Los ex ministros del gobierno de Uribe, Pretelt y Palacio, irán presos y además pagarán multas.

La Corte Suprema de Justicia colombiana condenó a 80 meses de prisión a dos ex ministros por ofrecer favores a congresistas que facilitaron la reforma que permitió la reelección del ex presidente Alvaro Uribe. El máximo tribunal encontró culpables del delito de cohecho a Sabas Pretelt y Diego Palacio, quienes fueron ministros del Interior y Justicia y de Protección Social durante la administración Uribe, respectivamente. Asimismo, la Corte condenó a 60 meses de prisión al ex secretario de la Presidencia, Alberto Velásquez. Los tres hombres condenados forman parte del grupo de ex funcionarios con problemas judiciales que pertenecieron al círculo de Uribe, quien ahora lidera el partido de derecha radical Centro Democrático, principal opositor a la administración de Juan Manuel Santos.

La Corte indicó que, siguiendo instrucciones de Uribe, los ex funcionarios dispusieron del poder que les conferían sus altos cargos para pagar, con una serie de nombramientos, el voto favorable de la ex representante Yidis Medina y la ausencia de Teodolindo Avendaño en la votación del proyecto que permitió la reelección presidencial en 2004. “Ese lícito actuar resultó definitivo para cambiar el rumbo no sólo de la política, sino de los destinos del país, en la medida en que al procurar con métodos protervos la continuidad de un trámite legislativo, que de haber surtido su curso sin las referidas interferencias y permitiendo su debate a partir de las ideas, tal vez, hoy día, otra sería la situación de una institucionalidad que se encuentra seriamente agrietada”, señaló la Corte en un comunicado. Pretelt y Palacio además deberán pagar una multa de 167 salarios mínimos mensuales vigentes y estarán inhabilitados 112 meses para ejercer cargos públicos. El ex secretario Velásquez, por su parte, recibió una pena menor: 60 meses de prisión, una multa de 83 salarios mínimos y 84 meses de inhabilidad. Pretelt ya había sido condenado en una investigación disciplinaria efectuada sobre el mismo caso por la Procuraduría General, que lo sancionó con una destitución del cargo de ministro y un impedimento por 12 años para ejercer cargos públicos.

El único de los imputados que realizó declaraciones ante la prensa fue Velásquez, quien aseguró que no está de acuerdo con la medida adoptada por el máximo tribunal. “Quiero manifestar que respeto la decisión de la Corte, pero no la comparto. Yo soy una persona decente con 35 años de experiencia en el sector privado, quien prestó un servicio en el gobierno por sólo dos años con dedicación y transparencia y sin ningún interés político”, afirmó. El ex secretario de la Presidencia, quien se encuentra en Miami con motivo del nacimiento de su nieto, afirmó que cuando regrese a Colombia se pondrá a total disposición de la Corte. “Próximamente regresaré al país a ponerme a la orden de la Justicia como corresponde a mi talante y al respeto que siempre he tenido por las instituciones”, expresó.

Esta misma semana, antes de que la Corte profiriera el fallo, el abogado de Sabas Pretelt, Alvaro Enrique Agudelo, aseguró que no existía prueba alguna que demuestre que su cliente había cometido el delito de cohecho. Además, señaló que la “interferencia mediática” perjudicó fuertemente la posición de Pretelt en el caso. “Sabas Pretelt de la Vega es un hombre respetuoso de las instituciones y atenderá el llamado de la Corte, cuando ésta así lo disponga y es respetuoso de la ley”, dijo.

En 2008, Medina, quien era representante del Partido Conservador, originó un escándalo de enormes proporciones al asegurar que aceptó prebendas del gobierno, como la designación de allegados en cargos públicos para votar a favor de la reforma constitucional. La congresista dijo varias veces que no estaba de acuerdo con la reelección presidencial, pero luego cambió de opinión de forma sorpresiva en una estrecha votación del proyecto de enmienda en una comisión del Congreso. La aprobación del proyecto se facilitó por el voto de Medina y la ausencia del entonces congresista Teodolindo Avendaño, que también se mostró en desacuerdo con la reelección. Tiempo después se conocieron denuncias que indicaban que Medina se vio beneficiada con cargos en el gobierno, los cuales fueron asignados a personas cercanas a ellas. Es el caso de Carlos Correa Mosquera, quien asumió la dirección de una clínica en la localidad de Barrancabermeja, en junio de 2004. César Guzmán, amigo de Medina, fue designado en la Dirección de Infraestructura Carcelaria del Ministerio del Interior. Por su parte, Avendaño fue favorecido con la notaría 67 de Bogotá y con contratos en el Ministerio de Protección para su nuera, Vania Constanza Castro. Pretelt fue acusado de orquestar los ofrecimientos burocráticos.

A raíz de las denuncias, Medina fue condenada en 2008 por la Corte Suprema a cuatro años de prisión por cohecho, mientras que Avendaño recibió una condena de ocho años por el mismo delito. Otro ex congresista implicado en el caso, Iván Díaz, fue sentenciado a seis años de arresto.