El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) –formada hace dos años para estudiar las dos décadas de violencia política (19802000) que sufrió Perú– que ayer fue entregado al presidente Alejandro Toledo en una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno y a la que asistió el Ejecutivo en pleno, revela que el número de las víctimas durante ese período supera las 69 mil, es decir casi tres veces mayor que las 25 mil oficialmente reconocidas hasta el momento. Por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, el documento adjudica una “responsabilidad penal” al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien se encuentra refugiado en Japón, donde pretende evitar una extradición por crímenes de lesa humanidad, mientras en los casos de los ex mandatarios Fernando Belaúnde (1980-85) y Alan García (1985-90) se habla de “responsabilidad política”.
El informe de la CVR consta de nueve tomos, seis anexos y más de tres mil páginas. Contiene cerca de 17 mil testimonios de familiares de las víctimas, miembros de las fuerzas de seguridad, políticos y guerrilleros. Incluye una relación de militares y policiales que serían denunciados ante los tribunales por violaciones a los derechos humanos. Según este documento, la mayor cantidad de muertos producto de la violencia política fueron civiles, y entre ellos el sector más afectado fue el de los campesinos quechuhablantes de las zonas andinas, es decir el sector más pobre y marginado del país. A este grupo social pertenece el 75 por ciento del total de víctimas. Las fuerzas de seguridad sufrieron algo menos de 2500 bajas, de las casi 70 mil. El informe precisa que el grupo Sendero Luminoso es responsable del 54 por ciento del total de las muertes. La segunda agrupación guerrillera que actuó en esos años, el guevarista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), es sindicado como autor del 1,5 por ciento de los asesinatos cometidos. El resto de muertes fueron producto de las acciones de las fuerzas de seguridad, que son acusadas de haber “incurrido en una práctica sistemática” de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y violaciones sexuales.
En el documento se señala que la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos se cometieron entre 1984 y 1985, durante el gobierno del centroderechista Fernando Belaúnde. En esos dos años se registró el 28 por ciento del total de muertes. Se acusa al régimen belaundista de haberles dado carta blanca a los militares para actuar frente a la subversión armada y de haber tenido una “injustificada tolerancia” con las violaciones a los derechos humanos. Para la CVR esto implica una “grave responsabilidad política” pero no penal. Aunque en el caso del gobierno de Alan García, del socialdemócrata partido aprista, también se habla únicamente de “responsabilidad política”, se deja abierta la puerta para una eventual acusación penal contra el ex presidente y otros funcionarios de su régimen al señalarse que en el caso de la matanza de más de 300 reclusos senderistas en dos cárceles de Lima ocurridas en 1986 se deben determinar responsabilidades “en las instancias judiciales nacionales o internacionales”. El informe de la CVR, que también fue entregado al Congreso y al Poder Judicial en medio de manifestaciones a favor y en contra, inicia una etapa de revisión del pasado reciente de violencia política y es considerado un primer paso para terminar con una larga impunidad.