Amnistía Internacional (AI) informó ayer que demandó al gobierno británico ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH o Tribunal de Estrasburgo), por los programas de vigilancia masiva de los servicios secretos del Reino Unido.

La base de la acción judicial, a la que se sumaron también grupos como Liberty and Privacy International, radica en las revelaciones de Edward Snowden, el ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) que puso de manifiesto el alcance del espionaje masivo desarrollado por Estados Unidos y el Reino Unido. Amnesty International y Liberty and Privacy International se unieron a otros siete grupos para demandar la “interceptación masiva, recopilación, revisión, difusión y retención de comunicaciones a una gran escala, sin precedentes” por parte de Reino Unido.

“Se ha permitido durante demasiado tiempo que continúen sin consecuencias y a una escala sin precedentes las prácticas de vigilancia del gobierno británico, con graves consecuencias para la privacidad de las personas y la libertad de expresión”, afirmó ayer en un comunicado el experto legal de AI Nick Williams. El activista reiteró que nadie está por encima de la ley y el TEDH “tiene ahora la oportunidad de dejarlo claro”. “El gobierno ha dicho consistentemente ‘confía en nosotros, estamos actuando en interés de la seguridad nacional’, pero la seguridad nacional y los derechos humanos fundamentales no son mutuamente excluyentes”, dijo Williams. “En el cumplimiento de su deber de proteger a las personas, el gobierno no debe descartar sus otras obligaciones de derechos humanos y debe permitirnos someterlo al escrutinio público y la rendición de cuentas”, agregó.

AI, Liberty and Privacy International llevaron este caso a Estrasburgo después de que el pasado febrero el Tribunal de Poderes de Investigación británico (IPT, en inglés) asegurara que las actividades del centro de escuchas británico, conocido por sus siglas GCHQ, y los servicios secretos son ahora respetuosas con los derechos humanos.

El IPT, que celebró varias de sus vistas a puerta cerrada y en secreto, recordó que el GCHQ llevó a cabo antes de diciembre de 2014 programas ilegales de vigilancia masiva en Internet, pero destacó que Londres introdujo después ciertas salvaguardas que legalizaron el intercambio de información entre agencias de espionaje y respetan los derechos humanos.

“Es ridículo el hecho de que el gobierno haya permitido al IPT analizar políticas y prácticas secretas a puerta cerrada para demostrar que son legales y transparentes”, reiteró ayer Williams.

En la demanda, las organizaciones sostienen que la legislación británica respecto de la interceptación de comunicaciones y su intercambio con otras agencias de inteligencia extranjeras viola el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y contraviene los principios de la Convención Europea de Derechos Humanos. “El gobierno nos dice constantemente ‘confiad en nosotros, actuamos en interés de la seguridad nacional’, pero la seguridad nacional y los derechos humanos fundamentales no son mutuamente excluyentes”, dijo Williams.

“La vigilancia masiva es una violación de nuestros derechos fundamentales. Interceptar millones de comunicaciones todos los días y recibiendo en secreto millones más de la NSA por la puerta de atrás no es ni necesario ni proporcional”, dijo Carly Nyst, director jurídico de Privacy International. “Mientras que el IPT se alineó con el GCHQ y contra los derechos de millones de personas, el más alto tribunal de derechos humanos de Europa tiene una fuerte historia de las agencias de Inteligencia que aseguran son compatibles con las normas de derechos humanos. Esperamos que la Corte siga esta tradición. El GCHQ es finalmente responsable por su espionaje sin trabas a las comunicaciones en el mundo.”

Algunos de los recelos de AI, Liberty and Privacy International son compartidos por el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento británico (ISC), que el pasado marzo indicó que el marco legal que regula la vigilancia en el Reino Unido es “innecesariamente complicado” y “carece de transparencia”.

No obstante, la investigación del ISC defendió la legitimidad de los programas de vigilancia masiva GCHQ, al considerarlos una herramienta para obtener la información necesaria. “Gracias a las revelaciones de Edward Snowden y a las escasas informaciones que nosotros y los otros demandantes logramos sacarle al gobierno, sabemos algo acerca de las actividades de los servicios secretos”, afirmó ayer en el comunicado el responsable de asuntos legales de Liberty, James Welch.

Un informe de la Comisión de Inteligencia y Seguridad del Reino Unido, la comisión parlamentaria responsable de la supervisión de la Inteligencia, lanzado el 12 de marzo, se hizo eco de las preocupaciones de Amnistía Internacional en relación con la falta de transparencia en la legislación vigente y propuso una revisión fundamental del marco jurídico existente.

Snowden, acusado de espionaje y traición por Estados Unidos y actualmente refugiado en Rusia, filtró documentos secretos a diarios como The Guardian y The Washington Post que revelaban que la NSA tenía acceso a registros telefónicos y en Internet de millones de usuarios.