La situación de Chile representa una de las más interesantes paradojas de la actual coyuntura política latinoamericana; se entrecruzan dialécticamente, por un lado, el propio sistema democrático, donde una presidenta resultó electa por una amplia mayoría de votantes y, por el otro, el propio proceso de la Coalición gobernante, que a través de los años en el gobierno no introdujo cambios sustanciales en la estructura productiva, política y social del país.

Frente a una derecha que genéticamente no puede reinventarse y proponer otros desafíos, la ciudadanía le ha dado una nueva oportunidad a Michelle Bachelet; sin olvidar que los niveles de abstención a la hora de sufragar siguen teniendo valores importantes.

La presidenta, antes de ser electa, leyó políticamente ese escenario y convocó para su lista de diputados a jóvenes y representantes de las organizaciones estudiantiles y sociales que habían protagonizado los más fuertes enfrentamientos con el gobierno de Piñera. Hoy sus principales figuras integran el Parlamento. Es decir, ella sabe que el margen político con el que cuenta no es directamente proporcional al porcentaje de votos obtenidos, ni a la diferencia que logró con la oposición.

Tres son las reformas pendientes que hoy ocupan el centro de la escena: la educativa, la política y la tributaria.

Los proyectos presentados para la primera de ellas buscan crear, entre otras iniciativas, una nueva institucionalidad estatal, poner fin al lucro en la educación, estableciendo la gratuidad escolar.

Con décadas de estructuras funcionando acordes con el actual sistema educativo, los cambios propuestos no tienen sólo resistencia de los partidos opositores, sino también dentro de la misma alianza de gobierno y de algunos sectores de izquierda que pretenden ir más allá de lo que la propia correlación de fuerzas en la sociedad y el Parlamento permiten.

Los cambios a nivel tributario están planificados en etapas, planteando que los que más tienen paguen más y que en el caso particular de las grandes empresas la tasa de los impuestos que aportan se incremente del 20 al 25 por ciento en los próximos años.

El efecto que produzcan estas dos iniciativas pueden generar los consensos necesarios, para avanzar con la reforma política, en una nación que está atada a la Constitución que oportunamente reformara el dictador Augusto Pinochet en el año 1981.

En este marco de debate y proyectos de ley, no pueden soslayarse las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer, quien recurrió a las conocidas frases de que “el gobierno tiene que consultar a todas las partes” y pidió “reglas claras”; para advertir la preocupación del gobierno de Barack Obama por las consecuencias de estas reformas que pueden afectar las ganancias de las grandes corporaciones estadounidenses, Tratado de Libre Comercio, mediante.

Estamos, entonces, ante una oportunidad histórica para el socialismo chileno y sus aliados, de construir una sociedad más justa e igualitaria; fortaleciendo aún más sus lazos con el Mercosur y la Unasur. El desafío es parte indisoluble del nuevo escenario político en la patria de Salvador Allende.

* Presidente del Centro de Estudios del Sur.