La Policía Federal de Brasil arrestó a tres ex diputados y a otras cuatro personas en una nueva fase de la operación que investiga el escándalo de corrupción en torno de la petrolera estatal Petrobras. Los detenidos venían siendo investigados por delitos como asociación ilícita, corrupción, fraude en licitaciones, lavado de dinero, tráfico de influencias y uso de documentos falsos.

Fueron arrestados André Vargas, que era correligionario de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en el Partido de los Trabajadores (PT) y renunció a su militancia después de que se ventilaron sospechas; Pedro Correa, del oficialista Partido Progresista (PP), y Luiz Argolo, del opositor Solidaridad (SD). Correa es uno de los condenados por el llamado “juicio del siglo”, expresión con el que se conoce al mensalao, el escándalo de corrupción destapado en 2005 y que puso contra las cuerdas al gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La policía arrestó también a otras cuatro personas: la secretaria de Argolo, Elisa Santos; el hermano de Vargas, León Vargas, y otras dos identificadas como Iván Mernon da Silva Torres y Ricardo Hoffmann, dueño de una agencia de publicidad implicado en el caso. Además, la policía concretó ayer nueve órdenes de detención temporal y otras dieciséis de búsqueda y aprehensión de pruebas en Brasilia y en los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Bahía, Ceará, Pernambuco y Paraná.

La investigación no se restringe a irregularidades en Petrobras, sino que se extiende al Ministerio de Salud y a Caixa Económica Federal, el segundo banco público del país. La policía detectó que entre 2010 y 2014 se firmaron contratos de publicidad del Ministerio de Salud y de Caixa con la agencia dirigida por Hoffmann, que desviaba el 10 por ciento del valor para pagar comisiones a los ex diputados. El banco Caixa, por su parte, no respondió cuántos contratos firmó ni cuánto pagó a la agencia. Solamente afirmó que realizará una “depuración interna” y proporcionará la información que sea requerida por las autoridades.

El fiscal Carlos Fernandes Santos Lima, responsable del caso, afirmó ayer que la investigación está dando sus primeros pasos, aunque los trabajos de Inteligencia vienen siendo realizados desde hace más de un año. Según Lima, los sospechosos arrestados a lo largo de este año ya han devuelto a las arcas públicas cerca de 1000 millones de reales (unos 323 millones de dólares), lo que consideró “poco” en relación con la suma robada.

El comisario Igor Romário de Paula afirmó ayer que los desvíos, aunque no estén relacionados directamente con el caso de la petrolera estatal, replicaban el “modelo de negocio” de desvíos de dinero que se seguía en Petrobras. “Es el mayor caso de corrupción en Brasil. Parece que es un modelo de negocio repetido en Brasil para la contratación en el servicio público”, ironizó el comisario.

Por su parte, el Ministerio Público Federal reveló también que Vargas adquirió una propiedad con “recursos de origen dudosos”, tasada en 980.000 reales. La residencia, emplazada en un condominio en la ciudad de Londrina, fue declarada por medio millón de reales, por lo que Vargas también es apuntado por evasión impositiva. “La declaración subfacturada del valor de adquisición del inmueble fue una estrategia para ‘salvar’ la diferencia entre el lavado de dinero del crimen antecedente contra la administración pública”, afirmó un vocero del ministerio, quien también informó que ya solicitada la confiscación de dicho inmueble. Vargas también es investigado por negocios supuestamente irregulares con el cambista Alberto Youssef, que está arrestado desde el año pasado y confesó ser intermediario en el pago de sobornos de las socias de Petrobras a decenas de políticos.

Estas detenciones suman un nuevo capítulo al escándalo de corrupción destapado hace un año, que tiene como eje a la petrolera estatal, pero que según lo investigado, se puede extender a numerosas obras públicas. La Policía Federal, organismo a cargo del operativo, develó que Petrobras firmó contratos fraudulentos con un grupo de constructoras y otros proveedores, en los que elevaban los precios artificialmente en parte para enriquecerse y en parte para pagar sobornos a altos ejecutivos de la petrolera y a decenas de políticos que facilitaban los negocios ilegales.

Las corruptelas se prolongaron durante más de diez años, pero incluso pudieron iniciarse en la década de 1990 y desviaron una cantidad no precisada de miles de millones de dólares.

A lo largo de las investigaciones, fueron arrestados cinco ex altos cargos de Petrobras y una decena de ejecutivos de importantes constructoras. Algunos de los detenidos aceptaron acuerdos de colaboración con la Justicia a cambio de una futura reducción de pena y denunciaron a unos 50 políticos que habrían permitido las ilegalidades, entre ellos los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.