Venezuela y España volvieron a cruzarse, esta vez por la situación de dirigentes encarcelados que Caracas considera responsables de hechos violentos y Madrid llama presos políticos. Mientras tanto, Amnistía Internacional lamentó que queden impunes en el país bolivariano hechos vinculados con violaciones a los derechos humanos. Casi en coincidencia con el anuncio de que Felipe González se sumara a la defensa de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, una delegación de legisladores venezolanos, de paso por Madrid, consideraron esa decisión como un gesto de injerencia en los asuntos internos del país.

En una escala de su viaje a una reunión internacional en Vietnam, los diputados Darío Vivas y Gladys Requena cuestionaron que González participe de la defensa de los opositores venezolanos encarcelados, hecho que, advirtieron, se debe a su buena relación con el ex presidente Carlos Andrés Pérez, al que calificaron de “terrorista, represor y corrupto”. Vivas apuntó que González tenía negocios con Pérez, que fue jefe de Estado en los años ’70 y ’80 y fue destituido en 1993 por malversación.

Por su parte, Requena reseñó que durante el mandato de González, que se extendió entre 1982 y 1996, hubo en España terrorismo de Estado y por eso tiene relación con Pérez, a su vez, padrino político del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido en febrero y al que definió como represor y golpista. “Felipe González no tiene moral; es un comerciante, un lobbista de las multinacionales”, dijeron los parlamentarios venezolanos. Para peor, el Congreso español tiene resuelto votar una condena a las detenciones y una moción para que el gobierno reclame al Ejecutivo de Nicolás Maduro la inmediata libertad de López y Ledezma.

La iniciativa, consensuada entre el gobernante Partido Popular y el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), iba a ser votada ayer mismo, pero la sesión se pospuso para el 14 de abril por la caída del avión que volaba de Barcelona a Düsseldorf.

“Nos extraña que el Parlamento fije su posición sobre Venezuela y no sobre la crisis que se vive aquí, donde hay 750.000 familias sin vivienda y un desempleo juvenil del 53 por ciento”, chicaneó Vivas. Los legisladores bolivarianos mostraron copias de los diarios españoles de ayer con la noticia de que un juez de la Audiencia Nacional cree que el gobernante PP tuvo una contabilidad paralela durante 18 años. “Ahora se permiten darnos lecciones de moral”, señalaron. Para Vivas, la actitud española responde al “cumplimiento de la orden del imperialismo de Estados Unidos” de atacar al gobierno de Caracas desde hace años.

El legislador lamentó que la derecha española y el PSOE pretendan que soltemos a López y a Ledezma y que se consagre la impunidad para ambos, a quienes el oficialismo chavista considera instigadores de terrorismo callejero y de golpismo. “Los problemas de Venezuela los resolvemos nosotros; no queremos que nadie se meta”, afirmaron estos parlamentarios en una rueda de prensa en la embajada en Madrid. Casi en paralelo avanzó en el Parlamento español el acuerdo PP-PSOE para pedir por Ledezma, López y el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, al que ahora esperan que se sumen otras bancadas.

La moción insta al gobierno de Mariano Rajoy a que tome todas las iniciativas pertinentes para lograr la liberación inmediata de los tres dirigentes y pide también la puesta en libertad de los demás opositores, estudiantes y manifestantes “arbitrariamente encarcelados en Venezuela” en el contexto de las protestas pacíficas iniciadas en enero del 2014. El texto acordado es parecido al que el Parlamento Europeo aprobó el 12 de marzo, en solidaridad con los opositores encarcelados en Venezuela, que lamenta que el gobierno de Maduro haya ignorado todos los reclamos de libertad para López, Ledezma y Ceballos, pese a los dictámenes de Naciones Unidas (ONU) y a los llamamientos de otras organizaciones internacionales y civiles.

Otros cuatro bloques –Izquierda Plural, Amaiur, Esquerra Republicana de Catalunya y el Bloque Nacionalista Gallego– presentaron una enmienda alternativa que pide al Ejecutivo de Rajoy “no contribuir a la desestabilización del país ni alentar las acciones golpistas en Venezuela, respetando su soberanía, favoreciendo la solución dialogada de las diferencias, la paz y el respeto al orden constitucional vigente”. Por su parte, Amnistía Internacional denunció ayer que continúan impunes las violaciones de derechos humanos en las protestas ocurridas en Venezuela el año pasado y advirtió que el sistema judicial es objeto de interferencias por parte de la administración de Maduro.

En su informe “Venezuela, los rostros de la impunidad”, realizado entre febrero y julio de 2014, AI documenta 43 muertos, 878 heridos y 3351 detenidos durante las manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Venezuela entre febrero y julio del año pasado, 27 de ellas todavía a la espera de juicio. El informe señala que la detención de Ledezma está políticamente motivada y afirma que están detenidos arbitrariamente López, líder de Voluntad Popular; Ceballos, alcalde de San Cristóbal, y Rosmit Mantilla, activista Lgbti.