Página/12 En Colombia

Desde Medellín

Colombia sigue bajo fuego. Balas de la insurgencia y bombas del Estado siguen cobrando vidas de colombianos en las zonas más empobrecidas del país. La suspensión de la tregua por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciada el pasado viernes sigue siendo foco de preocupación en Colombia, en especial, en las tierras rurales donde la Fuerza Pública continúa lanzando bombas desde el aire a los caseríos y selvas donde se supone están ubicados los frentes rebeldes. Mujeres, hombres y niños campesinos que habitan esos territorios ocupados por los alzados en armas continúan la huida generando un drama humanitario que, si bien no es nuevo en este país que suma medio siglo de guerra, se da ahora justo en medio de los diálogos de paz entre las dos fuerzas que negocian cara a cara en Cuba desde hace dos años y medio. Las víctimas, la Iglesia y diversos sectores de la sociedad civil claman para que ambas partes silencien los fusiles y, de esa forma, se avance en las conversaciones de paz en la isla y se proteja la vida de los colombianos.

Ahora mismo, y hasta el próximo domingo 31 de mayo, se adelanta el ciclo número 37 de la Mesa de Conversaciones en Cuba que, una vez más, se encuentra sumergida en una crisis por cuenta de la confrontación armada. Al finalizar el año, y tras superar la tensión por el secuestro y posterior liberación del general del ejército Rubén Alzate, las FARC decidieron suspender el fuego como gesto unilateral de paz. El pasado viernes, desde La Habana, la Delegación de Paz de esa guerrilla anunció que la tregua se detenía aunque “no estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese al fuego unilateral e indefinido proclamado el 20 de diciembre de 2014 como un gesto humanitario y de desescalamiento del conflicto”. Según ellos, “la incoherencia del gobierno de Santos lo ha logrado, luego de cinco meses de ofensivas terrestres y aéreas contra nuestras estructuras en todo el país”.

La llamada ofensiva militar se agudizó después de que, a mediados de abril, un grupo de rebeldes atacara el campamento improvisado de militares en una cancha de fútbol en el municipio de Buenos Aires, provincia del Cauca. Entonces, nueve soldados y dos oficiales resultaron muertos causando el más hondo repudio en la sociedad que salió a marchar en diversos puntos del país para exigir a la guerrilla coherencia con su anunciada tregua. En la misma provincia, la fuerza aérea soltó una bomba que terminó con la vida de 26 guerrilleros la semana pasada, lo que, según explicó el Secretariado de las FARC en sus declaraciones matutinas a medios internacionales desde La Habana, los llevó a cesar la tregua. Dos días después, otros diez integrantes de las FARC resultaron muertos durante ataques de la fuerza pública en el municipio de Segovia, provincia de Antioquia. Y ayer se conoció que (alias) Román Ruiz, un reconocido comandante integrante del Estado Mayor de esa guerrilla, fue también víctima mortal de bombardeos, esta vez en Riosucio, Chocó, el territorio del Pacífico donde fue retenido y puesto en libertad el general Alzate.

“El escenario que se vislumbra no es menos aterrador. Cada cual trabajará para poner en evidencia su capacidad bélica: el gobierno al reiniciar los bombardeos sigue pelando los dientes y la insurgencia, que no logró nada con su decisión de cesar unilateralmente el fuego, descubrió que esto significaba exponerse a las balas oficiales”, asegura el investigador del Instituto Popular de Capacitación, José Girón.

Para la Defensoría del Pueblo, el anuncio de cese a la tregua de la guerrilla tiene en alerta, al menos, a las provincias de Antioquia, Cauca, Chocó, Arauca, Putumayo, Huila, Nariño, Meta, Caquetá y Valle del Cauca. De acuerdo con sus comunicados de prensa, “pueden presentarse acciones armadas inminentes en al menos 10 departamentos del país (...) En virtud de la presencia de ese grupo al margen de la ley, se vislumbra un escenario de riesgo por posibles ataques contra la fuerza pública, con eventuales efectos indiscriminados para la población civil”. Según pudo conocer Página/12 por la oficina de prensa de la Defensoría, hasta ayer 352 personas permanecían desplazadas en la zona urbana del municipio de Guapí, Cauca, donde se presentaron los combates que dieron como resultado la muerte de los 26 guerrilleros la semana pasada. Durante ayer y anteayer continuó el cruce de balas por lo que muchos pobladores se niegan a retornar a sus humildes casas en el campo y han preferido quedarse sobre colchonetas en la cancha polideportiva de la centralidad de su pueblo, a merced de las ayudas humanitarias.

Según las FARC, “no hay muertos que duelan más que otros, todos ellos son padres, madres, hijos, hijas, hermanos o hermanas, todos somos pueblo colombiano. Sin lugar a dudas, los luctuosos acontecimientos ocurridos la semana pasada son un paso atrás en lo avanzado hasta ahora en la Mesa de La Habana”. El presidente Juan Manuel Santos, entre tanto, pidió a los organismos judiciales y de medicina legal que identifiquen los cuerpos de las decenas de guerrilleros que están siendo asesinados, mientras los rebeldes exigen que también les sean entregados a sus familiares.

Desde la Fundación Paz y Reconciliación del reconocido investigador León Valencia se alerta por la importancia de la tregua de la guerrilla, señalando que en 2015 “entre muertos y heridos, ya sea de miembros de la fuerza pública o miembros de grupos guerrilleros, se logró evitar la muerte o lesiones a cerca de 600 colombianos”.

El revés que vive el proceso de paz por cuenta de las muertes que tienen hastiado al país sólo podría superarse, según analistas como Alfredo Molano, con el cese bilateral. El llamado es igual desde el Frente Amplio por la Paz, las organizaciones campesinas del Catatumbo y congresistas como Iván Cepeda. El Defensor del Pueblo enfatizó que, pese a la actual coyuntura, es indispensable persistir en las negociaciones.