Página/12 En Bolivia

Desde La Paz

La banda armada que pretendía dividir a Bolivia en Occidente y Oriente sumó un capítulo a su extravagante historia. Cuatro de los involucrados (tres bolivianos y un húngaro) aceptaron ir a juicio abreviado y se declararon culpables de delitos contra la seguridad y soberanía del Estado boliviano. Fueron condenados a penas de entre cinco y ocho años. En la audiencia, los presos reconocieron que el grupo liderado por Eduardo Rózsa Flores recibió apoyo del gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Rubén Costas. A un mes de las elecciones departamentales en las que el dirigente opositor sería reelecto, Costas será citado a declarar en el marco de la causa Terrorismo II. Desde su exilio en Brasil, el ex fiscal Marcelo Soza corroboró lo dicho por los acusados ante la Justicia.

“Hemos estado apoyando a la gente que estábamos encubriendo, un montón de malos cruceños que nos han engañado. Nos han salido con un cuento, nos han tenido presos cinco años, nos han negociado permanentemente. Llegó el momento de que las cosas se sepan: el gobernador (Rubén Costas) nos trajo. Estaba metida gente de la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente), de la Cainco (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz), había metida gente de las cooperativas (de servicios). De una vez que se sepa, que reviente el ‘puchichi’”, dijo Mario Tadic a la red Erbol luego de que fuera condenado a cinco años y diez meses de cárcel. Puchichi es la palabra oriental para designar al forúnculo.

“Fuimos engañados por gente de Santa Cruz y fuimos traídos aquí”, agregó Elöd Tóásó, quien recibió la misma condena. Los dos son los únicos sobrevivientes de la intervención de un grupo especial de la policía en el hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, la madrugada del 16 de abril de 2009.

Allí murieron acribillados sus compañeros en la célula separatista: Rózsa, nacido en Bolivia; Arpád Magyarosi, de Hungría, y Michael Dwyer, de Irlanda. La banda, que iba a ser la vanguardia para una –en ese entonces– inminente “defensa de Santa Cruz”, había sido reclutada por Rózsa, hijo del pintor húngaro Jorge Rózsa y dueño de una biografía bélica que él mismo se encargó de plasmar en su película Chico, de 2001. Ellos se encargarían de reclutar algo así como un ejército entre la población cruceña, que se ocuparía de modificar una vez más el mapa boliviano.

También fueron condenados en juicio abreviado Ignacio Villa Vargas, a ocho años, y Juan Kudelka, a seis años y nueve meses. Como Tóásó y Tadic, no les queda mucho tiempo en la cárcel, porque a esta altura cumplieron casi toda la reclusión. Vargas era el chofer del grupo, Kudelka, uno de sus tantos financiadores, Tóásó era el especialista en informática, y Tadic, uno de los reclutadores.

Por este caso quedan siete personas detenidas, mayormente políticos y empresarios cruceños vinculados al financiamiento de la banda de Rózsa. Ellos se dicen presos del gobierno de Morales y no aceptan ir al juicio abreviado. Al menos otros tres implicados huyeron de Bolivia. Y uno más, Alejandro Melgar, está preso en Uruguay a la espera de que lo extraditen al país. El era colaborador del gobernador cruceño. Entre los que huyeron de Bolivia pero todavía no los atraparon están Pablo Costas, hermano de Rubén; el ex ministro de Gobierno, Guido Nayar, y el ex presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic.

Hasta ahora, nunca se había podido vincular a Costas con el intento de levantamiento armado que el gobierno de Morales consideró una trama de la derecha para asesinarlo. Pero las declaraciones de Tadic y Tóásó manchan su campaña electoral por una tercera reelección en Santa Cruz. Según las encuestas, es el favorito para los comicios del próximo 29 de marzo. La fiscalía general de Bolivia adelantó que será citado para responder a las declaraciones de los primeros condenados.

Costas actualmente no funge como gobernador cruceño. Porque para realizar la campaña reelectoral, estaba obligado a renunciar al cargo que ocupa desde 2006. Para él, las acusaciones de Tadic o Tóásó se enmarcan en la vigente puja electoral. “Después de casi seis años en la cárcel, dos personas han comprado su libertad a costa de decir que un muerto (Rózsa) les dijo que se había reunido conmigo. Lamento mucho que hayan tenido que ganar su libertad de este modo tan indigno. Aunque, como ser humano, lo entiendo”, dijo Costas.

Desde Brasil llegó la voz que faltaba. Marcelo Soza fue fiscal de esta causa desde el tiroteo en el hotel Las Américas, en 2009. El año pasado se escapó de Bolivia porque creía que su vida corría peligro. “Yo tenía bastantes datos e información de este ciudadano (Costas) en este tema de terrorismo, pero lamentablemente la presidencia no me dejó investigar el tema”, dijo Souza sumándose al debate sobre el futuro de Costas.