Mediadores y negociadores del gobierno y la guerrilla, ayer en La Habana.
Imagen: EFE.

El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron ayer su decisión de crear una Comisión de la Verdad una vez que se firme un acuerdo definitivo de paz, que será un mecanismo “independiente e imparcial de carácter extrajudicial”, que servirá para conocer todo lo ocurrido en el conflicto armado, apuntar responsabilidades y contribuir al reconocimiento de las víctimas.

“El gobierno nacional y las FARC hemos alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el acuerdo final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial”, dijeron en un comunicado leído por el diplomático cubano Rodolfo Benítez, cuyo país es garante junto con Noruega del proceso de paz. El anuncio fue realizado ayer en La Habana, sede de los diálogos de paz, por los representantes de Cuba y Noruega, países garantes del proceso, en un acto ante la prensa en el que estuvieron acompañados de los negociadores del gobierno de Juan Manuel Santos y del grupo guerrillero, coincidiendo con el cierre del ciclo 37 de las conversaciones.

Tanto Santos como los delegados de paz de la guerrilla celebraron la creación de la comisión, pero desde las FARC reiteraron su rechazo a normas penales “diseñadas para un solo destinatario” y presentadas “unilateralmente” por el gobierno.

“Nos congratulamos de haber alcanzado un acuerdo de creación de una comisión de esclarecimiento de la verdad, que es parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que está por cerrarse”, señaló ayer la guerrilla en un comunicado leído por el jefe negociador Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

En esa línea, las FARC reiteraron que para el buen funcionamiento de esa comisión era necesario que se abrieran los archivos para “conocer la verdad pura y limpia, las causas y la identidad con nombres y apellidos, de los máximos responsables” del conflicto armado. “Necesitamos como el aire para respirar, la paz, y para construir nuestra reconciliación sobre la roca de la no repetición y del nunca más”, subrayó Márquez.

El grupo insurgente señaló que, llegado el momento de enjuiciar los delitos cometidos durante más de cinco décadas de conflicto, “jamás se podrá equiparar el derecho a la rebelión con el terrorismo de Estado”.

También insistió en rechazar “normas penales diseñadas para un solo destinatario –derecho penal del enemigo– presentadas unilateralmente por el gobierno ante el Congreso y la Corte Constitucional sin tener en cuenta en absoluto la opinión de sus interlocutores de paz en la mesa de negociación”. “Porque la transición debe ser hacia la justicia social y la democracia, proponemos mecanismos de verdad, justicia y reparación derivados de un acuerdo político entre las partes y que tenga en cuenta la historia del conflicto y sus responsabilidades”, añadió.

El objetivo de la comisión será esclarecer y conocer la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado en Colombia y contribuir al reconocimiento de las víctimas y de la responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto, “como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición”.

Tendrá una duración de tres años con un período anterior de preparación de seis meses y su ámbito temporal será el período del conflicto, y estará integrada por once personas que deberán inspirar confianza en la ciudadanía y que serán elegidas por un comité compuesto por nueve integrantes.

Como parte de su mandato, se prevé que esclarezca las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que han tenido lugar durante el conflicto, así como las responsabilidades colectivas debido a estas prácticas.

Tras el anuncio de las delegaciones, el propio presidente Santos mencionó en su cuenta de Twitter: “Celebramos acuerdo en La Habana sobre creación Comisión de la Verdad. Importante paso. Necesitamos continuar avanzando en los otros puntos”. No obstante, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, férreo crítico de los diálogos de paz, dijo ayer que “en una democracia no pueden existir verdades oficiales” sobre lo acontecido en 50 años de conflicto armado, tras conocer que se creará una Comisión de la Verdad.

Ordóñez envió su opinión en cartas dirigidas a los jefes negociadores del gobierno, Humberto de la Calle, y de la guerrilla, alias Iván Márquez, antes de que desde La Habana se revelaran los pormenores de esa comisión.

En las notas el procurador subrayó que el resultado que arroje la comisión “no es la verdad oficial” de la historia del conflicto y pidió que los testimonios que en ella se obtengan no sirvan para “legitimar el terror”.

También remarcó que los eventuales testimonios que se obtengan en la comisión no pueden “sustituir la persecución judicial a los máximos responsables de dichos crímenes”. El único punto en el que Ordóñez coincidió con la mesa de negociaciones de Cuba fue en que la implementación de este grupo debe darse “una vez que se concrete un acuerdo de paz”.

Por el contrario, la ex senadora Piedad Córdoba dijo que la creación de la comisión “es un paso hacia la paz”, y en su cuenta de Twitter señaló que “la verdad es fundamental en todo proceso de reconciliación”.

Este acuerdo alcanzado entre las delegaciones de paz del gobierno y las FARC se produce al cierre de una tensa ronda de diálogos ante la escalada del conflicto armado en Colombia en los últimos días.

El ciclo 37 de las conversaciones que concluyó ayer contó, además, con la peculiaridad de la incorporación de la canciller colombiana María Angela Holguín a la mesa de trabajo, después de que Santos la nombrara junto al empresario Gonzalo Restrepo como refuerzo para su equipo de paz el pasado 20 de mayo.