La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega (der.), reveló que ya fueron emitidas órdenes de citación para que la ex diputada María Corina Machado y otros opositores comparezcan ante el Ministerio Público para declarar sobre un supuesto plan magnicida contra el presidente Nicolás Maduro. “Ya fueron libradas las órdenes para hacer comparecer a un conjunto de ciudadanos, entre ellos, Pedro Burelli, María Corina Machado, Diego Arria, Ricardo Koesling, entre otras”, dijo Ortega durante una entrevista con el canal televisivo Venevisión. “Seguramente ya la habrán recibido”, agregó.

Machado, el ex embajador Arria, Burelli y el abogado Koesling “deben comparecer ante el Ministerio Público a partir del próximo lunes (...) para avanzar en esta investigación”, dijo la fiscal. El dirigente del Partido Socialista (PSUV), Jorge Rodríguez, denunció hace una semana “un complejo plan dirigido a acabar con la paz” que, según dijo, incluía un “magnicidio” y un “golpe militar” que ya fue abortado. Para apoyar esa denuncia, Rodríguez mostró varios correos atribuidos a Machado en los que se podían leer supuestos mensajes a diferentes actores de la oposición venezolana, entre ellos, Arria, Burelli y Koesling.

En los correos, además, se menciona al nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. En los mensajes atribuidos a la opositora, Machado supuestamente decía que había llegado la hora de acumular esfuerzos y obtener “el financiamiento para aniquilar a Maduro”. Machado aseguró que los correos se corresponden con sus cuentas pero son falsos, y que ella no quiere ni un magnicidio ni un golpe de Estado sino que Maduro renuncie.

Los fiscales “han detectado que pudiesen estar también comprometidas algunas personas, altos funcionarios de gobiernos extranjeros”, aseguró ayer Ortega. Por lo que la Fiscalía está evaluando la posibilidad de solicitar la figura de la rogatoria para “requerir a través de la figura de la asistencia mutua en materia penal, solicitar información a algunos países”, dijo. Machado fue despojada de su investidura como diputada después de que intentara participar en una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) como parte de la representación de Panamá para denunciar la violación de los derechos humanos que, según ella, se da en Venezuela.