EL MUNDO › LOS PADRES DE LOS 43 DESAPARECIDOS CHOCARON CON LOS MILITARES DE UN BATALLóN DE INFANTERíA EN IGUALA, MéXICO
Familiares, maestros y alumnos protestaron a las puertas de un cuartel en Iguala, estado de Guerrero, el mismo lugar en el que hace más de tres meses sus normalistas fueron atacados por la policía municipal.
› Por Gerardo Albarrán de Alba
Página/12 En México
Desde México DF
Padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre, junto con maestros y estudiantes, se enfrentaron la tarde del lunes a militares del 27º Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, el mismo lugar en el que hace más de tres meses sus hijos fueron atacados por la policía municipal. Durante el choque, a las puertas del cuartel, seis personas resultaron lesionadas, incluido un reportero de la cadena de televisión venezolana Telesur.
Además, durante más de una hora fueron retenidos dentro de las instalaciones militares María Inés Abraján, tía de uno de los desaparecidos, y el chofer del reportero de la cadena sudamericana.
No es la primera vez que este cuartel es escenario de protestas. El 19 de diciembre pasado, unos 150 manifestantes se plantaron ahí durante cinco horas para reclamar el cumplimiento del compromiso del secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, quien les habría prometido que a partir del 2 de diciembre se abrirían los cuarteles a los familiares.
“La exigencia es que se busque a los normalistas dentro de los cuarteles”, porque según Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el ejército sí sabía del desplazamiento de los estudiantes hacia Iguala el 26 de septiembre, escucharon el primer ataque a balazos contra los normalistas y no intervinieron, instalaron ese día retenes militares en las salidas de Iguala e ingresaron a la clínica donde estaban los normalistas heridos, donde los amenazaron y les quitaron sus celulares. “El ejército sí intervino, pero en contra de los muchachos”, dijo Olivares aquella vez.
El lunes, los padres comenzaron a llegar al cuartel militar cerca de la 1 de la tarde, pero nuevamente les fue impedido el paso a las instalaciones castrenses mediante una valla de alambre de púas; entonces, un grupo derribó una puerta del cuartel del 27º Batallón de Infantería con un camión de refrescos. Tras avanzar unos 20 metros se toparon con unos 300 integrantes de la policía militar, reforzados por policías estatales, que los repelieron con gases lacrimógenos y polvo de extinguidores. Los manifestantes respondieron con piedras y botellas vacías, las que les lanzaron de regreso, lesionando a una madre, dos padres, dos estudiantes y al reportero de Telesur, según reportaron ayer los periódicos. La trifulca duró unos 50 minutos.
Cerca de las 4 de la tarde, en Chilpancingo, la capital del estado, una parte de los manifestantes quemó un vehículo a las puertas de la 35ª Zona Militar, mientras otros realizaron un mitin en la sede del 61º Batallón de Infantería en el municipio de Tlapa y en la 8ª Región Naval Militar de Acapulco.
Las movilizaciones de ayer en el estado de Guerrero fueron replicadas en cuarteles militares y navales de los estados de Chiapas, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Veracruz, organizadas por maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin que se reportaran incidentes. En un comunicado difundido ayer, los padres de los estudiantes normalistas desaparecidos aseguran que la búsqueda de sus hijos ha sido suspendida, lo que los ha obligado a continuar por sus propios medios dicha búsqueda y su correspondiente investigación.
Felipe de la Cruz, representante de los padres de los estudiantes de-saparecidos, declaró que “los padres de familia estamos desesperados, son más de tres meses de angustia”, dijo, y advirtió que “estamos llegando al límite”.
En el comunicado, sostienen que “nuestro único delito es exigir la presentación con vida de nuestros 43 hijos y compañeros”, y repudian que se emplee al ejército para reprimir manifestaciones públicas y a los movimientos sociales, “contrario a la actitud omisa y timorata que muestra ante la delincuencia organizada, que le permite libertad de acción y movimiento”.
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