Desde Roma

Hay quien habla ya de un segundo capítulo de Vatileaks II, es decir nuevas revelaciones sobre documentos reservados del Vaticano que se agregarían a los contenidos de los dos libros –Vía Crucis de Gianluigi Nuzzi y Avaricia de Emiliano Fittipaldi– recientemente publicados en Italia, que están produciendo no pocas reacciones dentro y fuera de la Santa Sede. Y el tal segundo capítulo se referiría a documentos relativos al IOR o Banco Vaticano, a menudo al centro de las críticas por la administración poco transparente que ha tenido por muchos años. Estos documentos, según aseguran algunos diarios italianos, incluirían la lista de los titulares de cuentas cifradas dentro del IOR, institución que por decisión del papa Francisco ha sufrido una serie de cambios, como el cierre de cuentas bancarias no pertenecientes a miembros de la Iglesia o poco claras. “Las cuentas en el IOR no aparecen a menudo con el nombre y apellido del directo interesado sino como Fundación XX u otro nombre por el estilo, una fundación que en realidad no existe”, explicó el autor de Vía Crucis.

Pero también, al parecer, los nuevos documentos incluirían la lista de las personas que alquilan las casas o departamentos (y las cifras) de propiedad de APSA, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica –también considerada como una suerte de Banco Central del Vaticano–. Según Avaricia, el Vaticano tiene unos 4000 millones de euros en propiedades inmobiliarias repartidas por Italia y el mundo pero principalmente en Roma, y muchas veces las alquila a precios regalados. “Las autoridades judiciales vaticanas abrieron una investigación relativa a la difusión de un documento sobre el APSA”, confirmó la oficina de prensa vaticana.

Algo similar habría salido a relucir sobre los inmuebles de propiedad de Propaganda Fide, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos que se ocupa de la evangelización en el mundo. Según el diario milanés Corriere della Sera, en algunos edificios de Propaganda Fide se habrían instalado centros de sauna y de masajes y algún hotel. Y menciona el caso de Maurizio Stornelli, hermano de un ex dirigente de Finmeccanica –la empresa de control estatal que entre otras cosas, fabrica armas– a quien se habría alquilado un edificio para hacer una especie de hotel. En un comunicado Propaganda Fides subrayó que “acoge todas las reformas administrativas previstas por las Secretaría Económica” –el Ministerio de Economía vaticano desde la reforma de Francisco– sometiendo a ella todos sus balances y presupuestos. Resulta en consecuencia inaceptable las insinuaciones hechas por algunos medios”. “Todos los inmuebles de propiedad de la Congregación están alquilados a precios de mercado”, concluyó.

Siempre según la prensa italiana, la Justicia vaticana, que sigue investigando sobre el caso, estaría convencida de que los que han robado y dado a conocer documentos reservados son muchos más que las dos personas acusadas oficialmente hasta el momento, el prelado español del Opus Dei, Lucio Angel Vallejo Balda, y la laica italiana experta en relaciones públicas, Francesca Immacolata Chaouqui. El Corriere della Sera aseguró además que al menos cuatro altos prelados habrían sido interrogados en el Vaticano además de algunos laicos. Pero según el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, no ha habido cardenales interrogados y esas informaciones son “absolutamente falsas”. El papa Francisco, de su lado, ha dicho claramente que “robar documentos es un delito, es un acto deplorable que no ayuda”, pero que los escándalos no lo distraerán de su trabajo de reformas de las estructuras administrativas y financieras del Vaticano.

En un programa televisivo, el periodista Nuzzi dijo estar convencido de haber hecho su trabajo, de “haber dado noticias sobre una casta que en el Vaticano goza de demasiados privilegios”. Los documentos que él ha usado en el libro, dijo además, “no son robados porque quien me los dio tenía total disponibilidad sobre ellos”. “Hasta el papado de Benedicto XVI los papas eran como soberanos. Se dedicaban a la cuestión religiosa y dejaban el resto a la secretaría de Estado Vaticana –sede del virtual primer ministro–. Cuando llegó el papa Bergoglio, en cambio, quiso controlar las cuentas”, agregó.

Para el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, el robo de los documentos reservados ha creado “una atmósfera muy cargada”. La Iglesia debe “superar resistencias”, dijo, pero también reconoció que existe un “fuerte deseo de cambiar para mejor”, como piden las reformas emprendidas por el papa Francisco. El presidente de la Conferencia Episcopal italiana, Angelo Bagnasco, por su parte, como para tranquilizar las aguas en vista a los próximos meses que serán de gran actividad para el Vaticano, aseguró que los investigadores vaticanos quieren concluir sus pesquisas cuanto antes y cerrar el caso antes de la inauguración del Jubileo o Año Santo de la Misericordia, previsto para el 8 de diciembre.