Desde Brasilia

Transcurridos 365 días desde la reelección de Dilma Rousseff y 364 del inicio de la campaña contra ella y Luiz Inácio Lula da Silva, el ex presidente preserva la intención de voto cautivo más alta entre los políticos brasileños. En el primer aniversario del triunfo de Dilma sobre su rival Aécio Neves el diario Estado de San Pablo publicó ayer que Lula cuenta con el 23 por ciento de electores incondicionales, cifra que aumenta al 41 por ciento si se incluyen los votantes potenciales.

“Esta encuesta inédita de Ibope demuestra que el fantasma de un tercer mandato de Lula en 2018 (gobernó dos veces entre 2003 y 2011) continúa amenazando a la oposición” reconoce el periódico, corroborando la eficacia relativa del martilleo contra el líder del PT y hombre influyente en el gobierno dilmista.

El artículo plantea que, de momento, lo más realista para acabar con Lula, Dilma y el PT es vencerlos dentro de tres años en las presidenciales, dejando de lado el aventurerismo del golpe de corto plazo, encabezado por Aécio Neves y el jefe de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, el evangélico que predica contra el pecado de la corrupción y lavó dinero del Petrolao en Suiza donde le descubrieron cuentas secretas.

El climax de esa carrera destituyente se alcanzó hace dos semanas, el 13 de octubre, cuando Neves y Cunha estuvieron a horas de abrir el proceso hacia el impeachment (juicio político) en el Congreso lo cual fue impedido por una medida cautelar del Supremo Tribunal Federal.

De haber prosperado, esa maniobra daría inicio a la deposición de la presidenta y una eventual convocatoria a elecciones anticipadas en las que Neves se considera un seguro vencedor. Los números de Ibope dicen otra cosa. Por lo pronto Lula, pese a haber perdido 10 puntos de aprobación y tener una tasa de rechazo del 55 por ciento, es un candidato temible dado que cuenta con el 8 por ciento más de electores cautivos que Neves y está un 16 por ciento arriba del gobernador de la provincia de San Pablo, Geraldo Alckmin, otro político con aspiraciones presidenciales.

La tasa de rechazo de Lula es hija de las campañas negativas, mediática y judicial, de las que es blanco permanente, sin tener derecho a réplica ya que desde hace meses no es entrevistado por ningún medio de alcance nacional. Los contados reportajes que se le realizan son en medios regionales. Y cuando se los transcriben en grandes grupos, se los tergiversa, igual que a sus discursos en sindicatos o encuentros de movimientos populares como el que mantuvo este fin de semana con los campesinos sin tierra.

“El dato concreto es que estamos viviendo casi en un estado de excepción, no se puede seguir con esto de que las personas son condenadas sin ser juzgadas... quien condena no es el juez, es la tapa de un diario (lo que alimenta un clima), de sospecha generalizada... Me irrita ver a corruptos históricos hablando de corrupción”, dijo Lula el viernes durante una gira por el nordeste. Y el sábado confesó, ante la dirección de los sin tierra, estar “irritado” por las acusaciones lanzadas contra sus familiares.

Ayer la policía federal allanó la oficina de su hijo, Luis Claudio Lula da Silva, dentro de las diligencias del Operativo Zelotes contra una red de empresarios y lobistas. Cristiano Zanin Martins, abogado de Lula hijo, calificó como “desproporcionada” la requisa policial en las oficinas en San Pablo y consideró que se intentan forzar los indicios sobre vínculos inexistentes de su cliente con el Operativo Zelotes.

También sobre el caso Zelotes el ex ministro y dirigente petista Gilberto Carvalho dijo, en declaraciones publicadas ayer, que habitualmente los lobistas son “malandros” y afirman mantener relaciones con el gobierno que son falsas o exageradas para obtener beneficios. Y que estas habladurías no se pueden tomar como pruebas para imputar a nadie. Carvalho, que integró los gabinetes presidenciales de 2003 a 2014, deploró el abuso de las “delaciones premiadas” de las que se valen algunos jueces, especialmente los abogados a forzar pruebas que imputen a Lula.

Democracia adolescente

Prácticamente desde que la Justicia electoral confirmó el triunfo de Dilma con más de 54 millones de votos en el ballottage del 26 de octubre sobre Neves, comenzó la tarea, que se prolonga hasta hoy, de inviabilizar su segundo gobierno, el cuarto del PT. Primero fue el mercado financiero que a las 10.30 de la mañana del lunes 27, disgustado con la opción de la mayoría de los electores, hacía caer el 6 por ciento en su apertura a la Bolsa de Valores de San Pablo donde las acciones de Petrobras se hundían más del 10 por ciento.

Todo porque el poder financiero exigía el nombramiento de un banquero, o su equivalente, en el Ministerio de Hacienda junto al fin de la política desarrollista aplicada por Dilma durante su primer mandato.

Semanas después Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), iniciaba su propia labor golpista afirmando que con la elección de Dilma había ganado una “asociación ilícita”. Simultáneamente, otra vez sin pruebas, denunciaba a la presidenta de haber cometido fraude, y solicitaba una investigación de la Justicia. El propio PSDB reconoció hace dos semanas que no hubo anomalías en las elecciones.

Es extenso el listado de denuncias sin sustento que, operaciones mediáticas mediante, pasado un tiempo se tornan pruebas y más tarde condenas. El domingo, en vísperas del primer año de su reelección, Dilma dijo a la CNN que le preocupa el “odio” sembrado por la oposición en su afán de derrocarla a través de un golpe a la paraguaya. “Tenemos que tener mucho cuidado con eso (el impeachment) porque yo diría que nuestra democracia es aún adolescente”.