El ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, renunció ayer a su cargo y afirmó que deja la política luego de que se retirara la polémica reforma de la ley del aborto que le encargara el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Ruiz-Gallardón presentó su dimisión en una multitudinaria rueda de prensa en la que adelantó que dejará su banca en el Congreso de los Diputados y que abandonará sus responsabilidades en la dirección del Partido Popular (PP). El lugar del ministro renunciante será ocupado por el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá Polo. Rajoy comunicó al rey Felipe VI el relevo al frente del Ministerio de Justicia, cuya dirección será asumida hasta la toma de posesión del nuevo ministro por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La reforma del gobierno conservador que suprimía casi totalmente el derecho al aborto, criticada por la izquierda y la derecha española, fue retirada, provocando la inmediata dimisión de su artífice, el ministro de Justicia. Fue Rajoy quien, ante los micrófonos de los periodistas, en un acto oficial, anunció la salida del polémico texto. “En este momento, yo, como presidente del gobierno, creo que he tomado una decisión que es la más sensata”, afirmó, reconociendo los desacuerdos. “Lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno la cambia al medio minuto”, subrayó.

Gran promesa electoral del conservador PP antes de llegar al poder a fines de 2011, la reforma había sido aplazada en varias ocasiones. Responsable del texto, Gallardón, de 55 años, representante del ala más conservadora del partido, presentó su renuncia al cargo y a la política tras 30 años de carrera, ocho de ellos lo tuvieron como alcalde de Madrid, entre 2003 y 2011. “Es mi obligación reconocer que no he tenido la capacidad para convertir este anteproyecto de ley en proyecto”, afirmó el funcionario renunciante.

Al grito de “¡Aborto libre!”, miles de personas se manifestaron en febrero en España, secundadas por protestas en otros países europeos como Francia y Gran Bretaña contra el anteproyecto de Gallardón. “Nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre ni tampoco nadie puede obligar a nadie a serlo”, afirmó uno de los barones del Partido Conservador, José Antonio Monago, presidente de la región de Extremadura, en el oeste del país, quien pidió la suspensión de la reforma.

Sin embargo, Rajoy precisó que contempla modificar el más polémico aspecto de la ley de 2010: el hecho de que las jóvenes de 16 o 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Esto no impidió que los grupos proabortistas celebraran la retirada del proyecto. “Estamos volviendo un poco adonde nunca debimos dejar de estar: al marco europeo en el que se respeta la decisión de la mujer y sobre todo donde el aborto se hace en condiciones seguras e igualitarias”, afirmó la portavoz de la plataforma Decidir Nos Hace Libres, Isabel Serrano.

Feministas y médicos habían advertido que una ley restrictiva empujaría a ciertas mujeres a viajar al extranjero para interrumpir su embarazo, mientras que otras, con menos recursos, estarían abocadas a abortos ilegales sin garantías para su salud. “Es un triunfo de todas las mujeres”, afirmó Carmen Montón, secretaria de Igualdad del Partido Socialista. Por su parte, los grupos antiabortistas, que el domingo habían movilizado a miles de personas en Madrid, denunciaron una traición del PP y llamaron a no volver a votarlo. “Vamos a hacer todo lo posible para que Rajoy sufra esta decisión”, afirmó Nicolás de Cárdenas, portavoz de Hazte Oír. “Rajoy no es de fiar porque se reconoce incapaz de aprobar leyes que tengan permanencia”, consideró Gádor Joya, vocero de Derecho a Vivir. Según un sondeo publicado en enero por el diario El Mundo, sólo el 31,6 por ciento de los votantes del PP aprobaba la reforma que impulsaba Gallardón.