Desde Medellín

Chocó, la provincia más pobre de Colombia, es una tierra selvática habitada por negros, cruzada por ríos y minada de guerrillas, donde se oyen tronar también los fusiles del ejército y de los paramilitares que se disputan las rutas narco hacia Panamá y el mundo. Además, hay minas de oro, cultivos de palma, mar y una gran biodiversidad que los ilegales aprovechan. Allí, aunque es la zona más lluviosa del país, el agua aún no es potable y la energía eléctrica llega sólo por momentos. Por el supuesto secuestro de tres personas allí hoy está en stand-by el proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que al cierre de esta edición no se habían pronunciado sobre el tema.

“Hay que ser claros: aunque estamos negociando en medio del conflicto, las FARC tienen que entender que a la paz no se llega recrudeciendo las acciones violentas y minando la confianza”, dijo el presidente Juan Manuel Santos en una alocución televisada por la noche, después de que el día entero el país reaccionó frente a la suspensión de los diálogos anunciada en la madrugada de ayer. Apenas el presidente confirmó que tres personas habían sido “secuestradas” por las FARC, les pidió a sus negociadores suspender el viaje a Cuba. Estaba previsto que hoy se daba inicio al ciclo 31 de los Diálogos de Paz que justo mañana cumplen dos años de haberse instalado en Oslo, para luego trasladarse hasta La Habana donde, en cada ciclo de conversación, se reúnen diez guerrilleros y diez delegados oficiales.

Lo que pasó en Las Mercedes, donde fueron supuestamente retenidos los dos militares y una civil, aún no está claro por completo. El ministro de Defensa aseguró que fue un secuestro, que la guerrilla los esperaba a los tres y, fuertemente armada, los tomó en su poder. Pero pobladores entrevistados por medios colombianos que llegaron ayer hasta el lugar aseguraron que no hubo armas ni forcejeo; tan sólo conversaron, y el soldado que manejaba la lancha que llevó a las víctimas al lugar se marchó ante el terror de ser tomado por las FARC. Hasta donde se sabe, ahí se vieron por última vez las tres personas que el gobierno exige hoy liberar para reanudar las conversaciones de paz.

En Las Mercedes, un diminuto pueblo a orillas del río Atrato, la electricidad poco se conoce. Por eso el general Rubén Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego llegaron hasta allí el pasado domingo. “Trabajaban en lo que se llama acción integral, apoyar con proyectos de desarrollo, no sólo acciones militares; se trata de ganarse la confianza de la gente, por eso estaban de civil”, le explicó a Página/12 Angela Giraldo, quien trabaja para la agencia de cooperación internacional de la presidencia y fue una de las primeras víctimas en participar directamente en los diálogos de paz. Esta semana estaba previsto iniciar el ciclo donde participaría la quinta delegación de víctimas, para completar los 60 representantes de más de seis millones que ha dejado la confrontación armada por más de medio siglo. Angela, aunque apoya la decisión del mandatario, espera que ésta no sea una ruptura definitiva.

“Las partes deben definir unos puntos de acuerdo sobre la forma en cómo se van llevar los diálogos en adelante. Este proceso se hace en medio de las hostilidades, sí, pero hay que respetar el derecho internacional humanitario, el general Alzate no estaba en combate; además, en 2012 las FARC se comprometieron a no secuestrar más”, asegura la señora que perdió a su hermano a manos de esta guerrilla, que lo secuestró por cinco años y luego lo fusiló en un intento de rescate. Aunque todavía esta fuerza rebelde no se atribuye el secuestro del general y sus dos acompañantes, sí reconoció que asesinó a dos indígenas la semana pasada, y se supo la noticia del secuestro de dos soldados en la fronteriza zona con Venezuela, Arauca.

Anoche, Santos sentenció que las FARC son responsables de la integridad física de los secuestrados y deben devolverlos de inmediato. Agregó que “los colombianos exigimos su liberación”, igual pedido realizaron la Unión Europea, las Naciones Unidas y los familiares de quienes perdieron su libertad supuestamente a manos de las FARC. Desde La Habana, el secretariado de la guerrilla pidió información al respecto al Frente 38, que es el que tiene área de influencia en Las Mercedes, Chocó. Se espera que hoy ofrezcan declaraciones a la prensa sobre el paradero de los dos militares y la civil, así como sobre el rumbo que ha tomado el proceso. “Mientras esta situación no se solucione les he reiterado a los negociadores del gobierno que no podrán viajar a La Habana para reanudar las conversaciones”, aseguró ayer el presidente.

La señora Giraldo como otras cientos de víctimas, líderes sociales y defensores de derechos humanos insisten en que no se rompan los diálogos de paz. “Las FARC tienen claro que ésta es la última oportunidad para ellos de lograr la paz en Colombia. Ya se dieron cuenta de que tomar el poder por las armas no es posible y no creo que desperdicien esta oportunidad, que es única. Las víctimas, como lo hicimos en nuestras visitas, les pedimos que no se levanten de la mesa hasta negociar el fin del conflicto y dejen las armas”, le explicó a este diario Angela Giraldo.

En su esperada alocución de anoche, Santos explicó que “es difícil entender que mientras se habla en La Habana la confrontación sigue en el país. Créanme, conversar en medio del conflicto es la forma más efectiva para ponerle punto final a esta absurda guerra”, lo que para algunos sectores deja en evidencia que la pelota está en la cancha de las FARC, quienes deberán aclarar si los tres ciudadanos están en su poder y liberarlos para continuar la negociación de paz.