Las FARC confirmaron que entre los muertos en los recientes ataques del ejército colombiano a la organización se encuentran dos jefes de la guerrilla, incluido un miembro de su delegación de paz. El comandante Pastor Alape, jefe negociador en La Habana, exigió además la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja, ya que acusó a las fuerzas armadas que dieron el “tiro de gracia” a soldados que aún se encontraban con vida tras los ataques.

El comandante Alape leyó la lista oficial de fallecidos en las últimas intervenciones de las fuerzas armadas colombianas. “Informamos al país y al mundo que el compañero Jairo Martínez, integrante de la delegación de las FARC en esta ciudad, quien estaba en misión de pedagogía de paz en dicho frente (rebelde atacado en Cauca el jueves), se encuentra entre los guerrilleros asesinados”, dijo. Alape también confirmó que en otro ataque el fin de semana murió el comandante Román Ruiz, miembro del Estado Mayor Central de las FARC, guerrilla que este miércoles cumplió 51 años de existencia bajo el asedio militar del gobierno colombiano, pero ninguna de las dos partes amenazó con abandonar el diálogo.

Por otra parte, el comandante de las FARC exigió que los cadáveres de los integrantes de las fuerzas insurgentes “sean inspeccionados por forenses nacionales e internacionales, bajo la mirada neutral del Comité Internacional de la Cruz Roja”. El pedido de Alape se debió a que el cuerpo médico de los rebeldes verificó que varios heridos que pedían auxilio fueron rematados con “tiros de gracia” por las tropas colombianas, lo que constituye una violación al derecho internacional humanitario. El comandante de las FARC también pidió al gobierno trabajar para restablecer la confianza. “Debemos concretar las medidas de desescalamiento del conflicto que estábamos analizando, ya que es la única manera de frenar las hostilidades.”

Desde su inicio, en noviembre de 2012, las negociaciones en la capital cubana se desarrollaron en medio de hostilidades en territorio colombiano, pero la tregua de las FARC y la suspensión de los bombardeos del gobierno habían reducido los combates y las bajas, que ahora han vuelto a aumentar. Al respecto, Alape desestimó que los ataques militares conduzcan a los insurgentes a aceptar las condiciones del gobierno en las negociaciones, en las que desacuerdos sobre los posibles procesos judiciales a los guerrilleros impidieron cerrar las discusiones.

Algo similar expresó desde las montañas de Colombia la cúpula de las FARC, al afirmar que un acuerdo de paz debe ser logrado a partir de un acuerdo de dos voluntades y no como el sometimiento de una hacia la otra. “Tenemos fórmulas para buscar la reconciliación de la familia colombiana. No vinimos a La Habana a negociar impunidades. Pero primero deberá darse una respuesta al paquete de propuestas mínimas sobre víctimas del conflicto que hemos presentado al gobierno en la Mesa de Conversaciones y que recogen las formuladas por las organizaciones de víctimas y de derechos humanos”.

Martínez, de 63 años y cuyo nombre real era Pedro Nel Daza Martínez, al igual que otros delegados de paz de la guerrilla, había regresado a Colombia para explicarles a los combatientes de la organización insurgente los alcances de los acuerdos parciales en las negociaciones, que buscan poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo. Pese a que en los últimos años se había dedicado a los diálogos de paz, el ex comandante fue conocido por haber sido partícipe del secuestro al sargento Pablo Moncayo, quien estuvo en poder de la guerrilla por 12 años. También se lo señala como el ideólogo del frente 14 de las FARC y fue quien tuvo a su cargo la seguridad dispuesta por este grupo armado en la zona del Caguán (departamento de Caquetá) durante las negociaciones de paz con el gobierno del ex presidente Andrés Pastrana.

Unos 40 guerrilleros de las fuerzas insurgentes murieron en tres incursiones militares en Cauca (suroeste), Antioquia (norte) y Chocó (suroeste), semanas después de que once militares perecieran en una emboscada rebelde en medio de una tregua unilateral de la guerrilla. Los ataques militares, lanzados luego de que el presidente colombiano Juan Manuel Santos reanudara los bombardeos a las FARC tras la emboscada a los soldados, llevaron a la guerrilla a suspender el jueves su tregua unilateral, en vigor desde diciembre.

Por su parte, el coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia, Ariel Avila, expresó que con el levantamiento del alto el fuego, la escalada de violencia es inevitable. “El riesgo para el proceso de paz es muy alto: que caiga un comandante o que las FARC hagan un gran atentado en la ciudades y que el gobierno reaccione”, expresó. Avila señaló que las partes deben ser cautas en las decisiones que tomen respecto del conflicto, que según cifras oficiales dejó 220.000 muertos y seis millones de desplazados. “En un proceso de paz tan avanzado como éste, aunque vaya lento, se puede echar todo por la borda con acciones como éstas”, añadió.