Página/12 En Colombia

Desde Medellín

Colombia recibe el Año Nuevo en tránsito a la paz. La ONU, Estados Unidos y la comunidad internacional en general respaldaron las negociaciones del gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC que tienen lugar en La Habana, Cuba. El papa Francisco –de gira por América latina– envió múltiples espaldarazos al proceso, así como lo hicieron a lo largo del año organizaciones de víctimas, movimientos sociales, defensores de Derechos Humanos y centros de pensamiento colombianos. Al tiempo, la derecha y élites de Colombia proponen una dura oposición a la paz y promulgan persecución y estrategias de aniquilamiento físico e ideológico del otro.

El apoyo al Proceso de Paz se verá en las urnas al cabo de unos meses, cuando sean los colombianos quienes decidan sí o no a lo pactado en La Habana. Refrendar y comenzar la implementación de los acuerdos finales son dos de los grandes retos de Colombia y sus Diálogos de Paz para 2016. “Al fin estamos ante la oportunidad de pasar la página, tenemos una ventana de oportunidad que, a largo plazo, traerá transformaciones sociales, económicas y políticas que una democracia precisa que se han postergado , entre otras razones, por nuestra prolongada guerra”, opina el analista de Derechos Humanos y Paz Max Yuri Gil, de la Corporación Región.

También la crisis humanitaria en la frontera con Venezuela, la legalización de la marihuana para uso medicinal y la caída del precio del petróleo provocando inflación y dólar en alza, marcaron el año que termina. Además, en 2015 se dijo no más a las fumigaciones de cultivos de coca con glifosato y se aprobó la adopción de menores por parte de parejas gay. Todo ello en medio de un giro en la confrontación armada, en especial en zonas con presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC) gracias al cese al fuego que decretó esa guerrilla después de que casi fueron rotos los Diálogos por una masacre de soldados a manos de los rebeldes en la provincia de Cauca.

La reducción de la violencia durante los Diálogos de La Habana, se produjo en los períodos de treguas declaradas por las Farc como gesto de paz. De acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) “en comparación con el acumulado histórico del conflicto, el proceso de negociación ha ‘prevenido’, en sus tres años, la muerte de por lo menos 1.500 personas a causa del conflicto”. De esta cifra, la mayoría pertenece a combatientes (958 de las FARC y 189 de la Fuerza Pública), mientras “la población civil también se ha visto particularmente beneficiada por la reducción de la muertes de no combatientes en por lo menos 415 casos”.

En el primer ciclo de la Mesa de Conversaciones en 2016 que comienza el próximo 13 de enero, se esperan importantes anuncios sobre el cese del fuego bilateral, es decir, que el fin del fuego entre los rebeldes farianos y la Fuerza Pública cesea, y así que la tregua cumplida por las FARC ya no sea solamente unilateral. También está por verse qué pasará con la percusión a bandas criminales (bacrim), mafias y narcotraficantes, y cómo se desmontará por completo el paramilitarismo. De los seis puntos a tratarse en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, todavía faltan dos por cerrarse: fin del conflicto, esto es, dejación de armas, regreso a la vida civil y garantías de seguridad; y refrendación e implementación. Si será por medio de una asamblea constituyente como proponen las FARC y algunos colectivos sociales, o bien en un plebiscito como impulsa desde ya el gobierno nacional, se definirá al comienzo de este año si es que el Congreso aprueba el proyecto de plebiscito ya en curso y aceptado en primeras instancias.

En el diálogo que sostuvo con Página/12, el sociólogo Max Yuri Gil dijo que “mucha gente habla de su temor a que las Farc incumpla su parte; otros tenemos más miedo de que el establecimiento no cumpla; y además no hay consenso nacional sobre la necesidad de apostarle a la salida negociada de nuestro conflicto, en especial en las élites. Entonces, lo que pasará con la refrendación de los acuerdos no está muy claro, pero sí que con la implementación de los mismos acuerdo podremos cerrar, al menos, el período contrainsurgente”.

2016 es pues un año crucial para que la guerrilla más antigua de América latina abandone las armas y continúe su lucha en la democracia; también para la posible desmovilización de la segunda guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con lo que quedaría sin ejércitos rebeldes alzados en armas este país donde más de 6 millones de personas han sido desplazadas y 220 mil asesinadas en cinco décadas de confrontación.

Las negociaciones no son prenda de garantía de que disminuya la violencia del conflicto, pues subsiste la amenaza de la violencia, hasta en tanto no haya un cierre definitivo y garantías de no repetición que sólo traerá una política de seguridad efectiva, según aprecia el Cerac. “Nadie garantiza que se cumplan los acuerdos, sino hay un sujeto político fuerte, una sociedad informada, consciente y participativa, y renovadas políticas de guerra”, señala Gil.

Un año de inflexión para la historia de violencias y conflicto armado, pero también con tinta en las páginas de la verdad, la memoria y la reparación, acaba de comenzar en un país agitado por las dinámicas de mercado que obligan a explotar los recursos naturales, cuyas mayores reservas están en control territorial de las guerrillas y otros grupos al margen de la ley.

Si, como lo anunciaron Santos y alias Timochenko en marzo, están listos los acuerdos finales, lo que viene es un gran reto para la democracia en Colombia que reta no solo a las instituciones y el gobierno mismo que emprendió la salida negociada al conflicto, si no a los ciudadanos en todo el territorio nacional. Asimismo, a la cooperación internacional y el intervencionismo de potencias como Estados Unidos que tiene siete bases militares en este país, puerta de entrada de América del Sur, y que apoya al gobierno y la Fuerza Pública desde hace más de treinta años con la excusa de la lucha anticomunista y antidrogas. La relación del Estado, la empresa privada y el mismo Estados Unidos con el paramilitarismo, es otro tema por desmantelarse y superar para la consecución de la anhelada paz en Colombia. Para empezar, los beneficios en materia de justicia pactados en La Habana también aplicarán para agentes del Estado que decidan acudir al Tribunal Especial para la paz y aportar a la verdad.

La puesta en marcha de la Comisión de la Verdad, la continuidad del desminado humanitario, la búsqueda de desaparecidos y el plan integral que piden las víctimas de la fosa común más grande del país denominada La Escombrera –en Medellín– también son asuntos de filo para sembrar las bases de la “paz estable y duradera” que se persigue con los negociaciones de paz. Que las víctimas sean reparadas, dignificadas y conozcan la verdad sobre lo sucedido está en el centro del proceso, y es el imperativo ético que exigen opositores y defensores de los Diálogos. El escepticismo de la razón y la esperanza del corazón, como cita Max Yuri Gil a este diario, guían en muchos el camino de un nuevo capítulo en la historia de Colombia.