Página/12 En Francia

Desde París

Por primera vez en la historia de la Quinta República, un ex presidente se encuentra en una dependencia policial especializada en delitos financieros y fiscales. Acechado por una media docena de casos judiciales que van desde el tráfico de influencias y favoritismo hasta irregularidades en la financiación de su campaña electoral, Nicolás Sarkozy (2007-2012) tuvo que presentarse en la Oficina central de lucha contra la corrupción y las infracciones financieras y fiscales (Oclciff), perteneciente a la policía judicial, para ser interrogado en un caso del que se desprenden otros más. Se trata, concretamente, de saber si Nicolás Sarkozy y su entorno forman parte de una red de informadores que dio información privilegiada al ex mandatario sobre el estado de sus voluminosos procesos en curso. En el marco de la misma investigación ya fueron detenidos e interrogados su abogado, Thierry Herzog, y dos magistrados del Tribunal Supremo, Gilbert Azibert y Patrick Sassoust. Nicolás Sarkozy permanecerá detenido durante el plazo de 24 horas que prevé la ley –dicho período podría ser ampliado por 24 horas más–.

En base a las intercepciones telefónicas realizadas por la policía en el celular de Sarkozy y de los magistrados, se sabe que el ex jefe del Estado sabía con precisión el rumbo de sus procesos en curso, en especial el que atañe al escándalo de la heredera del imperio L’Oréal, Liliane Bettencourt, gracias a la información que le proporcionaba el magistrado del Tribunal Supremo Gilbert Azibert, quien habría obtenido a cambio importantes promociones dentro del escalón judicial. Por esta razón, Sarkozy debe responder por los cargos de “tráfico de influencias” y “violación del secreto de instrucción”. El ojo del ciclón se sitúa en los fondos con que el fundador del partido UMP habría financiado la campaña electoral que lo condujo a la presidencia en 2207, en que derrotó a la socialista Ségolène Royal. La Justicia investiga los indicios de dinero que Sarkozy habría recibido del ex presidente libio Muammar Gadafi. En febrero de 2014, la Justicia pinchó el teléfono del ex presidente y se dio cuenta de que Sarkozy y su abogado, Thierry Herzog, estaban perfectamente al corriente de la situación del dossier de Sarkozy ligado al caso de la heredera del imperio L’Oreal, Liliane Bettencourt, donde el líder de la derecha francesa también aparece vinculado a una turbia historia de financiación de su campaña. Gilbert Azibert, abogado general en el Tribunal Supremo, y Patrick Sassoust, abogado general de la cámara en lo criminal del mismo tribunal, están bajo sospecha de haber transmitido información a Sarkozy a través de su abogado. Las intercepciones telefónicas de los implicados revelaron que Gilbert Azibert negociaba el respaldo del ex presidente para obtener un puesto en Mónaco. También se descubrió que, como se sabía supervisado, Sarkozy había habilitado un teléfono clandestino a nombre de Paul Bismuth para hablar con su abogado. La síntesis de esas intercepciones no puede ser más clara: Sarkozy aparece como quien daba las órdenes y su defensor, Thierry Herzog, como el que las transmitía.

Varias opciones aparecen en el camino del ex jefe del Estado: sea Sarkozy liberado al final de su interrogatorio, sea se enfrenta a los magistrados, quienes, a su vez, cuentan con tres posibilidades: interrogar a Sarkozy como testigo simple –un estatuto que lo deja fuera de todo cargo—, dotarlo del estatuto de testigo asistido o, en última instancia, imputarlo si se encuentran suficientes pruebas contra él. El problema de Sarkozy es no obstante de pesada envergadura. Además de estar mezclado con seis investigaciones judiciales, la vigilancia telefónica arrojó otras revelaciones. Sarkozy emerge como el eje, el jefe y el destinatario de una red de informadores enquistados en el corazón mismo del Estado, especialmente policiales y judiciales. Por ejemplo, el jefe del contraespionaje francés, Patrick Calvar, confirmó a la Justicia que Sarkozy lo había llamado por teléfono en junio de 2013 para saber en qué situación se encontraba el caso judicial sobre la financiación de su campaña con fondos libios.

Nicolás Sarkozy siempre se presentó como la inocente víctima del ensañamiento judicial, como el santo de la presidencia a quien la Justicia había osado pincharle el teléfono. El circulo sarkozista acusa a los socialistas en el poder de haber montado toda esta historia para ensuciar la imagen de Sarkozy y poner así trabas a su retorno político. Sin embargo, el grado de implicación de Sarkozy en escándalos sobrepasa los límites de la acusación de la derecha. El último capítulo terminó de empañar la imagen de líder limpio y salvador de la derecha y el país con la que Sarkozy estaba construyendo su vuelta a la arena política. Hace unas semanas, se descubrió que la UMP había financiado los excesos de la campaña de Sarkozy para su reelección en 2012 sirviéndose de una empresa que facturaba prestaciones inexistentes.