El líder de la izquierda uruguaya, Tabaré Vázquez, propuso ayer crear una comisión de legisladores de todos los partidos para “avanzar en el diseño de un proyecto de política energética” que sustituya a la ley derogada anteayer en una consulta popular. Más tarde, el presidente Jorge Batlle destacó que antes del 20 de este mes licitará la construcción de una nueva usina de gas. Vázquez, principal aliado del sindicato de funcionarios de la petrolera estatal Ancap, promovió el referéndum para la quita de la ley que eliminaba el monopolio de la destilación de combustibles. Según datos oficiales difundidos ayer, el “Sí” en favor de derogar la ley obtuvo el 62,21 por ciento de los votos, frente a un 35,42 de los electores que apoyó el “No”.
El candidato presidencial de la coalición de izquierdas Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), con posibilidades de acceder al gobierno en las elecciones de octubre de 2004, reclamó un “consenso multipartidario”. La ley derogada en el referéndum del domingo había sido acordada por representantes de todos los partidos políticos y redactada los economistas y también senadores del Frente Amplio, Danilo Astori y Alberto Couriel. Astori estuvo distanciado de la línea de Vázquez durante la campaña del referéndum y se alineó entre quienes defendieron el mantenimiento del texto legal. La derogación fue impulsada por la Federación de Funcionarios de Ancap, quienes reunieron las firmas necesarias para convocar el referéndum.
El Frente Amplio se alineó con los trabajadores y su líder, Tabaré, encabezó la movilización para la derogación en un referéndum que, según los analistas políticos, se convirtió en un “voto de castigo” para la gestión del presidente Jorge Batlle.
Vázquez dijo ayer que la comisión parlamentaria que propone para revisar la política energética actuará “en consulta con los actores directamente involucrados, para lograr grandes acuerdos nacionales”. El dirigente de la izquierda insistió en que la nueva ley deberá ser mejor que la derogada y debe apuntar a fijar unas nuevas dimensiones de la firma petrolera estatal “en términos beneficiosos para Uruguay y para ella misma”. Insistió que “el pueblo se ha expresado y su decisión soberana debe ser respetada por todos y en su totalidad”. Y subrayó que “no corresponden dilaciones, excepciones o atajos de ningún tipo” para la redacción y aprobación de la nueva ley. Pero el presidente Batlle, derrotado en el referendo, en su primera reacción dijo que seguirá adelante con su política energética y destacó que antes del 20 de este mes licitará la construcción de una nueva usina de gas. Batlle rechazó la propuesta de la izquierda de crear una comisión legislativa multipartidaria para definir la política energética –después dijo que esperaba algo concreto–. La norma derogada, además de eliminar el monopolio para importar y destilar petróleo, autorizaba a la empresa estatal a asociarse con otras petroleras para poder competir en el Mercosur –Uruguay importa la totalidad del petróleo que consume y tiene las naftas más caras de la región–.
La amplitud del triunfo del “sí” consolidó el favoritismo de la izquierda para la elección presidencial de 2004, coincidieron los analistas. “El pronunciamiento cristaliza los cambios que se daban, algunos de larga data y otros desde mayo de 2002, en las orientaciones políticas de los uruguayos”, opinó el analista Oscar Bottineli, director de la consultora Fáctum. Además de “consolidar en las urnas lo que se anticipaba en las encuestas”, el resultado del referendo fue un alerta “para reposicionar a los partidos” hacia las elecciones del año próximo, comentó. La consulta fue impulsada por el movimiento sindical apoyado precisamente por el EP-FA (40 por ciento de las bancas parlamentarias) y el Nuevo Espacio (2 por ciento). Las restantes fuerzas parlamentarias se pronunciaron a favor del “No”. Los ex presidentes Julio Sanguinetti, del Partido Colorado, y Luis Lacalle, jefe del Partido Nacional, minimizaron los efectos del apabullante triunfo opositor.