Las deportaciones de personas de origen colombiano de vuelta a su país desde Venezuela generaron la crítica de distintas organizaciones de derechos humanos de la región. Organismos americanos, denunciaron en un comunicado conjunto violaciones a los derechos humanos del gobierno venezolano por las deportaciones masivas e indiscriminadas en la frontera. Según el comunicado, la decisión de Caracas de declarar el estado de excepción, de cerrar de los pasos y deportar inmigrante colombianos son incompatibles con el derecho internacional. Sin embargo, el Defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, afirmó ayer que su país es un Estado garante de los derechos humanos y que no ha dado ni una sola prueba de que hayan expulsado refugiados. Así se sumaron a las críticas por el mismo tema de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El comunicado de los organismos de derechos humanos recordó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) señaló en innumerables ocasiones que el cierre de las fronteras impide la salida de personas que son víctimas de persecuciones en sus países. “Si la gestión de las zonas está a cargo de las fuerzas de seguridad es necesario que se habiliten de manera inmediata mecanismos de protección judicial frente a abusos y violaciones de los derechos humanos que estas fuerzas puedan cometer”, afirma el escrito, firmado Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). También lo firman Dejusticia de Colombia y Laboratorio de Paz y Provea de Venezuela.

Los organismos aseguran que la forma en que las deportaciones fueron llevadas a cabo viola las garantías previstas por el derecho internacional para la protección de los derechos de las personas migrantes. “La deportación es la más extrema de las medidas y tiene un enorme impacto personal y familiar. Por ese motivo exige el cumplimiento de determinados procedimientos y está sujeta a controles estrictos”, advirtieron en el documento. “Las fronteras no pueden convertirse en espacios de tensión ni en germen de la xenofobia y la reproducción de la violencia. A la hora de tomar medidas sobre estos territorios, los gobiernos deben partir del reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas afectadas”, dijeron. “De manera urgente se deben revisar las medidas que implican el cierre de la frontera, habilitar los espacios institucionales o judiciales de control de las decisiones que se adopten y asegurar las garantías de debido proceso, de protección judicial y respeto al derecho familiar”, concluyeron.

Por su parte, el Defensor del Pueblo de Venezuela respondió desde Ginebra las acusaciones en contra del gobierno de su país. “Es verdad que hubo inmigrantes ilegales deportados, pero se utiliza el tema de los derechos humanos para mentir”, afirmó. “Hay narcotráfico, paramilitarismo y bandas organizadas en Venezuela que se dedican al contrabando de gasolina y de productos comprados a bajo precio en Venezuela por estar subvencionados por el gobierno, vendidos luego a precios más altos en Colombia”, argumentó. “Pedimos que nos documenten los casos, pero lanzan cifras genéricas para dañar a Venezuela, no hay un solo caso de un refugiado deportado”, insistió. Saab dijo que toda diferencia debe solucionarse por la vía del diálogo. El Defensor del Pueblo viajó a Ginebra para informar a las autoridades de diferentes órganos de la ONU sobre la situación en la frontera, lo mismo que hizo el lunes la canciller colombiana María Angela Holguín.