”El hecho definitorio estuvo marcado por las luchas sociales”, dijo anoche a Página/12 Eduardo Sguiglia, el negociador argentino enviado por el presidente Néstor Kirchner y el canciller Rafael Bielsa a Bolivia. “Nosotros coincidimos en el momento más alto de la crisis”, opinó. La primera persona del plural incluía a Marco Aurelio García, enviado de Luiz Inácio Lula Da Silva.
Sguiglia habló unos minutos con este diario desde San Pablo, última escala en su regreso a Buenos Aires desde Bolivia. El subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería prefirió quitar protagonismo al dúo de negociadores. Tratando de analizar su gestión con cierta distancia, explicó que “los demás creyeron que nosotros llegábamos para garantizar una salida”. Esa percepción, entonces, se habría transformado en un dato fuerte de la realidad política boliviana cuando estaba claro que el todavía presidente Gonzalo Sánchez de Lozada ya no tenía otra chance que permanecer en el poder a través de una represión masiva.
Los informes sobre la negociación que están en poder de la Cancillería argentina indican que un momento decisivo de la mediación de Sguiglia y García fue la reunión con la Iglesia católica. Una semana atrás, los obispos habían emitido un documento que una lectura prolija descubría de tono crítico hacia Goni.
Sguiglia y García se sorprendieron del armado que revelaba el encuentro con los dignatarios de la Iglesia. No solo estaban los principales obispos, sino la segunda línea con arraigo en cada departamento de Bolivia. Todos dejaron los eufemismos y describieron en detalle la situación en las diócesis. Al final de la reunión, solo quedaba un misterio a develar.
–En el documento, ¿ustedes quisieron decir que Sánchez de Lozada debe renunciar?
–La verdad... sí –fue la respuesta.
La voz cantante fue la de Juan Jesús Juárez, secretario general de la Conferencia Episcopal y nada menos que obispo de El Alto. Su diócesis había sido el centro de la movilización de los últimos 15 días en reclamo de que no se exporte gas a los Estados Unidos a través de Chile si antes no se satisfacen las necesidades de los bolivianos. El Alto, un centro de 800 mil personas que rodea al aeropuerto de La Paz y está ubicado en el borde superior de la capital, situada en una gran olla, fue también el principal blanco de la represión de Sánchez de Lozada.
En El Alto es donde empezó a aplicarse el Plan Moscardón, como llamaron los manifestantes a la resistencia civil. Molesta y molesta, era la síntesis. Una mezcla de desobediencia colectiva a lo Mahatma Gandhi con la tradición de los mineros bolivianos de avanzar amenazando con cartuchos de dinamita. Los diarios de Bolivia informaron esta semana que no constataban manifestaciones tan numerosas ni siquiera en 1952, cuando Víctor Paz Estenssoro encabezó la gran revolución democrática de Bolivia, y en la década del ‘80, con la llegada al gobierno de Hernán Siles Suazo luego de un largo período dictatorial. Tampoco tiene precedentes, al parecer, la coalición social que une a indígenas quechuas y aymaras con campesinos, mineros, trabajadores y miembros de la clase media empobrecida de las ciudades.
También de El Alto partió la táctica de los wayroncos, los cortes sorpresivos de rutas.
Sánchez de Lozada tomó los desafíos como un obstáculo a vencer, quizás alentado por la falsa expectativa de que Washington jamás lo dejaría caer y que Buenos Aires y Brasilia se alinearían con esa presunta decisión de los Estados Unidos. Los negociadores hablaron largamente con Goni. Los sorprendió la tozudez al reivindicar sus propios planteos como los únicosposibles para Bolivia, aun en medio de una crisis que superaba la cuestión del gas hasta abarcar la desigualdad extrema y la postergación del 80 por ciento de la población indígena.
Lozada trazó un largo relato con su visión de la crisis. Uno de los negociadores hizo este comentario a su colega: “Después de mí, el diluvio”. El resto de los actores de la crisis pensaba, al contrario, que el diluvio era la continuidad de Goni.
Uno de los tramos más sorprendentes fue la idea de Lozada según la cual quien debía renunciar no era él sino el vicepresidente, Carlos Mesa. La sola existencia de Mesa, que aseguraba una salida constitucional a la crisis, decía, dañaba el poder del presidente.
–No crean que estoy feliz ordenando la represión, pero acá está en juego la unidad de la nación –repitió Lozada a los enviados.
Sguiglia y García en ningún momento le dijeron a Sánchez de Lozada que debía renunciar. Eso no figuraba en las instrucciones que habían recibido de Kirchner y Lula. Pero la sugerencia flotaba en el ambiente, y no solo en el ambiente del encuentro entre los tres, desde el momento en que la Argentina y Brasil no declamaron su apoyo al presidente sino al régimen constitucional.
Esa línea se fortaleció en las reuniones mantenidas con la oposición. También los líderes indígenas y los seguidores del diputado Evo Morales, a quien los exploradores vieron muy sereno, afirmaron que su objetivo final no era la insurrección sino la búsqueda de un nuevo consenso político.
“Los dirigentes bolivianos transformaron las vísperas de una tragedia en las vísperas de una fiesta”, dijo anoche a Página/12 el enviado de Kirchner.