La empresa brasileña Camargo Correa, una de las apuntadas en los casos de corrupción derivados de la estatal Petrobras, admitió formar parte de un sistema de cartelización en la licitación de la central nuclear Angra 3. La constructora asumió la culpa tras firmar un acuerdo con el Consejo de Administración de Defensa Económica (CADE), a cambio de la obtención de una reducción ante eventuales sanciones penales, con multas que van del 0,1 al veinte por ciento de la facturación de la compañía e incluso inhibirla para celebrar contratos con el sector público.

Este nuevo elemento se suma a los derivados del escándalo de corrupción de Petrobras, que esta semana alcanzó a la estatal Electronuclear, por el que resultó detenido su presidente, el vicealmirante Othon Luiz Pinheiro, acusado de haber recibido sobornos a cambio de adjudicar contratos arreglados a las mismas empresas que desviaban recursos de la petrolera estatal. Pinheiro, considerado el padre del programa atómico brasileño, se había apartado de sus funciones en el mes de abril, cuando comenzó a ser investigado para determinar cómo recibió cerca de 4,5 millones de reales (algo más de 1,3 millón de dólares). Finalmente, se supo que los obtuvo tras falsificar contratos para la construcción de la planta nuclear. Esos contratos fueron adjudicados por Electronuclear, subsidiaria de la también Electrobras, a varias empresas investigadas por el desvío de recursos en contratos con Petrobras.

A partir de este acuerdo con el CADE, Camargo Correa presentará pruebas a la autoridad brasileña de cómo esa y otras empresas se beneficiaron de la red de corrupción estatal. La suma de esos contratos de licitación con precios cartelizados están calculados en 3000 millones de reales (unos 885 millones de dólares), lo que representa una quinta parte del costo de la central nuclear, que comenzó a ser construida hace tres años en la ciudad carioca de Angra dos Reis. La prensa brasileña señala que Camargo Correa, la segunda constructora del país, ya habría admitido que junto a otras seis empresas que trabajan en Angra 3 realizaron, entre 2011 y 2013, acuerdos para cartelizar los precios de sus servicios.

Por otra parte, también dentro de la operación Lava Jato, la Policía Federal acusó el viernes al ex director internacional de Petrobras, Jorge Zelada, de supuesta corrupción pasiva, lavado de dinero y evasión de multas. La acusación fue enviada al Ministerio Público Fiscal de Paraná, que ahora deberá analizar las pruebas para decidir si avanzar con la denuncia contra Zelada o archivar los cargos. Zelada está bajo prisión preventiva desde el último 1º de junio, a partir de la Operación Mónaco, en referencia a las transferencias financieras del directivo en el exterior. Según las investigaciones, Zelada envió 7,5 millones de euros que estaban en Suiza a una cuenta en el principado de Mónaco, con el objetivo de impedir el bloqueo de los fondos.

El abogado de Zelada, Renato de Moraes, afirmó que su cliente niega las acusaciones, pero que sólo ejercerá defensa cuando se recolecten todas las pruebas. “Mi consejo es no responder a las preguntas, porque todavía no conocemos todos los documentos”, señaló el letrado.