Página/12 En Brasil

Desde Río de Janeiro

En 23 de las 26 capitales provinciales brasileñas, y también en Brasilia, capital federal, se realizaron ayer actos en defensa de Petrobras y de la permanencia de Dilma Rousseff, que recién el 1º de enero –es decir, exactos 71 días antes– asumió su segundo mandato presidencial, conquistado en las urnas. También hubo actos en otras 30 ciudades consideradas importantes o significativas en el país. No hubo incidentes dignos de registro. La aparición de manifestantes anti-Dilma o anti-PT, que podría ser considerada un acto de provocación, se limitó a no más de una veintena de personas en San Pablo. En las demás capitales, ni eso.

Como suele ocurrir cuando se trata de manifestaciones populares, las informaciones sobre el número de participantes divergen frontalmente. Según las policías provinciales, en total las manifestaciones reunieron un poco más de 35 mil personas en todo el país. Ya para los organizadores –la CUT (Central Unica de Trabajadores) y varias otras entidades sindicales cercanas o directamente vinculadas con el PT– el número superó la marca de los 150 mil. La prudencia recomienda situar la cantidad de manifestantes en la media, es decir, algo entre 90 y 95 mil.

De todas formas, lo que se reunió ayer por todo Brasil ha sido una masa cuyo volumen es significativamente inferior a la reunida en las grandes marchas de mediados de 2013, antes de que la participación de vándalos vaciara un movimiento que protestaba de manera un tanto difusa en relación con las reivindicaciones, pero bastante clara como muestra de malestar frente a la situación general del país.

Se trató de una marcha bajo lemas un tanto contradictorios. Por un lado, defendía a Petrobras tanto de la corrupción detectada (y que está bajo rigurosa investigación) como de las presiones para que se cambie el sistema de explotación de gas y petróleo de la llamada “camada de pre-sal”, para favorecer a las grandes multinacionales del sector. Las normas vigentes, originadas en el gobierno de Lula da Silva, determinan que Petrobras sea la única operadora de explotación de los yacimientos del pre-sal. Empresas extranjeras podrán asociarse y aportar recursos financieros y tecnología, pero el control operacional queda en manos de la estatal brasileña de capital mixto. Sería, según los que convocaron la marcha de ayer, una forma velada de privatizar no sólo el subsuelo brasileño sino también Petrobras.

Además de Petrobras, el acto de ayer defendía al gobierno de Dilma contra los intentos de destituirla a través de maniobras parlamentarias, como un impeachment, tal y como quieren los derrotados en el pleito presidencial del pasado octubre. Al mismo tiempo, las marchas de ayer –y en eso reside la aparente contradicción– protestaron contra iniciativas de la misma Dilma, que, dicen los convocantes, atentan contra derechos laborales. También se protestó contra medidas previstas en el plan de ajuste fiscal anunciado por Dilma al principio de su segundo mandato presidencial, y que favorecerían el capital especulativo en detrimento de los trabajadores y de las conquistas sociales alcanzadas a lo largo de los últimos doce años del PT en el poder.

Mañana les tocará salir a las calles a los que están contra la permanencia de Dilma Rousseff y del PT en el poder. Si en la convocatoria de ayer había algo contradictorio –defender al gobierno y a la vez criticar algunas de sus medidas–, en la de mañana no queda ningún espacio para dudas: los que saldrán a las calles quieren directamente la destitución de Dilma y el fin del PT. Los más serenos piden que ella presente su renuncia, ignorando los resultados electorales.

Por detrás de ese movimiento están, además de grupos radicales de derecha, el grueso de las elites, principalmente en las grandes ciudades, donde el neoliberal Aécio Neves logró derrotarla el año pasado (Belo Horizonte, Curitiba y principalmente San Pablo, principal bastión antipetista en el país). Y, por detrás y por encima de todo eso, el PSDB de los que fueron consecutivamente derrotados por el PT en 2002 (José Serra, actual senador), en 2006 (Geraldo Alckmin, el hombre cercano al Opus Dei que gobierna la provincia de San Pablo), en 2010 (otra vez Serra) y 2014 (Aécio Neves, actual senador).