El gobierno colombiano y las FARC reanudaron las conversaciones de paz en Cuba ayer con la mira puesta en alcanzar un tratado final en medio año más, meta crucial que la guerrilla manifestó observar con gran optimismo. Además, el enviado estadounidense a las conversaciones de paz con Colombia, Bernard Aronson, afirmó que Estados Unidos respetará la decisión soberana del gobierno de esa nación suramericana sobre no extraditar guerrilleros como garantía para el éxito del proceso de paz.

El jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez, destacó que los rebeldes seguirán negociando sin alterar lo ya acordado por ambas partes el 23 de septiembre en La Habana, cuando fijaron las bases para juzgar los crímenes cometidos a lo largo del conflicto armado de medio siglo. “Se trata de un modelo de justicia para la paz incomparablemente más detallado y avanzado que cualquier otro texto en el mundo”, dijo. “El texto íntegro del acuerdo fue depositado ya ante los países garantes (del proceso de paz), Cuba y Noruega”, adelantó. Sin embargo, Márquez opinó que el acuerdo debería ser publicado a la mayor brevedad posible. Esto se debe a que el escrito hecho público se construyó en base a un texto más largo de 75 puntos, elaborado por un grupo de juristas. “De esta forma, evitaremos especulaciones o tergiversaciones interesadas sobre su contenido”. El documento de 75 puntos, que es el que piden que se de a conocer, está dividido en cuatro apartados: principios jurídicos; amnistía, indulto y tratamiento diferenciado para las fuerzas militares; competencia y funcionamiento de la jurisdicción especial; y sanciones aplicables.

Por su parte, el jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, indicó ayer que el acuerdo alcanzado con las FARC es firme pero consideró que se trata de un documento todavía en desarrollo, por lo que quedan aspectos que deben precisarse. “El gobierno considera que en algunos casos hay textos cuya interpretación posterior a su redacción sugiere cierto grado de ambigüedad que debe ser precisado”, indicó el líder de la comitiva gubernamental. “Consideramos que es necesario continuar rápidamente el trabajo por parte del Grupo Jurídico para concretar los elementos pendientes”, dijo De la Calle.

Según el Ejecutivo, quedan por definir asuntos como el régimen de privación efectiva de la libertad bajo el que cumplirán condena aquellos que se sometan a la jurisdicción especial para la paz, si habrá o no extradiciones o la manera en que entrarán en la jurisdicción especial y serán juzgados los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto.

La semana pasada ambas partes aclararon que el acuerdo acaba con las extradiciones de guerrilleros a Estados Unidos, que exigió la entrega de cabecillas de las FARC. Al respecto, el enviado estadounidense al proceso de paz en La Habana dijo ayer que Washington respetará el pedido de Bogotá. “Si el gobierno de Colombia por sus propias razones, con el objetivo de conseguir la paz, decide que un cierto grupo de personas estará sometido a justicia transicional y no estará sujeto a extradiciones, están en todo su derecho”, explicó Aronson en una conferencia sobre el proceso de paz de Colombia que brindó en el centro de estudios del Wilson Center en Washington.

Aronson matizó que en el caso de delitos de tráfico de drogas y pese a que los detalles aún se están negociando, los acuerdos de paz dejarán claro que aquellos que fueron beneficiados por actividades ligadas al narcotráfico no serán amnistiados. Además, el enviado del gobierno del presidente Barack Obama dijo que una posible liberación del ex líder guerrillero Juvenal Ovidio Palmera, alias Simón Trinidad, preso en una cárcel de máxima seguridad estadounidense, no forma parte de las negociaciones. “No es un preso político. Fue condenado por actividad criminal en Estados Unidos y por intento de secuestrar a ciudadanos estadounidenses”, apuntó. Sin embargo, dijo que la paz en Colombia abrirá “un nuevo capítulo para el país”, ya que puede convertirse en un imán de inversiones –siempre que no se dé la espalda a comunidades rurales– y un modelo de éxito y modelo democrático.

Previo al anuncio de Aronson, el secretario de Estado, John Kerry, afirmó que Washington apoya el proceso de paz en Colombia y los esfuerzos de su mandatario, Juan Manuel Santos, para conseguir una “justa y duradera paz con las FARC”. La posición fue expresada en una reunión que mantuvieron el jueves Santos y Kerry en Nueva York, donde ambos coincidieron para participar en las sesiones de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.

Según cifras oficiales, el conflicto armado en Colombia dejó 220.000 muertos y seis millones de desplazados, y éste es el tercer intento entre el gobierno y las FARC para acabar la contienda.