El gobierno peruano ordenó la intervención de las fuerzas armadas en la provincia de Islay, al sur del país, donde ayer murió un policía en las protestas contra el proyecto minero Tía María. En una resolución suprema firmada por el presidente Ollanta Humala, el gobierno autorizó la participación de los militares en apoyo a la Policía Nacional, del 9 de mayo al 7 de junio, con el fin de evitar más muertes por las protestas, que ya suman cuatro desde que se iniciaron el 23 de marzo.

La decisión del Ejecutivo fue una respuesta a la muerte del policía Alberto Vásquez, de 55 años, quien murió ayer por la madrugada en un hospital en la ciudad de Arequipa, la capital regional. El efectivo perdió la vida a causa de una fractura en el cráneo tras un ataque de manifestantes en el puerto de Mollendo. En las semanas previas murieron dos manifestantes, uno víctima de una bala de fusil disparada por la policía y el otro, según la versión oficial, por un perdigón de plomo que no usan los uniformados, aunque los huelguistas culpan a la policía. También se reportaron unos 240 civiles y policías heridos y daños materiales como la quema de vehículos privados. La protesta generó el cierre de los negocios y la suspensión de las clases escolares en la zona desde hace semanas.

La resolución presidencial, publicada ayer en el diario El Peruano ordenó la intervención de las fuerzas armadas “en apoyo de la Policía Nacional, con el fin de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno”. El ejército también deberá “evitar actos de violencia o cualquier otro acto ilícito que se pudiera cometer en ocasión de las movilizaciones” en Islay, donde las protestas contra la actividad minera derivaron en un paro que ya lleva 48 días. El texto señala también que el rol de los militares se centrará en “garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz y el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales”.

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, viajó ayer mismo a Islay para supervisar la llegada de los militares. “El presidente Humala ha tomado esta decisión para que las fuerzas armadas puedan colaborar con la policía para también cuidar instalaciones básicas”, dijo Pérez Guadalupe, quien el viernes pasado aprobó el envío de 2000 agentes policiales a Islay para reforzar la seguridad. El ministro afirmó que la policía seguirá teniendo el control en la zona mientras no se declare el estado de emergencia. “El decreto legislativo 1095 faculta el apoyo de las fuerzas armadas a la policía cuando ésta se vea sobrepasada en su capacidad de control del orden interno. Decretar el estado de emergencia es ya la última medida”, explicó Pérez Guadalupe.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, afirmó que el gobierno baraja la posibilidad de decretar el estado de emergencia en Islay. “Confiamos en que este paso sea persuasivo y suficiente antes de dar el siguiente paso”, afirmó el ministro.

Tanto Pérez Guadalupe como Adrianzén atribuyeron la muerte del policía al presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez. La acusación radica en la difusión de una conversación telefónica donde presuntamente aseguraba levantar la protesta a cambio de una suma económica. Por su parte, Gutiérrez consideró que la decisión de llevar a las fuerzas armadas para colaborar con la policía contradice lo expuesto por el jefe de Gabinete, Pedro Cateriano, cuando dijo que un proyecto no se puede imponer a la fuerza. “La presencia militar genera la apariencia que puede imponerse el proyecto a sangre y fuego. Obviamente, no tenemos un estado de emergencia, no se levantaron las garantías constitucionales, pero de todas maneras la presencia del ejército cuidando instituciones tutelares genera preocupación”, afirmó.

El proyecto minero Tía María, que podría producir 120.000 toneladas de cobre, es un plan que lleva varios años retrasado debido a las protestas. En el 2011, tres personas murieron también por choques con la policía, y el gobierno ordenó a la firma en ese momento un nuevo estudio de impacto ambiental, que fue aprobado el año pasado. La minera mexicana Southern Cooper, que afirmó que el emprendimiento no dañará el medio ambiente porque usará agua marina para desarrollar la mina, espera ahora la licencia del gobierno para comenzar a desarrollar su plan. El gobierno de Humala creó una mesa de diálogo entre autoridades, agricultores y representantes de la empresa para encontrar una salida al conflicto, pero los dirigentes antimineros dieron abandonaron las negociaciones.