Desde Brasilia

El presidente de la empresa Odebrecht, la mayor constructora de Brasila, fue detenido ayer junto a otro empresario del mismo ramo acusados de participar en el esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, conocido como Lava Jato (lavado rápido), por el que ya hay varios ejecutivos y políticos detenidos. Marcelo Odebrecht y Otávio Marques de Azevedo, titular de la constructora Andrade Gutierrez, son acusados de haber pagado sobornos por 106 millones de reales (35 millones de dólares) que podrían ascender a 720 millones de reales (240 millones de dólares) a altos ejecutivos de Petrobras.

Esas coimas se depositaron en empresas off shore con cuentas en bancos de Panamá, Suiza y Mónaco y corresponden a contratos obtenidos de forma fraudulenta por unos 17.000 millones de reales (5660 millones de dólares) por Odebrecht y 9000 millones de reales (3000 millones dólares) en el caso de Andrade Gutierrez. Unos 200 agentes de la Policía Federal fueron desplegados en el operativo Erga Omnes (expresión latina cuya traducción libre significa “nadie se salva”) realizado en las ciudades de Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre y San Pablo, donde fueron allanadas las oficinas de las dos empresas.

“Considerando la duración de este esquema criminal, que funciona por lo menos desde 2004, los contratos multimillonarios y propinas millonarias, parece improbable que fuera desconocido para los presidentes” de las compañías, dijo ayer el juez federal Sergio Moro, a cargo de la causa “Lava Jato”, en el que están envueltas unas 20 empresas privadas que realizaron contratos con Petrobras. “Aparecieron indicios concretos, no sólo en las declaraciones de testigos sino también documentos que prueban de algún modo que ellos participaron de las negociaciones y el direccionamiento de las licitaciones”, aseguró Igor Romario de Paula, comisario de la Policía Federal.

El Ministerio Público también los acusa de la formación de cárteles para el reparto de las licitaciones abiertas, que crecieron bastante después de 2007 cuando fueron descubiertas gigantescas reservas de crudo en aguas ultraprofundas de Río de Janeiro y San Pablo. Hasta el momento la trama de corrupción del “Lava Jaro” causó un perjuicio de unos 2000 millones de dólares a la petrolera estatal.

La noticia de las detenciones ocurridas en la mañana de ayer se transformó inmediatamente en el tema del día, y posiblemente será el del mes. Por la tarde el ministro jefe de la Casa Civil, Aloísio Mercadante, ofreció una conferencia de prensa junto a empresarios norteamericanos en el Palacio Itamaraty, Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que participó este diario. Con gesto contrariado, Mercadante explicó que los periodistas habían sido citados para tratar sobre la relación con Estados Unidos y el próximo viaje a Washington de la presidenta Dilma Rousseff, por lo que se limitó a decir que en Brasil impera el Estado de Derecho, la división de poderes y que desconocía en detalle las prisiones ocurridas por la mañana. Por cierto el asunto más comentado informalmente por reporteros y algunos funcionarios reunidos en Itamaraty no era el encuentro con empresarios norteamericanos sino las detenciones.

El senador Lindenberg Farias, del gobernante Partido de los Trabajadores de Río de Janeiro, afirmó que la “corrupción de gerentes de Petrobras no implica a toda la empresa, esto no puede ser una excusa para punir a Petrobras”, retirándole sus competencias en la explotación de los megacampos de aguas profundas. Una ley de 2010, elaborada por Rousseff, establece que la estatal participe en todos los pozos y el Estado sea propietario del petróleo, al contrario de lo que sucedía con otra norma sancionada por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). Lindenberg Farias habló el jueves en el recinto del Senado cuando Vanessa Grazziotin, del Partido Comunista, dijo que el PSDB, principal adversario del gobierno, “está promoviendo” una ley orientada hacia la “privatización” de Petrobras con el “pretexto” del escándalo.

En San Pablo el vicepresidente Michel Temer dijo ayer que está sorprendido por las detenciones y sostuvo que éstas no impedirán que esas empresas participen de futuras licitaciones de grandes obras de infraestructura, en las que el gobierno apuesta para retomar el crecimiento. Frente al retroceso de la economía, estimado en el uno por ciento en 2015, Dilma lanzó recientemente un programa obras por 66.000 millones de dólares en el que se espera contar con las grandes constructoras nacionales.

Mientras el gobierno defiende la tesis de que las grandes firmas brasileñas pueden participar en estas obras a pesar de los escándalos, se advierte un lobby en el Congreso y medios de comunicación para que se las excluya y favorezca a constructoras extranjeras. Se trata de un asunto crucial para el Palacio del Planalto que instruyó a la Abogacía General de la Unión para que formule un parecer que respalde a las constructoras locales.

Otro dato de importancia es que hasta ayer el juez Moro había ordenado la prisión de altos ejecutivos pero no de propietarios como es el caso de Marcelo Odebrecht. Es sabido que durante sus ocho años de gobierno Luiz Inácio Lula da Silva estimuló las inversiones de multinacionales brasileñas en el exterior, y que la nave insignia fue Odebrecht. Por esta razón en los mentideros del PT se sostiene que al mandar preso precisamente al titular de esa firma hay una señal velada del juez Moro, insospechado de petista, contra Lula.

Durante el V Congreso del PT concluido el sábado pasado algunos dirigentes acusaron a sectores de la Justicia de estar implicados en una campaña para desprestigiar a Lula y “construir pruebas” sobre bases falsas para procesarlo y dejarlo fuera de la carrera presidencial de 2018. En ese sentido se mencionó la forma “abusiva” con que el magistrado Moro echa mano de las delaciones premiadas de ex gerentes de Petrobras, que acceden a ese instituto para reducir sus penas.

Precisamente los detenidos ayer, Marcelo Odebrecht y Octavio Márques de Azevedo, fueron acusados por un ex director de Petrobras, Costa, que gracias a esa confesión ahora vive en libertad vigilada en su lujoso departamento de Río de Janeiro. Los dos citados y cinco ejecutivos fueron trasladados ayer por la tarde de San Pablo hacia Curitiba, capital del estado sureño de Paraná, donde serán indagados por el juez Moro que ordenó que el bloqueo de 20 millones de reales (6,6 millones de dólares) de las cuentas bancarias de cada uno de los imputados. Esta semana Marcelo Odebrecht había manifestado su rechazo a las acusaciones de la oposición contra las obras de la empresa en el exterior y que contaron con el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes). Esa firma realizó varios proyectos en varios países desde hace décadas y durante los gobiernos de Lula se celebraron nuevos acuerdos, como los que permitieron la ampliación del metro de Caracas y del Puerto de Mariel en Cuba. Junto con el endurecimiento de la campaña por el impeachment contra Dilma y la radicalización conservadora, la oposición impulsa la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigaciones sobre los préstamos del Bndes, con la mira en el puerto cubano. “Se colocó este tema en la línea de fuego del embate político, en este tema no hay nada ilegal ni inmoral, por el contrario... el gobierno brasileño tiene que apoyar a las empresas extranjeras en el exterior”, se quejó Odebrecht el lunes último. “Creo que en este embate, como la apertura de los archivos de Itamaraty (para conocer las negociaciones con Cuba), hay una gran movilización en contra. Permitirá quebrar esas falacias de que se hacen obras en el exterior (mientras no se hacen en el país), espero que se esclarezca todo”, sostuvo el empresario que desde ayer está preso.