Los ex detenidos de la cárcel de Guantánamo que se encuentran en Montevideo terminaron ayer una protesta que mantenían desde hace tres semanas tras un acuerdo con el gobierno uruguayo. La huelga con acampe, que había sido iniciada el 24 de abril frente a la embajada norteamericana en la capital uruguaya, cesó tras la firma de un documento que plasma por escrito los derechos y obligaciones que adoptan en su estancia en el país.Si bien no todos los ex presos firmaron con el gobierno de Tabaré Vázquez, bastó la rúbrica de cuatro de ellos para cerrar el acuerdo.

El tunecino Abdul Bin Mohammed Abis Ourgy (49) y los sirios Ali Shabaan (33), Abd al-Hadi Faraj (39) y Ahmed Adnan Ahjam (38) se reunieron ayer con su abogado, Mauricio Pigola, durante tres horas para terminar de analizar los detalles de la carta convenio que fue firmada tanto en español como en árabe. Los manifestantes, que se asomaron brevemente al frente de la casa durante el cierre de las negociaciones, evitaron las cámaras y los micrófonos. “Estamos bien”, se limitó a decir el sirio Ali Shabaan. El palestino Mohammed Tahmatan (35), que nunca se sumó a la protesta, ya había aceptado el trato hace más de un mes, mientras que el sirio Jihad Diyab declinó hacerlo por tener planes de dejar el país en breve.

El lunes por la noche los cuatro hombres levantaron el campamento que mantuvieron al frente de la representación diplomática de Wa- shington en la capital uruguaya en protesta para exigir una indemnización económica y mejores condiciones de vida en su país receptor. Volvieron a la casa que la central sindical PIT-CNT dispuso para ellos a su llegada en diciembre en el centro de Montevideo y están buscando nuevas viviendas que serán costeadas como parte del acuerdo alcanzado. Además del alquiler, la carta convenio suscrita contempla un apoyo económico mensual de 560 dólares, atención médica, apoyo para la inserción laboral y estudios de español.

El interlocutor designado por el gobierno uruguayo para negociar con los ex presos, Cristian Mirza, expresó la razón por la cual finalmente pudieron cerrar el acuerdo. “Pretendían tener certezas básicas y creo que hoy (por ayer) entendieron que estaban satisfechas esas dudas o necesidades de ciertas seguridades de futuro”, expresó. Mirza también precisó que el Comité Internacional de la Cruz Roja está trabajando en la localización de los familiares de los cinco ex detenidos y que cubrirán los gastos de un eventual traslado.

El acuerdo tendrá vigencia por un año, con opción a dos, sujeto a evaluación, y será costeado con recursos de la Cancillería uruguaya y monitoreado por el Sedhu (Servicio Ecuménico), oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el país. Si bien la protesta fue ante su representación diplomática, el gobierno estadounidense no dio ninguna respuesta, ya que fue la administración Vázquez la que institucionalizó el proceso de adaptación e inserción en Uruguay.