La nueva Asamblea Nacional (AN) de Venezuela juramentó con mayoría opositora por primera vez en 17 años y con el veterano Henry Ramos Allup como líder, quien adelantó que buscará la salida del presidente Nicolás Maduro. Previo a la instalación del nuevo Congreso, la polémica corrió en torno de los cuatro diputados electos por el estado de Amazonas, cuya proclamación fue suspendida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por lo que el oficialismo exigió a la bancada opositora respetar la decisión judicial.

La instalación del nuevo Parlamento, que legislará en el período 2016-2021, tuvo lugar tras la victoria de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las elecciones del 6 de diciembre, que se alzó con 112 de los 167 escaños. Desde el chavismo fue criticada la elección de Ramos Allup, ya que consideraron que es una “contradicción” que la MUD prometiera un cambio y luego eligiera como líder parlamentario a un político con más de 40 años de carrera legislativa. En tanto, la diputada Tania Díaz lamentó que la mayoría opositora apunte a la restauración de un modelo excluyente. “No hay ni una sola mujer en la directiva ni un solo joven, sino políticos de la vieja guardia.”

Ramos Allup confirmó ayer que este año la oposición buscará adelantar el fin del gobierno del presidente Maduro. “En seis meses se decidirá la salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno, lo que junto a una ley de amnistía a favor de presos políticos son compromisos no transables”, remarcó en su primer discurso tras ser investido como jefe del Legislativo, acto encabezado por el diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Héctor Agero, el parlamentario de mayor edad.

Las fuerzas opositoras anunciaron que sus dirigentes acordaron en julio pasado darse a partir de ayer un lapso de medio año para definir la vía para una salida anticipada del poder de Maduro, elegido en 2013 por un período que vence en 2019. Las opciones para ello, recordó, son el referendo revocatorio del mandato presidencial –puede activarse cuando Maduro cumpla en julio la mitad de su gestión–, la enmienda constitucional, la renuncia voluntaria del gobernante o el establecimiento de una Asamblea Constituyente.

Por su parte, el diputado Julio Borges presentó ayer oficialmente la agenda legislativa de la bancada opositora. “La gente eligió un cambio y se lo vamos a dar con una actitud y una conducta distinta”, dijo. El congresista apuntó que principales temas que le interesan a la MUD, al menos a corto plazo, es poder lograr aprobar la Ley de Amnistía y Reconciliación y una ley que le otorgue derecho de propiedad a la gente beneficiaria del programa Misión Vivienda.

Sin embargo, el oficialismo se retiró de la sala porque denunció que la oposición había violado el reglamento al realizar un debate cuando sólo correspondía una sesión protocolar de juramentación de la AN y la elección de su nueva directiva. El ex presidente de la AN y actual diputado por el oficialismo, Diosdado Cabello, afirmó que Ramos Allup rompió el reglamento al permitir que el parlamentario Borges abriera un debate al comentar sus propuestas, lo que no estaba permitido. “Ellos están violando la Constitución, son los mismos de las guarimbas, son los mismos del 11 de abril de 2002. No respetan la Constitución y las leyes, Ramos Allup llegó violando el reglamento”, opinó. “El señor Ramos Allup puede ser muy abogado; no se trata de una pataleta, nosotros hicimos un reclamo formal. No se le puede dar derecho de palabra a nadie más, es sólo la instalación”, explicó.

Previo a la instalación del Congreso, la polémica se centró en la suspensión de la juramentación ordenada por el TSJ. El diputado oficialista Pedro Carreño recordó que la Sala Electoral declaró procedente la solicitud de amparo cautelar. “En consecuencia, ordenó de forma provisional e inmediata la suspensión de los efectos de los actos totalización, adjudicación y proclamación (de estos diputados)”, dijo tras revisar las credenciales de sus colegas.

De oficializarse la suspensión de estos diputados, la bancada opositora quedaría reducida a 109 diputados, por lo que no contaría con la mayoría calificada de dos tercios que le permitiría reformar, derogar o aprobar leyes orgánicas sin contar con el voto del oficialismo. La medida del TSJ se produjo luego de que el PSUV introdujera un amparo contra los resultados de las elecciones en Amazonas tras presentar una grabación en la que presuntamente dos dirigentes opositores reconocieron haber comprado votos, una denuncia rechazada por la oposición. Carreño advirtió entre los abucheos de sus colegas opositores que si la MUD desconocía la medida de la Sala Electoral, el TSJ podría declarar nulas las sesiones que se realicen con la presencia de los diputados cuestionados. A pesar de las observaciones del oficialismo, la sesión continuó según lo pautado y sin que quedara claro qué sucedería con los diputados afectados por el fallo judicial.