El presidente catalán Artur Mas (foto) fue imputado por organizar una consulta simbólica sobre la independencia en 2014, decisión denunciada por los separatistas, decididos a emprender la secesión de España tras su victoria electoral. La fiscalía denunció a Mas y a dos miembros de su antiguo ejecutivo por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones por la consulta del 9 de noviembre en la que participaron 2,3 millones de catalanes, de los que casi 1,9 millones votaron por la independencia. El presidente, que podría ser inhabilitado, deberá declarar el 15 de octubre. “Estamos ante un juicio político”, dijo la portavoz de su gobierno regional, Neus Munté, en rueda de prensa posterior a la reunión semanal del ejecutivo en Barcelona. “Hay enorme anomalía democrática en la fiscalía general del Estado y el gobierno español para querellarse contra un presidente escogido democráticamente por haber puesto las urnas y escuchar la voz del pueblo”, denunció la vocera.

En las elecciones regionales del domingo, presentadas como un plebiscito a favor o en contra de la independencia de la región, los partidos soberanistas consiguieron la mayoría absoluta (72 sobre 135 escaños) aunque no alcanzaron el 50 por ciento de los votos (47,8 por ciento). Aun así, se consideran legitimados para emprender el proceso que llevará a constituir en 2017 una república independiente en esta rica región del noreste de España, con 7,5 millones de habitantes. “Esta citación es la mejor demostración de porqué tenemos que ser un país independiente”, aseguró a una radio el líder del partido independentista ERC (izquierda), Oriol Junqueras, aliado de Mas en la coalición Junts pel Sí, vencedora de las elecciones. El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, señaló que la imputación no se produjo antes para no interferir en las elecciones.

Mas, que desde 2012 pedía la organización de un referéndum de autodeterminación denegada por el gobierno español de Mariano Rajoy, impulsó la consulta sin valor legal a pesar de la prohibición cautelar del Tribunal Constitucional, recurrido por el ejecutivo central. En junio, esta corte certificó su ilegalidad argumentando que un gobierno regional no puede organizar cualquier tipo de consulta sobre cuestiones que superen sus competencias, como la integridad territorial del país. Al no poder organizar un referéndum legal, Mas anticipó las elecciones regionales del domingo para convertirlas en una especie de plebiscito a su plan para separar Cataluña del resto de España en 2017.