Página/12 en Perú
Por Carlos Noriega Desde Lima

Luego de casi tres meses de silencio, el presidente Alejandro Toledo finalmente se decidió a dar la tan esperada respuesta oficial del gobierno al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que estudió la violencia política padecida por el Perú entre 1980 y 2000, y lo hizo en un breve mensaje televisivo de 12 minutos, transmitido a las 10 de la noche del viernes. En su informe hecho público el pasado 28 de agosto, después de dos años de trabajo, la CVR había señalado que la cifra de muertos y desaparecidos bordeaba los 70.000, muy por encima de las 25.000 hasta entonces aceptadas oficialmente, y que el 75 por ciento de estas víctimas fueron campesinos quechuahablantes, que habitan las empobrecidas y marginadas zonas andinas. Acusó al grupo maoísta Sendero Luminoso de haber cometido la mayor cantidad de crímenes, pero también responsabilizó a las Fuerzas Armadas y a la Policía de haber cometido torturas, violaciones sexuales, secuestros y ejecuciones extrajudiciales.
El presidente Toledo, que inició su breve discurso pidiendo perdón en nombre del Estado a las víctimas de la violencia política, ofreció reparaciones colectivas a las comunidades más afectadas por las acciones del grupo maoísta Sendero Luminoso y por la guerra contrasubversiva llevada a cabo por el Estado a través de programas de ayuda y desarrollo por un monto de 800 millones de dólares, que se ejecutarán hasta el 2006, pero obvió el tema de las reparaciones individuales a las víctimas de torturas y abusos, y a los familiares de los desaparecidos y asesinados, que la CVR había recomendado otorgar. Anunció que se elaborará un registro nacional de víctimas de la violencia. “Espero que las presiones de la sociedad ayuden a que se abra el capítulo de las reparaciones individuales, que no han sido anunciadas, pero tampoco negadas”, señaló en diálogo con Página/12 Rolando Ames, ex senador y miembro de la CVR. Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados por el grupo paramilitar Colina en la Universidad de La Cantuta en 1992, le comentó a este diario que en su opinión “las reparaciones anunciadas son bastante limitadas”.
Toledo puso énfasis en destacar la conclusión de la CVR que acusa a Sendero Luminoso de ser responsable de la mayor parte de los crímenes cometidos, pero al momento de juzgar el rol de las Fuerzas de Seguridad intentó minimizar su responsabilidad señalando que “algunos de sus miembros incurrieron en excesos”. La CVR había señalado en sus conclusiones que dada la dimensión de las violaciones a los derechos humanos cometidas no se podía hablar de “excesos” sino de “una práctica generalizada y sistemática de violaciones a los derechos humanos en ciertos lugares y momentos del conflicto”. Francisco Soberón, director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, le señaló a Página/12 que “en este punto tenemos nuestra mayor objeción al mensaje de Toledo. Lo ocurrido no se pueden considerar solamente excesos, nosotros coincidimos con lo que dice la CVR”.
Aunque casi al finalizar su mensaje Toledo señaló que “sin justicia no habrá reconciliación”, su mensaje prefirió eludir el espinoso tema de los procesos penales a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos. Amparándose en la independencia de poderes, señaló que este tema era responsabilidad de la Fiscalía y del Poder Judicial y no del gobierno. Pero Ames considera que Toledo pudo haber expresado “una mayor voluntad política” para impulsar desde el gobierno esos procesos penales, sin que eso signifique interferir con la Justicia. “Ha habido resistencias muy fuertes al enjuiciamiento de militares responsables de violaciones a los derechos humanos, y es muy posible que el presidente Toledo se sienta sin fuerzas para ir más allá de lo que ha ido”, señaló Ames tratando de explicar la tibieza presidencial en este tema.
La CVR entregó a la Fiscalía de la Nación hace casi tres meses 43 casos documentados de violaciones a los derechos humanos, sin embargo, la Fiscalía hasta el momento solamente ha derivado 13 casos a los fiscales para que inicien las investigaciones; el resto se mantienen encarpetados. Durante este tiempo, los principales responsables de la Fiscalía se han dedicado más bien a atacar el informe de la CVR y cuestionar la validez de sus investigaciones. De otro lado, el Consejo Supremo de Justicia Militar absolvió hace unos días a los comandos que participaron en el Operativo Chavín de Huántar, que terminó con el secuestro de la residencia del embajador japonés en 1997 por parte del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), a pesar del testimonio de un diplomático japonés que aseguró haber visto rendirse vivo a uno de los miembros del MRTA, y de la existencia de un contundente informe del Equipo Peruano de Antropología Forense que señala que nueve de los catorce guerrilleros del MRTA muertos en ese operativo presentaban un tiro en la nuca disparado de arriba hacia abajo, lo que revela un patrón de ejecución o de repase a los heridos. Y el jefe de ese operativo, el general José Williams, acaba de ser ascendido por el gobierno. Todo esto en medio del silencio de las principales fuerzas políticas. Sobre esta preocupante situación el presidente Toledo no dijo una sola palabra.