El gobierno del presidente Tabaré Vázquez creó por decreto una comisión que investigará las denuncias contra el Estado uruguayo por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1968 y 1985. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que toma bajo su órbita a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente creada durante el primer gobierno de Vázquez (2005-2010), sistematizará información relacionada con los crímenes de la dictadura y la pondrá a disposición de la Justicia.

La comisión tendrá como principal objetivo “investigar los crímenes de lesa humanidad por agentes del Estado o quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de éste, dentro o fuera de fronteras, en el marco de la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado”, señala el decreto presidencial. Si bien la dictadura uruguaya comenzó en 1973, el grupo de trabajo decidió tratar las denuncias correspondientes a casos entre el 13 de junio de 1968. En esa fecha comenzaron a regir las llamadas “medidas de seguridad”, equivalentes a un estado de emergencia, en un contexto de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y las guerrillas. El período que se investigará incluye el de la dictadura, entre 1973 y el 1° de marzo de 1985, cuando asumió Julio María Sanguinetti como presidente electo por la ciudadanía y puso fin al gobierno de facto.

El decreto que lleva la firma de los ministros que integran el gabinete de Vázquez señala que este grupo contribuirá a “dar luz a esos hechos en pos de la verdad histórica y promover la justicia en el marco del estado de derecho”. Señala que “están presentes aún las consecuencias de la acción ilegítima y del terrorismo de Estado sufrido por el país” en esos años. Parte de la tarea será organizar todos los testimonios de quienes “deseen prestarlo voluntariamente” y relevar aquellos ya existentes y registrados “dentro o fuera del territorio nacional”, según sus cometidos fijados en el decreto oficial.

El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia estará compuesto por siete integrantes nombrados por Vázquez, que buscan representar a diferentes sectores sociales del país, incluyendo familiares de víctimas y organizaciones contra la discriminación hacia la población negra, hasta colectividades religiosas. Una de las integrantes será la diputada Macarena Gelman, nieta del fallecido poeta Juan Gelman, quien afirmó que “hay muchísimo trabajo por hacer”. Gelman, que obtuvo una banca en noviembre por el gobernante Frente Amplio (FA), expresó que una de las tareas será “recabar testimonios de víctimas y familiares que estén dispuestos a proporcionarlos”. El equipo evaluará también el estado de situación del cumplimiento de las leyes reparatorias. Especialmente sobre la recuperación de los derechos jubilatorios y pensionarios, y la reparación a víctimas contemplada en la Ley 19.596. “También se avanzará en temas que hoy no se han implementado”, agregó Gelman.

Otro de los integrantes del grupo, Felipe Michelini –hijo del asesinado legislador Zelmar Michelini–, dijo que considera la iniciativa “un paso más contra la cultura de la impunidad”. Sin embargo, advirtió el representante de la organización Familiares, no será una “varita mágica” para resolver casos que datan de hace tantas décadas.

En tanto, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, enfrentó al FA y a organismos defensores de los derechos humanos a los que acusó a “estigmatizar” a los militares por su pasado reciente y los crímenes cometidos durante la dictadura, y amplió la polémica al asegurar que el golpe de Estado de 1973 no sólo fue militar, sino también civil. “Acá el golpe de Estado fue civil y militar. En realidad, fue civil y lo dirigió una embajada extranjera con gente de traje de alpaca y perfumería francesa. Todos civiles. Y lo dirigieron políticos civiles y grandes medios de prensa civiles. Las cámaras empresariales pidieron el golpe de Estado”, dijo Huidobro tras participar de un acto en Montevideo.

La noticia coincide con la celebración realizada ayer de la vigésima marcha del silencio en reclamo de que se investigue el paradero de los detenidos-desaparecidos en Uruguay durante el gobierno dictatorial. Estas marchas se realizan en silencio cada año desde 1996 por el centro de Montevideo. El martes, la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desa- parecidos inauguró una muestra fotográfica a cielo abierto en la zona costera de Montevideo, que recuerda 20 marchas del silencio. Las imágenes, colocadas en orden cronológico, incluyen desde panorámicas que muestran el crecimiento del número de participantes del evento hasta los cambios del simbólico acto a lo largo del tiempo, con manifestantes portando velas o pancartas con los rostros y nombres de sus seres queridos.