Un juez de la Audiencia Nacional de España inició ayer un juicio contra el Partido Popular (PP) por la supuesta existencia de una caja B y fijó una fianza de 1,2 millón de euros que debe pagar en 10 días. De este modo, el juez José de la Mata resolvió enjuiciar a los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas (foto), Alvaro Lapuerta y al ex gerente Cristóbal Páez como integrantes de una organización criminal por la caja paralela del partido. El magistrado solicitó una fianza civil de 1,2 millón de euros a la formación presidida por el mandatario derechista Mariano Rajoy, con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes si no presta la caución. En el auto de apertura de juicio oral, de 102 páginas y notificado ayer, De la Mata también sentó en el banquillo de los acusados como responsable civil directo, solidario y subsidiario a Unifica, un estudio de arquitectura que se encargó de la reforma de la sede central del PP, ubicada sobre la calle Génova, en el centro de la capital española. A esa empresa le reclama también una fianza de 4,5 millones de euros, así como a sus responsables Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero, a los que acusó de delitos de falsedad en documentos mercantiles y delitos contra la Hacienda Pública. De la Mata considera acreditado que la caja B también se destinó a sufragar gastos electorales de candidatos (como los pagos al ex senador Luis Fraga o al propio Bárcenas en las campañas de 2004 y 2008) o de la propia formación en las elecciones catalanas de 2003, las generales, andaluzas y europeas de 2004 y las generales y andaluzas de 2008, todas las cuales fueron recogidas en los manuscritos del ex tesorero del PP.

El juez acusa por primera vez en esta causa a Bárcenas, Lapuerta y Páez de delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo y delito electoral. Estos cargos se suman a los de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, que también les atribuye la Fiscalía Anticorrupción.

Según relata De la Mata en el auto, “la caja B del PP funcionó al menos desde el año 1990 y hasta el año 2008, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas, al margen de la contabilidad oficial presentada por la formación política al Tribunal de Cuentas”. Parte del dinero que presuntamente se recibía en el PP en metálico por los donantes “era introducido en el circuito económico financiero a través de diversos ingresos en efectivo efectuados por la propia formación, habiendo previamente fraccionado la cuantía total de los mismos”, metodología que seguían Bárcenas y Lapuerta. Dentro de esa dinámica, el juez señala que el PP pagó con fondos procedentes de ese circuito opaco de donativos la reforma de su sede central y consta que no presentó declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente a 2008, por lo que dejó de declarar “el importe conjunto de las donaciones recibidas por la formación política” durante ese año.

Este escándalo de financiación oculta surgió a principios de 2013 cuando el diario español El Mundo aseguró que durante años Bárcenas había pagado sobresueldos en dinero negro a dirigentes del gobernante PP. Poco después, el periódico El País publicó unas anotaciones manuscritas, publicadas como “Los papeles de Bárcenas”, que señalaba entre los receptores de dichos fondos al propio Rajoy, quien habría cobrado hasta 25.000 euros anuales entre 1997 y 2008. El jefe de gobierno español, que en octubre pasado pidió perdón públicamente por los casos de corrupción, siempre rechazó esa acusación, aunque en 2013 reconoció haberse equivocado al confiar en Bárcenas, distanciándose de él y calificándolo de “delincuente”.