Documentos desclasificados por Estados Unidos señalaron al dictador chileno, Augusto Pinochet, como el principal encubridor del caso de los dos jóvenes quemados vivos por los militares en 1986. Los archivos hasta ahora secretos, que fueron retenidos durante años por la Casa Blanca, la CIA y el Departamento de Estado, revelan que ese encubrimiento duró casi tres décadas e incluyó el secuestro e intimidación de testigos, así como el ejercicio de presión sobre jueces y abogados chilenos.

Según uno de los documentos desclasificados, sólo cinco días después de la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas, el general Rodolfo Stange, entonces jefe de la policía chilena, hizo entrega a Pinochet de un informe en el que se identificaba a las unidades militares responsables del crimen. Pinochet dijo a Stange que no se creía esa información y se negó a recibir el informe. Posteriormente, el ex jefe de policía entregó el manuscrito al general Santiago Sinclair, entonces vicecomandante en jefe del Ejército. “Sinclair supervisó intensos esfuerzos para silenciar a testigos y enterrar las pruebas”, señalan los documentos.

En otro texto, se afirma que un testigo fue secuestrado por unas horas y amenazado para que cambiara su declaración, mientras que la CIA sostiene en una nota que funcionarios del régimen “intimidaron a jueces y abogados para detener los esfuerzos de llevar ante los tribunales a los responsables del ataque”.

Por su parte, el gobierno de Chile anunció que traducirá al español los documentos y los pondrá a disposición del juez que investiga el caso Quemados, como se conoce al ataque que se cobró la vida del fotógrafo y dejó malherida a Carmen Gloria Quintana, entonces estudiante. El ministro de Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, dijo ayer que el gobierno sabía de la existencia de estos documentos desde hacía algún tiempo y que mantiene conversaciones con el Ejecutivo de Estados Unidos para conocer el contenido de los párrafos, que aparecen tachados en esos y otros textos desclasificados de la época del régimen militar (1973-1990). “Los documentos contienen mucha información y aportarán datos significativos a la investigación judicial”, aseguró Muñoz.

El responsable de la investigación, Peter Kornbluh, destacó que el informe, que fue desclasificado hace más de diez años y que recién fue difundido ayer en el marco de los 12 nuevos procesamientos contra ex militares dictados por el juez Mario Carroza, cuenta con precisos detalles que podrían servir de apoyo a la investigación. “Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen de cuya autoría militar no caben dudas”, dijo. Kornbluh, quien se desempeña como funcionario del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó que el asesinato de Rojas contribuyó a la decisión del entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan, de retirar su apoyo al régimen de Pinochet.

En tanto, Quintana se reunió con el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, con quien discutió los pactos de silencio que mantienen hasta hoy miembros del ejército. Tras el encuentro, declaró que sospechaba que el dictador estuviera tras el encubrimiento. “En Chile no se movía ni una hoja si Pinochet no lo sabía, por lo tanto es el autor y encubridor de este grave atentado a los derechos humanos”, remarcó Quintana, que sufrió quemaduras en el 62 por ciento del cuerpo. “Todos sabemos que Pinochet estaba perfectamente informado, y no sólo él, sino todos sus ministros y el conjunto de las fuerzas armadas”, añadió.

Por su parte, Gómez aseguró haberles pedido a las instituciones de las fuerzas armadas un informe de todas las personas contratadas extra institucionalmente que hayan sido procesadas o condenadas por causas de violación a los derechos humanos. “En la medida que existan antecedentes hemos pedido que se entregue un informe con todas las personas contratadas a honorarios, procesadas o condenadas, en un plazo de 20 a 30 días.” El ministro agregó que es él quien debe tomar la decisión de exigir un pronunciamiento público al Ejército por los pactos de silencio.

Rojas y Quintana fueron detenidos por una patrulla militar el 2 de julio de 1986 en un barrio de Santiago, rociados con gasolina y quemados vivos. Después, los soldados los llevaron a las afueras de la ciudad y los arrojaron a una zanja junto a un camino rural de la que lograron salir unas horas más tarde y pedir ayuda, aunque Rojas falleció 96 días después.

El golpe de Estado de 1973 fue un plan casi exclusivamente naval, con miembros de la fuerza aérea, a la que se sumó a última hora el Ejército chileno. Sin embargo, los organismos de Inteligencia naval de Estados Unidos tuvieron libre acceso a las dependencias de la Armada y al Ministerio de Defensa. Muchos de los oficiales de la Oficina de Inteligencia Naval que participaron en las etapas previas y en las primeras acciones del golpe estaban embarcados en buques de la Armada estadounidense navegando en las afueras de Valparaíso.