La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de México que abra nuevas líneas de investigación sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi un año en el estado de Guerrero, luego de que un grupo de expertos descubriera pistas que hasta ahora no habían sido analizadas. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH señaló que el móvil del crimen pudo haber sido la toma de un ómnibus cargado de droga oculta y que los jóvenes no fueron incinerados en un basurero del municipio Cocula, como se creía. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo haber dado indicaciones para que las investigaciones del caso tomen en cuenta el informe de la Comisión. En tanto, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, anunció que el gobierno prorrogará el mandato de los expertos de la CIDH para que continúen investigando el caso.

Los especialistas del GIEI afirmaron que ninguna fuerza del Estado azteca actuó para proteger a los alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en el municipio guerrerense de Iguala. Aquella noche, los ataques armados a varios ómnibus que transportaban a los alumnos de Ayotzinapa y a un equipo juvenil de fútbol dejaron seis muertos y 25 heridos. Además, desaparecieron 43 estudiantes que, según las hipótesis más firmes, fueron capturados por policías locales que los entregaron a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos y éstos los mataron y quemaron sus cuerpos en el municipio vecino Cocula.

Según los expertos del GIEI, los estudiantes se habían apoderado aquella noche de cinco micros en Iguala con el objeto de trasladarse hasta la Ciudad de México para participar de una protesta, pero la investigación no toma en cuenta uno de esos vehículos. Testimonios de sobrevivientes a los ataques de esa noche y documentos hallados llevaron a los expertos a la conclusión de que ese ómibus es central en la investigación del caso, aseguró Carlos Beristain, uno de los miembros del GIEI. El GIEI cree que en ese micro pudo haber existencia de drogas ilícitas o dinero, porque el patrón de actuación de los perpetradores de los ataques demuestra la intención de no dejar salir los micros de Iguala y acabar con cualquier posibilidad de huida.

El informe del GIEI destaca que el resto de las explicaciones posibles, como la supuesta confusión de los estudiantes con un grupo de narcotraficantes, es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades sobre los hechos y con que los jóvenes iban desarmados. Por ese motivo, el grupo de expertos designados por la CIDH recomendó al gobierno de México investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes.

Los expertos concluyeron que no existe evidencia de que los jóvenes desaparecidos fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula, hipótesis anunciada en enero como “verdad histórica” por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo. Por otra parte, los miembros del GIEI aseguraron que ni policías de Guerrero ni agentes federales ni efectivos del Ejército actuaron para proteger a los estudiantes pese a que tuvieron conocimiento de los ataques e, incluso, estuvieron en algunos de los escenarios mientras los hechos se producían.

De acuerdo con el informe, aquella noche se dan algunas comunicaciones que señalan la intervención de ciertos agentes de fuerzas estatal o federal en verificar las actuaciones o informaciones existentes pero, pese a que fueron testigo del nivel de agresión y violaciones de derechos humanos, no actuaron en protección de los normalistas.

Ayer, el presidente Peña Nieto escribió en su cuenta de Twitter: “He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de la CIDH”. En una conferencia de prensa posterior a la presentación del informe, Gómez anunció, además de la prórroga del mandato de los expertos de la CIDH, que ordenó un nuevo peritaje al basurero de Cocula, a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forentes del más alto prestigio. La titular de la PGR dijo también que ordenó que la investigación quede concentrada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, lo que permitirá que los procesos penales abiertos se acumulen y sean resueltos por el mismo juez federal.