Scilingo es diferente del de los genocidios en Tibet, Ruanda o Guatemala que nuestro país está investigando. La restricción de la jurisdicción universal que quiere el Partido Popular (PP) determina el archivo de las causas abiertas en el momento en que entre en vigor la ley, pero no dice nada de las sentencias que ya están en firme. Revocar una sentencia penal sería absolutamente inconstitucional”, explica José Elías, abogado defensor del monje tibetano que promovió una querella contra China por las masacres perpetradas a su pueblo.

“Lo que sí provoca la propuesta de reforma es este tipo de incertidumbres”, advierte Elías. Al pretender limitar la aplicación de una norma, la justicia universal, que es referencia en Europa desde 1995 y gracias a la cual España era pionera en cuanto a protección de derechos humanos, las dudas se dispararon en todas direcciones. Pero lo cierto es que la iniciativa que el PP aprobó unilateralmente debido a su mayoría absoluta en el Congreso de Diputados restringe la ley que permitía investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional por ser considerados crímenes de lesa humanidad sólo a casos en los que las víctimas sean españolas y los acusados se encuentren en territorio español en el momento de ser juzgados, así como dictamina que se archiven las querellas abiertas en el presente.

Por suerte, el juicio al ex militar Adolfo Scilingo no se produjo con el gobierno de Rajoy. La condena por 30 asesinatos cometidos en dos vuelos de la muerte durante la dictadura argentina que, de acuerdo con el derecho internacional, se le aplicó en 2007 al represor, es irrevocable. El Supremo condenó también a Scilingo como autor de un delito de detención ilegal y como cómplice de otros 255 secuestros, tantos como se acreditó que se cometieron durante el tiempo que él estuvo en la ESMA.

En la práctica, la decisión de los jueces españoles significó un máximo de 25 años de prisión para el dictador y el hecho trascendental de establecer que los delitos cometidos por Scilingo constituían crímenes contra la humanidad, según el derecho internacional, lo que avaló que los tribunales españoles pudieran perseguir desde entonces este tipo de delitos.

“El caso Scilingo fue referencial ya desde 2005, cuando la Audiencia Nacional evocó el Código de Nüremberg para dictar sentencia. Fue una forma totalmente pionera de interpretar la ley”, asegura José Elías, el abogado defensor en la causa por el Tibet que puso en jaque al gobierno español frente a China. “Ahora, con la reforma del PP, nuestra legislación se remonta a la auténtica Edad Media y, encima, por motivos económicos, no jurídicos”, añade.

En su día, cuando la Justicia española era todavía modélica a nivel mundial, el Tribunal Supremo señaló que la característica más importante de los delitos contra la humanidad es su “perseguibilidad universal”, por lo que justificó la competencia de la Justicia ibérica para enjuiciar al ex militar, además de que en la ESMA, donde estuvo destinado Scilingo, hubo víctimas con nacionalidad española. Asimismo, alegó que los delitos causados durante la dictadura militar argentina no habían sido perseguidos en su país a causa de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Mientras que en aquel momento estas normativas impidieron que la causa avanzara en la Argentina, el juez Baltasar Garzón llevó adelante la investigación en España. El ex capitán de navío quedó detenido en 1997 tras facilitarle al juez datos sobre los represores y reconocer que participó en dos vuelos de la muerte. La fiscal Dolores Delgado, que acusó a Scilingo en la Audiencia Nacional, mostró entonces su satisfacción y precisó que era “una de las sentencias más avanzadas y progresistas del mundo al incorporar el derecho internacional al derecho interno”. Hoy, sin embargo, España se está convirtiendo, gracias a la sumisión del partido de Rajoy a las directrices económicas chinas, en un espacio de impunidad para cualquier atentado contra los derechos humanos.