El Servicio Médico Legal (SML) de Chile entregó ayer mediante una ceremonia los restos del ex diputado socialista Luis Espinoza Villalobos, asesinado durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La cesión de los restos tuvo lugar en la sureña ciudad de Puerto Montt, en presencia del actual diputado socialista Fidel Espinoza, hijo de la víctima, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, expertos forenses y abogados de derechos humanos. El director del SML, Patricio Bustos, encabezó la ceremonia. “Nuestro trabajo y compromiso es continuar con la identificación de víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”, dijo. Los restos de Luis Espinoza fueron exhumados hace un año desde el cementerio de la localidad de Fresia y ayer, tras la entrega a sus familiares, fueron sepultados en el mismo lugar.

El actual diputado Fidel Espinoza tenía tres años cuando su padre fue asesinado. Cuando Pinochet aún era senador vitalicio, levantó en el Parlamento una pancarta que decía “Pinochet asesinó a mi padre”. Otro hijo del asesinado ex parlamentario, Ramón Espinoza, es el actual alcalde de Frutillar, mientras una de sus hijas, Patricia, fue concejal en el mismo municipio.

Luis Espinoza tenía 33 años cuando fue acribillado en la localidad de Frutillar, cercana a Puerto Montt, por carabineros que custodiaban a un grupo de prisioneros políticos que serían traslados a la cárcel de otra ciudad. También fue asesinado Abraham Oliva Espinoza, un dirigente campesino de la zona, al que la dictadura sindicó en la época como integrante de un grupo de individuos armados que atacaron la patrulla en la oscuridad de la noche. “Al repeler la acción de la patrulla, trató de fugarse un reo aprovechándose de la confusión y la oscuridad. La patrulla usó sus armas de fuego, falleciendo instantáneamente Luis Espinoza Villalobos y uno de los atacantes. El resto de los atacantes huyó”, señaló un reporte de aquella época.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según fuentes oficiales, unos 3200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1192 permanecen aún desaparecidos.