La crisis social en Bolivia sigue profundizándose: ayer, la Central Obrera (COB) pidió la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y convocó a una huelga general y a nuevos cortes de rutas. Con estas medidas de fuerza, la COB muestra su respaldo a los campesinos que desde hace 11 días mantienen a la ciudad de La Paz prácticamente aislada del resto del país en protesta por el proyecto del gobierno de exportar gas natural a Chile. El poderoso sindicato de productores de coca del Chapare, que en una época supo ser un emporio de la droga, anunció que el lunes acatará la orden de la COB y cortará la principal ruta de Bolivia.
“Los trabajadores resolvieron entrar en huelga general por tiempo indefinido a partir del próximo lunes hasta que el presidente renuncie”, dijo ayer el titular de la COB, Jaime Solares, a quien el gobierno acusa de haber sido informante de las dictaduras de los años 70. Ayer a la tarde, mientras intentaba conseguir la adhesión del poderoso gremio de los choferes, Solares advirtió que si el gobierno decreta el estado de sitio “habrá resistencia civil”, aunque esto signifique “un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad”.
El epicentro de los reclamos es la provincia de La Paz, donde los campesinos que responden al líder aymara y dirigente de la Csutcb, Felipe Quispe, mantienen a la capital prácticamente aislada del resto del país. Si esta situación continúa, pronto habría serios problemas de abastecimiento entre la población. Quispe no quiso hacer declaraciones sobre el paro de la COB, pero reiteró que “no se suspenderán los bloqueos hasta que haya soluciones”. Y dijo que la lucha “se radicalizará” si los militantes que están presos no son liberados. “Si siguen apresando a nuestros hermanos vamos a tener que capturar a los soldaditos, pero nosotros no los vamos a torturar como hacen ellos. Nosotros somos más humanos”, afirmó. Por su parte, Evo Morales, el líder de los cocaleros del Chapare y respaldó los reclamos de Quispe pero evitó fijar su posición sobre el paro de la COB y el bloqueo de rutas.
El viceministro del Interior, José Luis Harb, afirmó que la decisión de llamar al paro “fue tomada por grupos marginales” que no representan a los obreros ni a los campesinos. Por su parte, los ministros de Agricultura, Guido Añez, y de Desarrollo, Jorge Torres, reiteraron a la Csutcb que sigue en pie la propuesta del retiro simultáneo de las tropas militares y los campesinos, que desde hace 11 días cortan varias rutas que conectan a La Paz con el resto del país. Liderados por la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos (Csutcb), se oponen a la venta de gas natural a México y EE.UU. a través de Chile si no se eliminan las condiciones que benefician a los consorcios extranjeros, que apenas dejarían el 18 por ciento del negocio para el Estado.
El gobierno analiza la posibilidad de declarar “zona militar” a Warisata, donde el domingo murieron seis personas en un choque entre policías y campesinos de esta localidad ubicada a orillas del lago Titicaca. La militarización de esa zona se concretaría “si aumentan los bloqueos y enfrentamientos”, afirmaron las mismas fuentes. Mientras, la Iglesia y diversos organismos de derechos humanos llamaron a un diálogo entre el gobierno y los campesinos. Como una salida al conflicto, el analista Jorge Lazarte, quizá el más prestigioso del país, sugirió que el Congreso convoque a un referendo consultivo para que los bolivianos den su opinión sobre el tema del gas. Pero este mecanismo de consulta no está contemplado en la Constitución de ese país.