Desde México DF

Enrique Peña Nieto es un presidente con poca tolerancia a la frustración. En su primer acto público luego de su regreso de una gira por China y Australia, arremetió contra opositores y críticos que se adueñaron de la agenda pública en su ausencia, dejó entrever la posibilidad de reprimir a manifestantes, a los que acusó, junto con un sector de la prensa, de pretender desestabilizar su gobierno.

Por si fuera poco, en su intento de revertir el escándalo desatado desde hace una semana por la sospecha de corrupción en torno de la mansión de siete millones de dólares que está en posesión de su esposa, la actriz Angélica Rivera, Peña Nieto sólo consiguió indignar aún más a amplias capas de la sociedad civil mexicana, pues, en lugar de dar la cara él mismo, mandó a su esposa a tratar de explicar lo que, para muchos, es una muestra de corrupción, tráfico de influencias y, por lo menos, conflicto de interés.

En la fallida operación de control de daños, el presidente hizo que su esposa saliera a explicar cómo llegó a sus manos una residencia cuya propiedad legal es del Grupo Higa, la empresa constructora favorita de Peña Nieto durante su sexenio como gobernador del estado de México, justo antes de saltar a la presidencia de la república, desde donde sigue obteniendo contratos millonarios para ejecutar la obra pública.

La propiedad está adosada a la que supuestamente es la residencia original de Angélica Rivera, en la exclusiva zona conocida como Las Lomas, al poniente de la Ciudad de México, la que le fue otorgada por Televisa, la televisora para la que trabajó 25 años en exclusiva y que supuestamente le pagó además otros 88,6 millones de pesos hace cuatro años, cuando ella se retiró del escenario, supuestamente sólo por comprometerse a no trabajar con ninguna otra empresa más. Al menos, eso es lo que la primera dama alegó la noche del martes en una declaración de siete minutos que fue transmitida íntegra en el noticiero estelar de Televisa.

La esposa de Peña Nieto trató de zanjar el escándalo anunciando que pondrá en venta los derechos de la mansión que, según ella, no vale los siete millones de dólares en los que fue valuada en el mercado inmobiliario, sino “apenas” 54 millones de pesos, es decir, casi cuatro millones de dólares. Rivera, una actriz de medio pelo que trabajó en varios culebrones de Televisa pero sólo protagonizó una telenovela, fue objeto de burlas a lo largo de toda la semana pasada en las redes sociales, las mismas que la destrozaron en la noche del martes y la mantuvieron buena parte del día de ayer entre los temas principales de Twitter a nivel mundial.

Pero el sarcasmo de los tuiteros apenas refleja la indignación general que provocó una explicación melodramática que no le creyó ni la prensa internacional, que ayer reflejó en sus páginas la indignación general que desató en el país, según la cobertura de los periódicos The New York Times, The Washington Post, The Guardian y Financial Times, por sólo citar algunos.

Peña Nieto no esperó al desarrollo de todos estos sucesos. Desde el sábado pasado, cuando bajó del avión que lo trajo de regreso de China y Australia, mostró desesperación. Como si se deslindara del vox populi que acusa como crimen de Estado a la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Peña Nieto retrucó: “A quienes hay que condenar por estos hechos son a los criminales; a quienes hay que señalar y condenar son, precisamente, a los responsables de estos actos abominables, y es en lo que venimos trabajando”.

El martes, a la prensa que le es incómoda y a los manifestantes que señalan la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, como un crimen de Estado, Peña Nieto los acusó de intentar “desestabilizar” a su administración y de “atentar contra el proyecto de nación” que dice impulsar desde Los Pinos.

En velada alusión a la manifestación que terminó con el incendio del portón de Palacio Nacional, el sábado 8, realizado por una docena de personas encapuchadas, una semana después Peña Nieto advirtió que “no podemos aceptar aquellos que han recurrido al uso de la violencia, al ataque a las instituciones, al ataque a lo que ha construido la sociedad mexicana, lo que han construido todos los mexicanos”. Durante la semana pasada, grupúsculos infiltrados en varias manifestaciones incendiaron autobuses y cometieron otros desmanes que fueron reprobados y aislados por los propios contingentes que participaron en las marchas pacíficas.

Sin más, Peña Nieto endureció el discurso: “El Estado legítimamente está en facultad de hacer uso de la fuerza cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para establecer el orden. Yo aspiro, y espero, que no sea el caso de lo que el gobierno tenga que resolver o no lleguemos a este extremo de tener que hacer uso de la fuerza pública”.

Mientras Peña Nieto parafraseaba a Weber y a su definición de monopolio de la violencia legítima, al otro lado de la ciudad, granaderos sitiaban los alrededores de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde más temprano un policía había disparado contra estudiantes, hiriendo a uno de ellos en una pierna.

Por lo pronto, Peña Nieto decidió no compartir el Zócalo de la Ciudad de México con tres grandes movilizaciones que confluirán hoy por la tarde en el corazón político del país, y por primera vez en la historia de los gobiernos priístas, canceló el tradicional desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, el cual sirve siempre además para premiar a los principales mandos castrenses con ascensos. La ceremonia militar se realizará en el Campo Marte, unas instalaciones privadas del ejército justo detrás de la residencia oficial de Los Pinos, lejos de los manifestantes.