Página/12 En Perú

Desde Lima

La empresa argentina Pluspetrol, que explota petróleo y gas en el Perú, se ha convertido en protagonista central de los más graves conflictos sociales de las últimas semanas en el país. Protestas contra la empresa en el poblado de Pichanaki, en la selva central, dejaron la semana pasada un muerto, más de un centenar de heridos y el retiro de la empresa de la zona. En el nordeste del país, en la selva amazónica, desde hace más de tres semanas comunidades indígenas se han levantado contra la petrolera argentina, acusándola de contaminar la zona.

La semana pasada estalló el conflicto en Pichanaki cuando el Frente de Defensa Ambiental convocó a un paro indefinido exigiendo la salida de la zona de Pluspetrol, que venía realizando desde aproximadamente un año actividades de exploración buscando yacimientos de gas. Pluspetrol integra el consorcio empresarial Camisea, que controla el 95 por ciento de la producción de gas del Perú. La acusan de producir daños ambientales.

La represión policial en Pichanaki fue violenta. Un joven de 25 años murió de un balazo. Más de un centenar de personas resultó herido, 32 de ellas con impactos de bala. Dos de los heridos de bala son niños de entre 10 y 14 años. Aunque inicialmente el gobierno intentó salvar su responsabilidad asegurando que la policía no había usado armas letales, luego, ante el peso de las evidencias, terminó aceptando que estas armas sí se usaron, anunció una investigación, y separó a 14 oficiales responsables por la represión.

La protesta se levantó después de que el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, anunciara ante la población reunida en la plaza de Pichanaki que Pluspetrol se iba a retirar en tres días. El anuncio calmó a la población, pero desató los reclamos de sectores empresariales y la oposición política y mediática de derecha, que acusaron al gobierno de “haber claudicado” ante las protestas. La empresa le restó importancia al anuncio de su salida hecho por el ministro de Energía y Minas, asegurando que la misma ya estaba decidida por la empresa antes del inicio de las protestas.

En diálogo con Página/12, el gerente de Relaciones Internacionales de Pluspetrol, Daniel García, señaló que “nos vamos no porque así lo ha dicho el ministro, sino porque nuestras actividades de exploración en la zona de Pichanaki ya han culminado. Esto no afecta en nada nuestras operaciones. Nosotros no sentimos que el gobierno nos haya quitado el piso”.

Pero la población exige la salida de la empresa no solamente de Pichanaki, sino también de toda la selva central. García respondió que Pluspetrol seguirá con sus actividades de exploración en otros lugares de esta zona. “Tenemos un contrato con el Estado que es ley y vamos a seguir aquí”, le dijo a este diario el funcionario de la petrolera argentina. El conflicto no está cerrado. Por ahora lo que hay es una tregua.

La selva central no es el único frente abierto que tiene Pluspetrol. Las comunidades indígenas amazónicas de la región Loreto, al noreste del país, cerca de la frontera con Colombia, se han levantado desde hace tres semanas contra la empresa argentina por la contaminación causada por sus actividades petroleras. La empresa opera en la zona desde el año 2000 y los conflictos con las poblaciones nativas han sido constantes. Las comunidades indígenas han tomado catorce pozos petroleros, paralizando la producción de tres mil barriles diarios, de los 29 mil diarios que produce la empresa argentina, lo que representa el 40 por ciento de la producción total del país.

La contaminación no comenzó con Pluspetrol, viene desde los años ’70, cuando estos lotes petroleros eran explotados por la norteamericana Oxi, pero las poblaciones indígenas acusan a la empresa argentina de continuar contaminando con desechos tóxicos las cuencas de los ríos Marañón, Tigre, Pastaza y Corrientes, una amplia zona amazónica en la que viven unos 25 mil pobladores de distintas comunidades nativas. La empresa niega la acusación. También la acusan de no remediar los daños ambientales producidos por la anterior empresa, algo a lo que estaba obligada según el contrato de concesión.

Estudios revelan que los cuatro ríos de estas cuencas, las únicas fuentes de agua de los pobladores de la zona, contienen niveles de metales pesados, como plomo, mercurio y arsénico, varias veces mayor que los máximos permitidos, contaminación que también afecta a los peces y otros animales que forman la dieta de estas comunidades. Esto representa un grave riesgo para salud de estas poblaciones. La empresa argentina ha sido multada por sus actividades contaminantes, pero se niega a aceptar las sanciones de las entidades oficiales y ha apelado al Poder Judicial. También se han denunciado continuos derrames de petróleo.

La concesión que tiene Pluspetrol en esta zona vence en agosto de este año y la explotación petrolera volverá a licitarse. La población teme que se llegue a esa fecha sin que Pluspetrol cumpla con remediar los daños ambientales. A pesar de los duros cuestionamientos a su actividad, la empresa argentina no descarta presentarse a la nueva licitación para quedarse en la zona. Y espera seguir ampliando sus actividades de explotación de gas en el país. Pero por ahora enfrenta dos complicados frentes de protestas sociales, sus operaciones están en el ojo de la tormenta y en medio de un incierto futuro.