El primer ministro de egipcio, Hazem al Beblawi, anunció ayer por sorpresa que abandonaba el cargo al frente del gobierno durante una rueda de prensa en la sede del Consejo de Ministros. Al Beblawi, nombrado en ese puesto por el ejército luego del derrocamiento del islamista Mohamed Mursi, no dio mayores detalles sobre los motivos de su alejamiento. Sólo argumentó que había terminado la primera etapa de la hoja de ruta trazada por los militares para el período de transición. En cambio, señaló que los miembros de su gabinete presentaron la renuncia al presidente interino, Adli Mansur, y que no iba divulgar los motivos de esta decisión.

El premier saliente reconoció algunos desequilibrios en su gobierno, pero consideró que durante su mandato se lograron buenos resultados y se trabajó con honestidad y efectividad. Beblawi destacó que sus ministros afrontaron su responsabilidad y dedicaron todos sus esfuerzos para sacar al país del estrecho túnel de los problemas de seguridad, políticos y económicos. Una fuente gubernamental señaló que Al Beblawi había dimitido tras las crecientes huelgas y la insatisfacción generalizada entre la población.

En las últimas semanas se produjeron paros en el sector textil, entre los policías, los empleados de correos y del transporte público, que protestaban por no haber sido incluidos en el salario mínimo aprobado recientemente. Sin demasiada información acerca de las verdaderas razones de la renuncia, la prensa especuló previamente con la posibilidad de que se produjera una reestructuración del gabinete que facilitara la salida del gobierno del ministro de Defensa y jefe del Ejército, Abdel Fattah al Sissi, y su presentación como candidato a las elecciones presidenciales de abril. Al Si-ssi, artífice del golpe que derrocó a Mursi, se mostró hace meses abierto a participar en las elecciones, aunque todavía no presentó de manera oficial su candidatura.

Ahora se espera con expectativa que llegue el nombramiento del nuevo ministro de Defensa. Si Al Sissi abandona el puesto, sería interpretado como una señal de que se estaría preparando para presentar su candidatura. Al parecer, se baraja que el sucesor de Beblawi sea el hasta ahora ministro interino de Vivienda, Ibrahim Mahlab, informó la prensa cairota. Ingeniero de profesión, Mahlab fue nombrado en 2010 miembro de la ahora suprimida segunda cámara del Parlamento por el entonces dictador Hosni Mubarak.

Por el momento, Mahlab no recibió el encargo de formar gobierno, según explicó él mismo a la web de Al Ahram. “Tras el término de la primera etapa de la hoja de ruta con la aprobación de la Constitución (en enero pasado), Egipto ha dado un gran paso en su camino a construir una sociedad abierta y democrática”, afirmó Beblawi. “La gran responsabilidad reside en el pueblo. El gobierno trabaja bajo la supervisión del pueblo”, agregó.

Con la caída de Mubarak en 2011, las primeras elecciones democráticas en Egipto llevaron a la presidencia al islamista Mohamed Mursi, a quien el ejército derrocó en 2013 tras manifestaciones masivas. Desde entonces está al frente del país un gobierno interino que, pese a los reclamos de liberar de su prisión a Mursi y restituirle la presidencia, decidió mantenerse y trazar una hoja de ruta hasta la celebración de nuevas elecciones.

Según la organización Human Rights Watch (HRW), las autoridades egipcias han demostrado una postura de cero tolerancia ante cualquier forma de disidencia y detuvieron a periodistas, activistas y académicos por expresar pacíficamente sus opiniones. La organización detalló, en un comunicado, casos de arrestos y los distintos procesos abiertos, entre ellos uno contra 20 periodistas vinculados con el canal qatarí Al Jazeera, por difundir noticias falsas sobre el país y colaborar con los Hermanos Musulmanes. “Los periodistas no deben arriesgarse a pasar años en una cárcel egipcia por hacer su trabajo”, señaló el director adjunto para Medio Oriente de HRW, Joe Stork. También lamentó que el “espacio para la disidencia se esté evaporando rápidamente”, como demuestran los procesos contra estos reporteros y contra activistas y académicos. En su comunicado, HRW recuerda que la nueva Constitución egipcia, aprobada en referéndum en enero, garantiza el derecho a la libertad de opinión y estipula que nadie debe ser encarcelado por sus publicaciones. El responsable del grupo para Medio Oriente destacó que aunque las ONG han pedido desde hace años al gobierno egipcio que modifique su código penal, ahora los fiscales tienen a su disposición un mayor arsenal de leyes represivas para criminalizar los derechos legítimos de expresión, reunión y asociación.