Desde Brasilia

Del gatillo fácil en las favelas a la represión política. La policía del estado de Río de Janeiro, que no responde al gobierno federal, espió y apresó a militantes opuestos a la Copa del Mundo reproduciendo las prácticas aplicadas cuando era el brazo auxiliar de las fuerzas armadas en la represión de la resistencia democrática durante la dictadura.

Los servicios de inteligencia policial violaron las comunicaciones y allanaron los domicilios de 23 activistas a quienes el Poder Judicial de Río acusó de formar parte de una “asociación ilícita”, equiparándolos con una banda de delincuentes que trafica drogas o realiza secuestros.

El lunes tres de los militantes, entre ellos la abogada Eloísa Samy, solicitaron y no recibieron asilo político en el consulado de Uruguay, del cual salieron acompañados por la diputada Janira Rocha que ayer repudió la “ina-ceptable persecución política existente en Río”, durante un acto convocado por la Orden de Abogados de Brasil bajo la consigna “En defensa de la democracia y contra la criminalización de la protesta”.

“Nuestra democracia no puede aceptar que haya zonas de excepción, los organismos del Estado no pueden hostilizar a la democracia”, planteó ayer Wadhih Damous, titular de la seccional carioca de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes durante la dictadura, creada por la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores.

Es similar la persecución política que ocurre en San Pablo, donde surgieron las marchas en junio de 2013, cuya policía llegó a detener a varios “sospechosos” de violar la Ley de Seguridad Nacional, sancionada en 1983, dos años antes del fin del gobierno de facto.

Entre tanto, la policía carioca proseguía ayer con la cacería de activistas, en su mayoría jóvenes, iniciada hace una semana cuando el Partido de los Trabajadores (PT) divulgó una nota de repudio.

“La violencia del Estado y la intimidación tienen que ser rechazadas por todos los que defendemos la democracia... seremos intransigentes en la defensa de esas conquistas”, afirma el comunicado firmado por el presidente PT, Rui Falcao, miembro del comité de campaña para la reelección de Dilma Rousseff en las elecciones del 5 de octubre.

En el enérgico tono de la nota petista contra el apriete a los grupos rebeldes se insinúa la posición de la propia presidenta Rousseff, quien como jefa de Estado no tiene jurisdicción sobre las policías de las 27 provincias de la Federación, las cuales suman cerca de un millón de hombres en armas.

Ese número prácticamente triplica a las fuerzas federales (considerando militares y policía federal), a las cuales Rousseff convocó para reforzar la seguridad durante la Copa del Mundo en medio de rumores sobre paros de las policías locales. De hecho, la Unión suele ser rehén de esas policías que en su mayoría repiten el patrón de la de Río de Janeiro: corporaciones guiadas por sus propios intereses, formadas en escuelas que prácticamente no reformaron sus planes de estudios desde la dictadura, habitualmente vinculadas con el crimen organizado y tolerantes, cuando no cómplices, de los escuadrones de la muerte.

Lo nuevo es que en Río las fuerzas de seguridad conquistaron mayor poder territorial con la implantación desde 2008 de las Unidades de la Policía Pacificadora (UPP) con el pretexto de combatir al narcotráfico, al cual suelen dar cobijo a cambio de coimas.

Estos destacamentos de las UPP establecidos en una treintena de favelas se convirtieron en nichos de poder político donde la policía actúa a voluntad implantando una suerte de Estado de baja intensidad democrática al que deben allanarse los vecinos, degradados a la condición de ciudadanos de segunda.

En las multitudinarias marchas de 2013, que perdieron convocatoria durante el Mundial del mes pasado, se observó la participación de algunas agrupaciones surgidas en las favelas, donde es cada vez mayor el repudio a la ocupación policial con su lastre de torturas, asesinatos y, un dato inquietante, el creciente número de desapariciones de vecinos, entre ellos algunos dirigentes comunitarios.

De esos casos el más emblemático fue el del albañil Amarildo de Souza, que continúa desaparecido luego de haber sido secuestrado a mediados de 2013 por agentes que lo torturaron hasta la muerte en la sede de la UPP de la favela Rocinha. Una decena de policías fue procesada por la de-saparición del albañil, crimen que dio lugar a varios actos, uno realizado frente al palacio de la gobernación carioca durante la recepción ofrecida al papa Francisco en julio del año pasado.

Para el diputado Robson Leite, del PT, el acoso a los militantes prófugos desde que salieron del consulado uruguayo anteayer y los aprietes a los movimientos surgidos en las favelas son parte de una misma estrategia policial. “Esto que pasa hoy en Río es algo que viene aplicándose sistemáticamente, recordemos que ya en marzo hubo órdenes de detención masiva contra vecinos de la favela Maré... es fundamental la unión de los sectores progresistas para decir un sonoro no a todo esto.”

“Recordemos que los basureros en huelga fueron criminalizados, los profesores (en paro) fueron criminalizados y ahora los manifestantes fueron criminalizados”, citó ayer el parlamentario del PT.