La cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) finalizó ayer con un gesto a favor de Venezuela. De este modo, prevaleció la postura sostenida por el bloque latinoamericano y caribeño, que exigió que el documento final del encuentro no hiciera referencia a los políticos opositores encarcelados en Venezuela. Además, la Celac logró la adhesión de la UE a las críticas a las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra funcionarios del país sudamericano.

El Parlamento Europeo, con diputados de los 28 países de la UE, en los últimos meses aprobó varias resoluciones manifestando su “profunda preocupación” por la situación de Caracas, condenando la persecución de la oposición y pidiendo la liberación de Leopoldo López y Antonio Ledezma. Sin embargo, de esa preocupación y condenas no quedó ni rastro en el texto aprobado por ambos bloques. El documento deja así fuera la postura de los países europeos respecto a este tema, el más controvertido de la cumbre que ambos bloques celebraron en Bruselas.

En tanto, la declaración sí toma nota del rechazo del grupo latinoamericano y caribeño a la orden ejecutiva de Estados Unidos que considera a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional e impone sanciones a siete funcionarios del país, presuntamente culpables de violaciones de derechos humanos y de corrupción. De este modo, la Celac y la UE criticaron por escrito su “rechazo a medidas coercitivas con carácter extraterritorial contrarias a la ley internacional”. Además, “tomaron nota” de la declaración adoptada por el bloque en su cumbre de Costa Rica, en enero, en la que el grupo manifestó su “preocupación” por las sanciones estadounidenses.

El propio presidente venezolano Nicolás Maduro, que no asistió a la cumbre debido a una otitis, agradeció a la UE y la Celac la inclusión de “un gesto que muestra solidaridad” con su país. “El párrafo aprobado en Europa es de una magnitud sorprendente porque hay quienes querían llegar a esa cumbre haciendo lobby por aquí y por allá contra Venezuela, pero nuestro país ha salido reforzado de esa cumbre”, afirmó el mandatario antes del cierre de la cita en Bruselas.

El miércoles, en la inauguración de la cumbre, el presidente ecuatoriano Rafael Correa ya pidió en nombre de la Celac la derogación del decreto emitido por Washington. “La orden, además del ridículo argumento, viola flagrantemente el derecho internacional”, afirmó Correa, presidente pro témpore del bloque de países latinoamericanos y caribeños.

La situación en Venezuela fue desde el principio el asunto que acaparó las conversaciones de esta cumbre. Un día antes del comienzo de la cita, el viceministro de Exteriores de Cuba, Abelardo Moreno, reconoció que se trataba de la “mayor diferencia a la que se enfrentan la UE y la Celac”. El funcionario cubano reconoció entonces que el bloque latinoamericano tenía una posición clara respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela que no comparte la UE, sobre todo respecto a la orden ejecutiva de Estados Unidos.

Desde la parte europea habló del asunto el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que desde hace meses mantiene una tensa relación con Caracas por la posición de su país respecto a los políticos venezolanos encarcelados. A su llegada a Bruselas, Rajoy aseguró que para Venezuela quiere “lo mismo que para España y para todo el mundo: diálogo, democracia, libertad, progreso y respeto por los derechos humanos”. Al contrario de Venezuela, tanto el bloque europeo como el americano fueron mucho más explícitos al saludar el proceso de paz en Colombia. También acordaron una petición conjunta del fin del embargo norteamericano que pesa sobre La Habana. “Esperamos que se tomen todos los pasos necesarios hacia un rápido final del embargo estadounidense contra Cuba”, indica el texto, que felicita las negociaciones iniciadas en diciembre entre la isla y el país norteamericano.

La Habana dejó de ser un problema para el bloque europeo. Por el contrario, Bruselas se esfuerza ahora por avanzar en las negociaciones para lograr un tratado de diálogo político con la isla y dejar atrás la “posición común”, que desde 1996 condiciona las relaciones a avances en la situación de derechos humanos en la isla socialista.