La Justicia brasileña autorizó ayer el levantamiento de los secretos bancario y fiscal del presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha. El líder parlamentario, quien está denunciado por sus presuntos nexos con el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, negó los aumentos patrimoniales no declarados de los cuales se lo acusa y opinó que existe una investigación selectiva por parte de la Procuraduría General de la República.

La medida contra el dirigente opositor fue autorizada por el juez del Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, y alcanza también a la esposa, Claudia Cruz, a la hija, Danielle Dytz da Cunha y a por lo menos tres empresas del legislador evangélico. Zavascki es el relator de los procesos contra decenas de políticos aforados (con privilegios judiciales) que tramita la más alta corte del país, en el marco de la operación Lava Jato, que investiga los fraudes en la petrolera nacional. La decisión del magistrado atiende a un pedido de la Fiscalía, que solicitó el análisis de los movimientos financieros de Cunha entre 2005 y 2014. Entre las empresas de comunicación objeto de la medida anunciada ayer están tres de las varias que posee el líder de la Cámara Baja en sociedad con su esposa, y que están vinculadas a la religión que profesa: Jesus.com, C3 Producciones y Radio Satélite. Con el levantamiento del secreto bancario y fiscal, los investigadores pretenden obtener detalles de los movimientos financieros de Cunha y el posible uso irregular de sus empresas, además de averiguar qué clase de vínculos económicos estableció con sus prójimos.

El levantamiento de los secretos bancario y fiscal del legislador conservador ocurrió un día después de que el periódico paulista Folha do S. Paulo informara que el organismo de recaudación impositiva encontró indicios de un aumento patrimonial incompatible con sus ingresos y los de su familia. De acuerdo con un informe al que tuvo acceso el rotativo, el incremento en el patrimonio de Cunha y de su familia entre 2011 y 2014 fue de 1,8 millones de reales (unos 450.000 dólares).

Cunha minimizó ayer la decisión judicial y acusó al fiscal general de la República, Rodrigo Janot, de actuar políticamente y eligiendo a quién investigar. “Lo único que ocurrió fue una pérdida de 185.000 reales, debidamente registrada en las declaraciones de renta”, explicó.

Tras las críticas de Cunha, el Ministerio de Justicia, también por medio de una nota, rebatió los dichos del presidente de la Cámara. “Existe una determinación para que en cualquier caso de que ocurra una violación o abuso en la violación del levantamiento del secreto sean abiertas investigaciones policiales”, explicó. En el texto, la cartera destaca que las investigaciones en curso fueron solicitadas por el ministro de la Casa Civil, Jaques Wagner, con el objetivo de apurar el caso, del cual Cunha también “sería víctima”. Janot fue quien lo denunció formalmente ante el Supremo, lo que originó el año pasado que el diputado declarara la ruptura formal de relaciones con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

Por otra parte, el ex director del área Internacional de Petrobras, Nestor Cerveró, uno de los delatores de la Operación Lava Jato, dijo que el mismo Wagner recibió recursos desviados de Petrobras para su campaña para lograr la gobernación del estado de Bahía, en 2006. La información fue revelada por el diario Valor Económico. Según Cerveró, el entonces presidente de Petrobras, José Sérgio Gabrielli, había decidido transferir a Bahía el sector financiero de la estatal, y para eso, construyó un predio en Salvador. “Gabrielli decidió reubicar la parte operacional-financiera en Salvador sin ningún justificativo, pues había espacio para la referida área en Río de Janeiro”, afirmó. “Allí también hubo propina para la elección”, completó Cerveró en su declaración hecha a la Procuraduría antes de cerrar su acuerdo de delación. El predio fue levantado en contrato de locación firmado en 2010 entre Petrobras y Petros, el fondo de pensión de los empleados de la estatal. Las empresas OAS Y Odebrecht, también involucradas en la investigación, fueron contratadas para la construcción del edificio.

Sobre Cunha pesan, entre otras denuncias, la de haber recibido al menos cinco millones de dólares en sobornos, que le habían pagado empresas constructoras para obtener contratos con Petrobras. Además, la Fiscalía suiza reveló el año pasado la existencia de cuatro cuentas bancarias a nombre del legislador y su familia, en las que se habría depositado dinero fruto de los sobornos. El legislador negó en marzo ante sus pares en el Congreso tener cuentas bancarias en el exterior, lo que después fue desmentido por las autoridades suizas. Por eso, la Cámara baja abrió un proceso en su contra que puede derivar en la impugnación de su mandato.

El año pasado fueron registradas las residencias oficial y personal del legislador en Brasilia y Río de Janeiro, respectivamente, y le fueron confiscados computadoras, celulares y documentación.

Cunha es uno de los principales dirigentes del PMDB, el mayor socio del gobierno de Dilma. No obstante, es un opositor declarado del Ejecutivo y fue quien dio luz verde para que en noviembre se iniciara en la Cámara Baja el proceso que tiene como fin conseguir la destitución de la mandataria.