Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) señalaron que el diálogo de paz para el país caribeño no debe convertirse en un proceso judicial y afirmaron que ningún guerrillero debe ir a la cárcel por haberse alzado en armas. Las negociaciones, iniciadas en noviembre de 2012, se vieron complicadas por desacuerdos entre ambas partes sobre la aplicación de justicia ante crímenes contra la humanidad cometidos a lo largo del conflicto armado, el último en América, que dejó 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales. También se vieron complicadas por un recrudecimiento de las hostilidades en Colombia, choques que dejaron 45 guerrilleros y una quincena de militares muertos en las últimas dos semanas. Con todo, ambas partes ratificaron su voluntad de continuar con las negociaciones.

Las FARC se mostraron convencidas de que un proceso de paz no es un proceso de sometimiento ni rendición. “También creemos que no puede convertirse en un proceso judicial en que el Estado actúe como juez y parte”, señaló el comunicado leído a la prensa por el comandante Walter Mendoza, uno de los delegados guerrilleros en las negociaciones con el gobierno colombiano en Cuba. “En La Habana no se van a intercambiar impunidades, porque no es comparable el terrorismo de Estado al ejercicio del derecho a la rebelión; ningún guerrillero está dispuesto a pagar cárcel por haber ejercido dicho derecho”, expresó Mendoza.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, impulsa un proyecto de justicia transicional, rechazado por la guerrilla, que afirma que sólo busca castigar a los guerrilleros, en circunstancias en que el Estado es el principal responsable por la violencia armada. “Nunca daremos un voto de confianza al sistema judicial colombiano ni a simples promesas sin garantías de sus instituciones corruptas, porque no hemos venido a La Habana a someternos”, dijo Mendoza. La delegación del gobierno no formuló declaraciones a la prensa ayer, como es su costumbre.

El gobierno y las FARC anunciaron el viernes pasado que habían iniciado un proyecto piloto de desminado en Colombia, calificado por el comandante Pastor Alape, miembro de la cúpula de las FARC y uno de sus cinco plenipotenciarios en las negociaciones de La Habana, como un gesto esperanzador para el proceso de paz. Esa fue la primera iniciativa conjunta después de que recrudecieran las hostilidades en Colombia, lo que llevó a las FARC a suspender una tregua unilateral.