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Desde Barcelona

El juez que desde hace tres años investiga a la hermana del rey Felipe VI no tiene ya ninguna duda: “Hay sobrados indicios de que doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50 por ciento del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizóon” asegura el auto que en la mañana de ayer hizo público el magistrado José Castro. Los 32 mil folios de la investigación judicial confirman la imputación de la infanta por delito fiscal y blanqueo de capitales y abre la vía para que la Duquesa de Palma pueda sentarse en el banquillo de los acusados.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma concluye en el auto que no solo deben continuar imputados Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina, sino también su socio, Diego Torres, y su esposa, Ana María Tejeiro, así como Jaime Matas, ex presidente de las islas Baleares y otros diez altos cargos de Madrid, Valencia y las islas. El cuñado del actual rey, Felipe VI, y su socio cobraron más de seis millones de euros a los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana por organizar eventos en los que apenas gastaron dos millones. Los contratos fueron recibidos a través del Instituto Nóos, que se presentaba bajo la apariencia de una entidad sin ánimo de lucro. Sin embargo, dicho instituto desviaba el dinero público conseguido por esta vía hacia empresas privadas, propiedad de Urdangarin y Torres. Una de esas empresas era Aizóon, cuyos dueños eran Cristina de Borbón y su esposo. De esto se desprende la acusación del juez de ser ambos artífices de un delito de blanqueo de capitales. El segundo cargo, fraude fiscal, se basa en que, según afirma el auto judicial, a través de esta empresa el matrimonio gastó dinero para cuestiones particulares que hacían pasar ante Hacienda como gastos de la actividad de la entidad mercantil.

“Los supuestos delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a Iñaki Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa, por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para el otro lado”, sentencia el juez José Castro. El magistrado considera que hay suficientes indicios de que Cristina de Borbón participó en las “actividades defraudatorias” cometidas a través de la sociedad Aizoon, participada al 50 por ciento con su marido, Iñaki Urdangarin. Según el auto dictado por el juez de Palma de Mallorca, la infanta “a través de su esposo” hizo facturar ingresos por actividades profesionales que nada tenían que ver con la sociedad, no solamente para “lucrarse” al pagar menos impuestos, sino también para “reducir aún más la cuota tributaria con deducción de gastos particulares que aparentaban como propios de la actividad de Aizoon”.

Pero la contundencia de José Castro tendrá que enfrentarse a la artillería igual de pesada de los aparatos legales que procuran garantizar en España la impunidad de las figuras reales, como la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado o la propia defensa del matrimonio, que presentarán sus recursos ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, entidad que, por su parte, ya decidió hace más de un año anular la imputación de la infanta y pedir al juez que profundizase en sus investigaciones. El magistrado de lo que se conoce como Caso Nóos dio un plazo de veinte días para que las acusaciones formulen sus escritos ante el juzgado solicitando la apertura de juicio oral o pidiendo el sobreseimiento.

El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, considera que la infanta Cristina “ha sido imputada por ser quien es” y que, si se hubiera tratado de otra persona, ni se la habría imputado “ni se habría hablado de ella”. Horrach recurrirá el auto del juez Castro, argumentando que no existen elementos incriminatorios contra ella, dado que, según el fiscal, el hecho de que Cristina de Borbón ni gestionó ni tuvo que ver con el día a día del Instituto Nóos “no es ni una creencia, ni una suposición, ni un parecer”.

La postura del fiscal es la misma que mantuvo la defensa de la infanta en un escrito de 30 páginas enviado al juez en diciembre del año pasado. Los abogados defensores de Cristina consideraban, poco antes de que, en enero de este año, Castro la imputara por blanqueo y delitos fiscales y la infanta tuviera que declarar en los juzgados de Palma, que esa circunstancia tenía lugar “solo por ser doña Cristina quien es y no por la existencia de indicios objetivos en su contra”.

En ese entonces, la infanta puso cara de pena frente al juez y defendió su absoluta ignorancia de las actividades ilícitas de Urdangarin, las cuales, además, juró creer que no eran tales, apelando a “la confianza, veneración y amor que profesaba a su marido”. En el auto publicado ayer, el magistrado de Palma de Mallorca hizo mención de aquellas declaraciones, destacando que la “actitud adoptada por la Infanta se aproximó en la práctica más al ejercicio del derecho a no prestar declaración que al de hacerlo”. Además, José Castro agregó que no “pueden pasarse por alto las reiteradas apelaciones al desconocimiento de la práctica totalidad de las preguntas que se le formularon” y que, respecto del argumento de Cristina de Borbón de que su ignorancia se basaba en “el amor a su marido”, señaló que es una cuestión que debe dilucidarse en el juicio.

El procesamiento de la infanta llega al Palacio de la Zarzuela apenas una semana después de la coronación como nuevo rey de Felipe VI. Esta vez, el portavoz de la Casa Real se mostró mucho más sobrio que cuando, en abril de 2013, Juan Carlos I expresó su profunda indignación ante la primera imputación de Cristina. La Zarzuela declaró, al conocer el auto publicado por el juez, mantener el “pleno respeto a la independencia del Poder Judicial”, continuando así con la imagen de seriedad que el nuevo monarca se propuso dar desde su asunción. El relevo en la corona convirtió a Cristina en un miembro más de la llamada familia real y ya no forma parte del núcleo duro, en el que ahora están Felipe, Letizia y sus hijas, Juan Carlos y Sofía. Este movimiento de piezas es una de las que se creen son las principales causas de la precipitada abdicación de Juan Carlos: había que limpiar de algún modo la reputación manchada por los delitos de corrupción de Cristina y su marido. De hecho, la Casa del Rey apartó a la infanta de los actos oficiales ya en diciembre del 2011 –momento en que se destapó el Caso Nóos– a la vez que manifestó que Urdangarin había tenido un comportamiento “poco ejemplar”.

Pero ahora no es en los palacios sino en los juzgados donde continúa la partida, que intentarán apurar para acabarla antes de la llegada de las vacaciones de verano. Si finalmente se celebra juicio, la pena que le tocaría cumplir a la hermana del rey es de entre cinco y seis años de cárcel por cada uno de los delitos probados.